El regreso de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat tras un mes de ausencia por motivos de salud no podría coincidir con un momento más delicado para la legislatura. La crisis en el servicio de Rodalies, las protestas de colectivos profesionales, los temporales meteorológicos y la negociación de los presupuestos conforman un escenario de presión máxima que pondría a prueba cualquier ejecutivo. Ante este contexto, el líder del ejecutivo catalán ha querido transmitir un mensaje inequívoco de tranquilidad: no habrá crisis de gobierno ni tampoco se plantea someterse a una cuestión de confianza. En su primera entrevista tras la baja médica, concedida a TV3, Illa ha dejado claro que su prioridad absoluta es mantener la estabilidad institucional y avanzar en la gestión de los desafíos que afronta Cataluña sin generar más incertidumbre.
La situación heredada es compleja y multifacética. El colapso en Rodalies ha generado un desgaste político considerable, coincidiendo con movilizaciones de profesores, médicos y agricultores que demandan mejoras en sus condiciones laborales y económicas. Además, la gestión de temporales de lluvia y viento ha puesto a prueba los servicios de emergencia y los recursos territoriales, mientras que el calendario político exige cerrar el acuerdo presupuestario para 2025. Ante este panorama, Illa ha optado por una estrategia de continuidad y fortalecimiento en lugar de cambios drásticos que podrían generar más inestabilidad. Así, ha descartado categóricamente cualquier reestructuración del ejecutivo que implique sustituciones en el equipo de consellers, enviando un mensaje de firmeza a sus socios y a la oposición.
El foco principal de las críticas recae sobre la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, cuyo departamento gestiona directamente la crisis ferroviaria. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha exigido su dimisión de forma reiterada, y durante una reciente votación parlamentaria, ERC apoyó su apartamiento mientras que los Comuns se abstuvieron, lo que evidenció las tensiones incluso dentro del espacio progresista que sustenta el gobierno. No obstante, Illa ha cerrado filas con su consejera: "Tengo confianza en Paneque y está gestionando bien todas sus carpetas", ha manifestado tajantemente, enviando un mensaje de lealtad a su equipo y rechazando las presiones externas.
A pesar de este respaldo explícito, el president ha mostrado una cierta flexibilidad ante las demandas de sus socios de investidura. Tanto ERC como los Comuns han planteado que el departamento de Paneque asume demasiadas competencias estratégicas: transporte, vivienda y transición ecológica, tres desafíos enormes para cualquier administración. Por ello, sugieren que se redimensione la estructura para garantizar una gestión más eficaz y evitar que una sola persona concentre tanta responsabilidad. Illa ha rechazado directamente la idea de quitar atribuciones a la consellera, pero ha abierto la puerta a reforzar los equipos técnicos y de gestión si la situación lo requiere, una fórmula que permitiría aumentar la capacidad operativa sin cambiar el marco competencial ni generar crisis internas.
En cuanto a la crisis de Rodalies, el president ha evitado enfrentamientos innecesarios con el Gobierno central, una actitud que contrasta con épocas anteriores de mayor confrontación. Ha defendido que tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el secretario de Estado, José Antonio Santano, "han hecho lo que tenían que hacer" y mantienen una implicación total con las inversiones y el traspaso de competencias. Illa ha enmarcado la situación actual como un "punto de inflexión" que permitirá que el servicio se gestione con mayor proximidad desde Cataluña, y se ha mostrado comprensivo con la tensión que viven Renfe y Adif tras el accidente de Adamuz, mostrando una actitud conciliadora que busca soluciones prácticas y de largo alcance.
Otro de los frentes abiertos es el planteado por Junts, que ha solicitado una cuestión de confianza para medir el apoyo actual al ejecutivo. Illa ha respondido con rotundidad: "No siento que esté en entredicho la confianza" que le otorgaron ERC y Comuns durante su investidura. Según el president, el ejecutivo mantiene su legitimidad y trabaja intensamente para cumplir con sus compromisos, por lo que no ve necesario someterse a una prueba de fuego que solo generaría inestabilidad política y paralizaría la gestión. Esta postura busca desactivar la presión de Junts sin tener que ceder a sus demandas, manteniendo el rumbo establecido.
Precisamente, una de las prioridades inmediatas es la negociación de los presupuestos, que marcarán el rumbo de la política catalana para 2025. Illa ha confirmado que se ha "intensificado la negociación" con el grupo de Jéssica Albiach (Comuns) y espera sentarse pronto con ERC una vez se concrete el consorcio de inversiones. Esta herramienta, que ha sido priorizada recientemente, junto con la recaudación del IRPF, son los pilares sobre los que se construirá el acuerdo presupuestario. "Haré todo lo que tenga que hacer para dotar el país de unos presupuestos" ha prometido, aunque sin especificar plazos concretos para el anuncio del acuerdo, reconociendo la complejidad de las conversaciones y la necesidad de consensos sólidos que garanticen la gobernabilidad.
El mensaje final de Illa es claro: su gobierno asume los problemas y los afronta con determinación, pero sin rupturas institucionales. La estabilidad del ejecutivo no está en discusión, y las soluciones pasarán por el diálogo constante con los socios y el fortalecimiento de las estructuras existentes, no por cambios drásticos o confrontaciones innecesarias que podrían poner en riesgo la gobernabilidad de Cataluña. Esta apuesta por la estabilidad refleja una estrategia de consolidación del proyecto de gobierno, priorizando la gestión efectiva sobre el cortoplacismo político y las crisis artificiales.