El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, impulsará una modificación normativa que transformará el conocimiento del catalán de mero mérito a requisito obligatorio para la renovación de permisos de residencia. Esta decisión, que se materializará a través de una enmienda al Reglamento de Extranjería, establecerá que los extranjeros regularizados deberán acreditar su dominio de la lengua cooficial para mantener su estatus legal en la comunidad autónoma.
La Consejería de Política Lingüística, dirigida por Francesc Xavier Vila, ha confirmado que trabaja activamente en la redacción de esta reforma con un horizonte temporal de «semanas» para su aprobación definitiva. La medida alcanzaría a aproximadamente 170.000 personas que se encuentran en proceso de regularización en territorio catalán, según las estimaciones del propio ejecutivo autonómico.
El mecanismo diseñado contempla un período de transición de doce meses. Durante el primer año, los inmigrantes podrán obtener su residencia inicial sin acreditar inicialmente el catalán, pero deberán demostrar progresivamente su aprendizaje antes de la primera renovación. Esta fórmula busca equilibrar la integración con la exigencia lingüística, evitando barreras inmediatas pero garantizando el cumplimiento a medio plazo.
La iniciativa ha recibido el respaldo explícito de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación que lidera Oriol Junqueras y que ha negociado directamente con el Gobierno central la inclusión de esta cláusula en el real decreto que próximamente aprobará el Consejo de Ministros. Este acuerdo refuerza la coalición entre el PSOE y Junts, consolidando la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat.
Sin embargo, esta medida contradice declaraciones públicas previas de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Hace menos de doce meses, durante los primeros debates parlamentarios sobre el traspaso de la gestión migratoria, la titular del ramo aseguró rotundamente que «la lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona del país o para prohibir la entrada». Las nuevas disposiciones normativas desmienten esa afirmación, al menos para el caso catalán.
Actualmente, ni el español ni el catalán son exigencias formales para la concesión inicial de la residencia. La reforma introducirá un cambio paradigmático: el arraigo no podrá aprobarse sin la certificación lingüística correspondiente. Cada comunidad autónoma con lengua cooficial tendrá potestad para determinar los mecanismos de acreditación, pero en Cataluña recaerá específicamente en la Consejería de Política Lingüística la responsabilidad de supervisar y validar estos requisitos.
El proceso de implementación no requerirá pasar por el Congreso de los Diputados, ya que se enmarca en la modificación de un reglamento ya vigente. Esta vía administrativa agiliza la entrada en vigor de la norma, que podría estar operativa antes de que finalice el año. La medida se suma a otras políticas lingüísticas del ejecutivo catalán, que ha intensificado los esfuerzos por preservar y promover el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad.
La decisión genera interrogantes sobre su compatibilidad con el marco constitucional y europeo de derechos fundamentales. Los expertos en derecho administrativo cuestionan si una comunidad autónoma puede condicionar el estatus migratorio a requisitos lingüísticos que no están contemplados en la legislación estatal. El debate se centra en si esta medida constituye una barrera discriminatoria o una herramienta legítima de política de integración.
Desde el ámbito social, las organizaciones de apoyo a inmigrantes muestran preocupación por la carga adicional que representa para colectivos vulnerables. Aprender una lengua en un plazo limitado mientras se gestiona la supervivencia económica y social en un nuevo país puede suponer una barrera significativa. Defienden que la integración lingüística debe fomentarse mediante incentivos, no mediante sanciones administrativas.
Por el contrario, los defensores de la medida argumentan que el conocimiento del catalán es esencial para la cohesión social y el acceso efectivo a derechos y servicios en la comunidad. Consideran que un año es un plazo razonable para alcanzar un nivel básico de comunicación, especialmente con los recursos formativos gratuitos que ofrece la administración catalana.
La polémica también alcanza el terreno político. La oposición en el Parlament acusa a Illa de ceder a las presiones de sus socios de gobierno y de priorizar el nacionalismo lingüístico sobre la efectividad de las políticas migratorias. Critican que se esté utilizando el sistema de residencia como herramienta de imposición identitaria.
El Gobierno central, por su parte, mantiene un perfil bajo. Aunque la ministra Saiz negó inicialmente esta posibilidad, el acuerdo con Junts y ERC ha forzado una rectificación tácita. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha evitado valorar específicamente la medida, limitándose a recordar que las competencias en integración corresponden a las comunidades autónomas.
La normativa catalana se anticipa a otras comunidades con lengua propia. País Vasco y Galicia estudian fórmulas similares, aunque con enfoques menos restrictivos. Navarra, con su régimen foral, mantiene una posición expectante. El modelo catalán podría convertirse en referente o en advertencia, dependiendo de su evolución judicial y social.
Los detalles técnicos sobre el nivel de catalán exigido aún no han sido precisados. La Consejería de Política Lingüística estudia si exigirá un certificado oficial, una prueba específica o la superación de cursos reglados. La flexibilidad en la acreditación será clave para evitar exclusiones injustificadas y garantizar la viabilidad práctica del sistema.
La medida llega en un momento de intensificación del debate sobre la inmigración irregular en España. El Gobierno aprobó recientemente un proceso extraordinario de regularización que podría beneficiar a más de 500.000 personas en todo el territorio nacional. Cataluña, como principal destino migratorio, concentra el mayor volumen de solicitudes.
La coordinación entre administraciones resulta esencial. La Generalitat deberá establecer protocolos claros con la Oficina de Extranjería para verificar los certificados lingüísticos sin retrasar los procedimientos de renovación. La carga administrativa adicional podría colapsar un sistema ya saturado si no se implementan con eficiencia.
En el plano educativo, la demanda de cursos de catalán para adultos experimentará un crecimiento exponencial. Los centros de formación de la administración y las entidades sociales deberán ampliar su oferta para absorber la demanda. La financiación de estos programas será determinante para el éxito de la política.
La iniciativa de Illa representa un hito en la gestión autonómica de la inmigración. Convierte el catalán en un elemento central del proceso de regularización administrativa, superando el modelo previo basado únicamente en requisitos laborales y sociales. El impacto real se medirá en los próximos meses, cuando se conozca el texto definitivo y comience su aplicación práctica.
Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes en Cataluña ya preparan estrategias colectivas para hacer frente a esta nueva exigencia. Asociaciones y colectivos organizan talleres de catalán intensivos y asesoramiento jurídico para comprender las implicaciones exactas de la normativa. La sociedad civil se moviliza para transformar una obligación administrativa en una oportunidad de integración real.
La medida, en definitiva, abre un nuevo capítulo en la relación entre política lingüística y gestión migratoria en España. Su éxito o fracaso dependerá no solo de su legalidad, sino de la capacidad del sistema para implementarla con equidad y eficacia, garantizando que el derecho a la residencia no se convierta en un privilegio lingüístico inalcanzable para los más vulnerables.