Nuevas revelaciones sitúan al exministro y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en el centro de una trama de presiones políticas para obtener beneficios urbanísticos en favor de un empresario con el que comparte negocios en el extranjero. La investigación, basada en conversaciones privadas a las que ha tenido acceso, expone un sistema de gestión de influencias que operaba a través de intermediarios y contactos directos con altos cargos del Gobierno.
Los hechos se centran en una serie de gestiones que Bono realizó durante 2021 ante el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos. El objetivo era claro: facilitar la construcción de un centro comercial en las proximidades de una rotonda de la carretera N-260, en La Seo de Urgel (Lérida), un proyecto que requería el visto bueno de la administración central.
El beneficiario de estas gestiones era Dimas de Andrés, empresario que mantiene una estrecha relación comercial con Bono en República Dominicana, donde ambos comparten sede empresarial. La documentación revela que el exdirigente socialista actuó como puente directo entre el empresario y la cúpula del ministerio, utilizando su red de contactos para agilizar trámites que de otro modo habrían seguido el circuito administrativo ordinario.
El mecanismo de presión quedó patente en una serie de mensajes digitales enviados a Koldo García, entonces asesor de confianza de Ábalos. En una primera comunicación fechada el 20 de mayo de 2021, Bono identificaba abiertamente al interesado: "El titular registral del centro comercial de La Seo es Dimas de Andrés te envío su contacto". La transparencia con la que se manejaba la información refleja la naturalidad con la que operaba este sistema de influencias.
La insistencia del exministro se hizo evidente apenas cinco días después. El 25 de mayo, Bono reclamaba de forma directa: "Hola. No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de La Seo si puedes...". La urgencia en el tono evidenciaba la presión ejercida sobre la administración para que priorizara este asunto específico por encima de otros procedimientos.
Las gestiones no se limitaron a mensajes electrónicos. La investigación documenta numerosas reuniones personales entre Bono y Koldo García en sedes oficiales del Ministerio de Transportes, así como en establecimientos privados de Madrid. Estos encuentros, que se prolongaron hasta julio de 2021, cuando Ábalos fue relevado de su cargo, configuraban un canal paralelo de influencia que operaba al margen de los procedimientos reglamentarios.
El sistema de intermediación también involucró a Carolina Perles, exesposa de Koldo García y secretaria personal de Ábalos. Según las fuentes consultadas, Bono hacía llegar regularmente "notas" y "escritos" a través de terceros, incluido un agente de la Policía Nacional, que servían como vehículo para transmitir presiones de forma discreta pero efectiva.
La trama alcanzó su punto álgido el 27 de mayo de 2021, cuando Bono envió un mensaje detallado a Koldo García exponiendo la situación técnica del proyecto. En su comunicación, el exministro describía cómo el ingeniero Juan Antonio Romero Lacasa, del servicio de Carreteras de Lleida, se había reunido semanas atrás con los técnicos de la empresa "para evitar un informe negativo". Esta revelación sugiere que las gestiones no solo buscaban agilizar trámites, sino también influir en el contenido técnico de los informes oficiales.
Bono cerraba su mensaje facilitando el contacto directo del empresario y ofreciendo un número de teléfono, mientras reclamaba que la administración se pusiera en contacto para indicar qué documentación debían aportar. La secuencia completa de comunicaciones dibuja un mapa de influencias donde la proximidad política sustituía a la meritocracia administrativa.
El contexto de estas gestiones es el polémico plan urbanístico de La Seo de Urgel, una zona que ha visto cómo se autorizaban grandes superficies comerciales mientras proyectos de interés público, como un nuevo hospital, permanecían sin ejecutar. La rotonda de la N-260 se convirtió así en el epicentro de una batalla donde los intereses privados contaban con acceso privilegiado a las instancias decisorias.
La relación entre Bono y Dimas de Andrés trasciende el mero contacto profesional. Ambos figuran como socios en negocios establecidos en República Dominicana, lo que añade una capa adicional de conflicto de intereses a las gestiones realizadas. La utilización de la posición política para beneficiar a un socio comercial en territorio nacional constituye una práctica que erosiona la confianza en la institucionalidad pública.
El modus operandi descrito en las conversaciones revela un patrón recurrente: identificación del objetivo, presión sostenida, intermediación política e influencia técnica. Este mecanismo, que operaba a través de múltiples capas de contactos, desde exministros hasta asesores ministeriales, ilustra cómo se articulaban las redes de poder en la sombra.
La caída de Ábalos del Ejecutivo en julio de 2021 puso fin a este canal de influencia, pero las consecuencias de las gestiones realizadas perduran. El centro comercial en cuestión avanzó en su tramitación, mientras la promesa de infraestructuras sanitarias para la zona quedó en el olvido.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que han puesto de manifiesto la existencia de circuitos paralelos de decisión en la administración pública, donde el acceso a altos cargos políticos condiciona el resultado de procesos técnicos que deberían regirse exclusivamente por criterios objetivos.
La documentación aporta evidencia concreta de cómo se gestionaban estas influencias: reuniones en despachos oficiales, comidas en restaurantes de lujo como el Maestral, donde Bono, Ábalos y Carolina Perles coincidieron en mayo de 2019, y una comunicación constante que bordeaba la indefinición entre interés público y privado.
El papel de Koldo García como interlocutor privilegiado resulta especialmente relevante. Su condición de asesor ministerial le convertía en el punto de acceso ideal para quienes buscaban influir en decisiones del departamento. La utilización de su exesposa como receptora de documentación añade un elemento de opacidad al procedimiento.
Para el empresario Dimas de Andrés, este sistema representaba una vía rápida para resolver obstáculos burocráticos. Los mensajes muestran su frustración por la falta de respuesta oficial, contraste que resalta la eficacia del canal paralelo que Bono gestionaba en su favor.
La investigación pone de relieve un fenómeno sistémico: la conversión de la experiencia política en capital de influencia. Exministros y altos cargos, lejos de limitar su actividad a la esfera privada tras dejar el cargo público, mantienen redes activas que monetizan su pasado institucional.
En este sentido, el caso de La Seo de Urgel no es aislado, sino paradigmático de cómo se articulan las relaciones de poder en la España contemporánea. La proximidad con antiguos compañeros de partido, el acceso a información privilegiada y la capacidad de presionar en la administración configuran un mercado de influencias que opera en los márgenes de la legalidad.
La respuesta institucional ante estas revelaciones será crucial para determinar si este tipo de prácticas seguirán impunes o si se establecerán mecanismos efectivos de control. La regeneración democrática pasa necesariamente por la transparencia en la toma de decisiones y la igualdad de trato en los procedimientos administrativos.
Mientras tanto, la rotonda de la N-260 en La Seo de Urgel sigue siendo un testimonio silencioso de cómo los intereses privados, cuando cuentan con los contactos adecuados, pueden doblegar la voluntad administrativa. El centro comercial avanza, el hospital prometido no existe, y la ciudadanía contempla impotente cómo se consolidan estructuras de privilegio que erosionan los cimientos del Estado de derecho.
La necesidad de blindar los procesos técnicos contra injerencias políticas se hace más urgente que nunca. Solo mediante la despolitización de la administración y la implementación de salvaguardas efectivas podrá garantizarse que proyectos como el de La Seo de Urgel se resuelvan en función del interés general, no de la capacidad de presión de exaltos cargos con agendas particulares.