Una crisis institucional sin precedentes sacude los cimientos de Radiotelevisión Española. La corporación pública vive momentos de máxima tensión interna tras la confrontación abierta entre dos de sus órganos de gobierno. Por un lado, el Consejo de Informativos, responsable de velar por la ética periodística; por el otro, el Consejo de Administración, máximo órgano directivo de la entidad. El enfrentamiento surge tras la publicación de un polémico informe que cuestionaba la imparcialidad de dos programas estrella de la casa.
El documento que desató la polémica, elaborado por el Consejo de Informativos en las últimas semanas del año pasado, presentaba una dura radiografía de supuestas malas prácticas en los espacios 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas', conducidos respectivamente por Javier Ruiz y Jesús Cintora. A lo largo de 144 páginas, el texto identificaba decenas de situaciones que, según sus redactores, evidenciaban un sesgo informativo reiterado y un incumplimiento sistemático de las normas básicas que rigen el periodismo en una televisión pública.
Las conclusiones del informe no dejaban lugar a dudas. Los autores advertían que RTVE no podía permitirse convertirse en altavoz de mensajes que fomentan el odio y la polarización social. Entre los casos más graves, destacaba la difusión de información falsa sobre un supuesto capitán de la Guardia Civil que habría planeado atentar contra el presidente del Gobierno. Este bulo, transmitido en el programa de Javier Ruiz, se convirtió en el ejemplo paradigmático de las negligencias denunciadas.
Sin embargo, la respuesta del Consejo de Administración no se hizo esperar y ha resultado igual de contundente. Presidido por José Pablo López, este órgano ha decidido desautorizar públicamente el informe mediante un documento interno que circuló tras su última reunión. La medida, aprobada por la mayoría de sus miembros, representa prácticamente una enmienda a la totalidad del trabajo realizado por el órgano deontológico.
Los argumentos esgrimidos por el Consejo de Administración para justificar su rechazo son de notable dureza. Consideran que el informe resulta metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgado. La principal crítica se centra en el tamaño de la muestra analizada: únicamente 13 capítulos de un total de 400 emitidos, lo que representa apenas el 3% del contenido total. Desde el órgano directivo advierten que con un universo tan reducido, las conclusiones solo pueden considerarse exploratorias, nunca concluyentes.
La gravedad de las acusaciones también entra en el punto de mira. El Consejo de Administración subraya que en una televisión pública, calificar de manipulación o propaganda no es una simple crítica, sino una imputación de extrema gravedad que afecta no solo a los presentadores y colaboradores, sino también a toda la cadena de mando editorial y directiva. Según su parecer, este tipo de reproches requieren un rigor metodológico y unas garantías procesales que, a su juicio, el informe no cumple.
El documento del Consejo de Administración va más allá en sus reflexiones. Señala que cuando un órgano deontológico emite un pronunciamiento con un tono y unas consecuencias que operan como un reproche cuasi sancionador, pero sin contar con la metodología ni las garantías mínimas necesarias, no solo compromete derechos fundamentales de terceros, sino que también erosiona su propia legitimidad institucional.
La votación no ha sido unánime, lo que ha añadido un nuevo capítulo de división a la crisis. Los cuatro vocales designados por el Partido Popular han rechazado el documento del Consejo de Administración, manteniendo así su respaldo implícito al informe original del Consejo de Informativos. Esta fractura política en el seno del órgano directivo deja al descubierto las tensiones ideológicas que atraviesan la corporación pública.
El enfrentamiento actual tiene sus raíces en un contexto de creciente polarización mediática. Los programas de debate en prime time han sido tradicionalmente un terreno minado para las televisiones públicas, que deben equilibrar la libertad de expresión con el estricto cumplimiento de su obligación de neutralidad informativa. En este sentido, tanto 'Mañaneros 360' como 'Malas lenguas' han generado controversia desde su estreno, con críticas recurrentes desde distintos sectores políticos.
La polémica sobre la metodología del informe abre un debate más amplio sobre cómo debe evaluarse el cumplimiento deontológico en los medios públicos. Los defensores del trabajo del Consejo de Informativos argumentan que el análisis cualitativo no requiere necesariamente de grandes muestras estadísticas para identificar patrones de conducta. Por el contrario, el Consejo de Administración insiste en que acusaciones de esta magnitud exigen un rigor científico que, según ellos, no se ha aplicado.
La situación pone de manifiesto el delicado equilibrio de poderes dentro de RTVE. Mientras el Consejo de Informativos nació con la misión de proteger la independencia y la calidad periodística, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad última de la gestión y la defensa institucional de la corporación. Cuando ambos entran en conflicto, la institución se paraliza y su credibilidad queda en entredicho.
Los profesionales de la casa observan con preocupación este enfrentamiento. Muchos temen que la disputa institucional termine desviando la atención del verdadero problema: la calidad y la imparcialidad de la información que se ofrece a los ciudadanos. La percepción de parcialidad en los contenidos de RTVE es un tema sensible que afecta directamente a su financiación pública y a su legitimidad democrática.
El futuro inmediato de esta crisis parece incierto. La decisión del Consejo de Administración no pone fin al debate, sino que lo traslada a un nuevo terreno. Es probable que el Consejo de Informativos defienda su trabajo y cuestione la legitimidad de la desautorización recibida. La batalla legal y política podría prolongarse durante meses, manteniendo a RTVE en el centro de la controversia.
Mientras tanto, los espectadores se enfrentan a una paradoja informativa: la televisión pública que debería informar sobre la realidad con objetividad es ella misma noticia por su incapacidad para resolver sus conflictos internos de forma transparente y consensuada. La imagen de la corporación sale maltrecha, independientemente de quién tenga razón en el fondo del asunto.
La lección que emerge de este episodio es clara: las instituciones públicas necesitan mecanismos sólidos y consensuados para la evaluación de su propio trabajo. La falta de protocolos claros sobre cómo investigar y sancionar posibles desviaciones deontológicas deja el campo abierto a interpretaciones encontradas y enfrentamientos institucionales. RTVE necesita urgentemente un marco de actuación que evite que situaciones similares se repitan en el futuro.
En definitiva, la crisis actual en RTVE trasciende el mero debate sobre dos programas concretos. Es un síntoma de las tensiones estructurales que viven los medios públicos en una época de polarización política y desconfianza institucional. La resolución de este conflicto marcará un precedente crucial para el futuro del periodismo público en España y para la relación entre control deontológico y gestión institucional.