Una intensa crisis ha desatado la ira de las asociaciones protectoras de animales en la capital extremeña. Veintidós organizaciones animalistas han unido sus voces para denunciar lo que consideran una actitud negligente por parte del Ayuntamiento de Mérida ante el dramático destino de la colonia de gatos de la Isla del Guadiana, completamente aislada tras la crecida del río provocada por los desembalses.
La Asociación de Alimentadores y Gestores de Colonias Felinas de Mérida (AGECO) ha liderado las críticas, asegurando que las autoridades municipales no solo han ignorado las advertencias repetidas de los voluntarios, sino que han actuado con una "falta de empatía" inaceptable hacia los animales que, según sus cuidadores, estaban bajo la custodia indirecta del consistorio.
La tormenta perfecta se gestó cuando las intensas precipitaciones comenzaron a elevar el caudal del Guadiana. Los cuidadores de la colonia, alertados por la experiencia de inundaciones anteriores, iniciaron una ronda de llamadas urgentes a las líneas municipales, a la policía y a los servicios de emergencia. Su objetivo era claro: evitar una catástrofe para los más de veinte felinos que habitaban la zona recreativa.
Sin embargo, según el comunicado conjunto de las asociaciones, la respuesta institucional fue, cuanto menos, insuficiente. Mientras los voluntarios pedían ayuda para trasladar a los animales a zonas seguras, el único movimiento observable por parte del ayuntamiento fue la retirada del mobiliario urbano instalado para el bienestar de la colonia. Esta decisión, lejos de aliviar la situación, dejó a los gatos sin refugio en un momento crítico.
El jueves 12 de febrero marcó el punto de inflexión. Ese día, el agua rodeó completamente la zona donde se concentraban los gatos, transformando la isla en un islote inaccesible. Los voluntarios, que durante años habían acudido diariamente a alimentar y controlar la población felina, se encontraron de pronto con un acceso imposibilitado. La distancia y la peligrosidad de las corrientes impidieron cualquier intento de rescate manual.
Las imágenes eran desoladoras: un puñado de árboles y estructuras emergiendo de un mar de agua turbia, con la incertidumbre de cuántos gatos habría logrado refugiarse en las copas. Los cuidadores, desesperados, intentaron durante horas coordinar una operación de salvamento, pero se toparon con la burocracia y la falta de recursos oficiales.
La situación escaló durante la madrugada del sábado, cuando la apertura controlada de la presa del Zújar desató una nueva avenida que sumergió por completo la zona. Al amanecer, los voluntarios que se acercaron al lugar no encontraron ni rastro de tierra firme. El panorama era desolador: todo había desaparecido bajo el agua, y con ello, las esperanzas de encontrar con vida a la mayoría de la colonia.
Durante toda la jornada del sábado, los activistas intentaron acceder a la zona mediante una embarcación y utilizando un dron para localizar posibles supervivientes. Los esfuerzos resultaron infructuosos, no por falta de voluntad, sino por la ausencia de apoyo logístico y las condiciones meteorológicas adversas que mantenían el nivel del agua peligrosamente alto.
El domingo, un rayo de esperanza: algunos gatos fueron avistados en las zonas más altas, agarrados a ramas y troncos. Aunque el agua comenzaba a retirarse lentamente, el acceso seguía siendo peligroso y los voluntarios no podían acercarse lo suficiente para dejar alimento y agua fresca. La incertidumbre sobre el número de supervivientes y su estado de salud mantenía en vilo a las asociaciones.
El marco legal es claro al respecto. La Ley de protección civil y gestión de emergencias de 2019 establece expresamente la obligación de las administraciones de atender a los animales en situación de peligro durante emergencias. Las asociaciones argumentan que esta normativa convierte a los gatos de la Isla del Guadiana en sujetos de protección oficial, y que el ayuntamiento ha incumplido flagrantemente sus deberes.
"El Ayuntamiento de Mérida ha abandonado a su suerte a estos animales, que formaban parte del paisaje urbano y dependían de una gestión responsable", señala el comunicado. La red de organizaciones firmantes, que incluye a ALCAT Defensa Felina de Almendralejo, Animal Manum y Felina 7 Vidas de Miajadas, entre otras, ha anunciado que estudiará acciones legales para exigir responsabilidades.
La respuesta municipal no se hizo esperar. Fuentes del consistorio aseguran que tanto la Policía Local como Protección Civil mantuvieron una vigilancia constante de la crecida, siguiendo protocolos del 112 y en coordinación con la Confederación Hidrográfica. Marco Guijarro, delegado de Parques y Jardines, explicó que el jueves se accedió a la zona y no se observaron gatos en su ubicación habitual, lo que les llevó a concluir que los animales habían migrado por instinto a áreas seguras.
Esta versión oficial choca frontalmente con el relato de los cuidadores, que aseguran haber visto a los felinos atrapados y haber documentado sus intentos de rescate. La falta de coordinación entre ambas partes ha generado un clima de desconfianza que trasciende este episodio concreto.
El debate subyacente es más profundo: ¿cuál es la responsabilidad de las administraciones con las colonias felinas urbanas? Mérida, como muchas ciudades españolas, ha visto crecer estas poblaciones de gatos callejeros que, aunque libres, dependen del cuidado humano para su bienestar y control sanitario. La esterilización, alimentación y seguimiento son tareas que recaen sobre voluntarios, pero que requieren apoyo institucional para ser efectivas.
La crisis del Guadiana ha puesto de manifiesto las carencias en los protocolos de actuación ante emergencias que afectan a animales no domésticos. Mientras que los perros y mascotas tienen sistemas de identificación y refugio, las colonias felinas quedan en un limbo legal y práctico que las expone en situaciones extremas.
Para las asociaciones, este episodio es un punto de inflexión. No solo exigen una investigación sobre lo ocurrido en la Isla del Guadiana, sino que reclaman la creación de un plan de emergencia específico para colonias felinas, con recursos materiales y humanos asignados. La ley, dicen, está para cumplirse, y la protección animal no puede quedar en letra muerta cuando el agua sube.
La ciudadanía de Mérida se ha dividido entre quienes apoyan la labor de los voluntarios y quienes entienden las dificultades de la gestión municipal en una situación de emergencia generalizada. Sin embargo, el daño a la imagen del ayuntamiento es evidente, y la presión de las redes sociales ha amplificado la voz de las asociaciones.
Mientras tanto, los cuidadores continúan acudiendo diariamente a las orillas del Guadiana, con la esperanza de avistar a los supervivientes y poder, al menos, garantizarles alimento. La resiliencia de estos animales es notable, pero no justifica, a juicio de los activistas, la pasividad institucional.
El caso de Mérida se suma a una lista creciente de conflictos entre administraciones y colectivos animalistas en España, donde la falta de regulación clara y presupuestos específicos genera fricciones constantes. La protección del bienestar animal avanza como valor social, pero la burocracia a menudo no sigue el ritmo.
Ahora, la pregunta que permanece en el aire es cuántos gatos lograron sobrevivir a la crecida y qué medidas concretas adoptará el Ayuntamiento de Mérida para evitar que una tragedia como esta se repita. Las asociaciones ya han anunciado que no cejarán en su empeño de exigir transparencia y responsabilidad.
La lección del Guadiana es clara: en tiempos de crisis, la empatía no puede quedarse en retórica. Las administraciones tienen la obligación de proteger a todos los seres vivos bajo su jurisdicción, y los ciudadanos, a través de sus organizaciones, están dispuestos a recordárselo una y otra vez hasta que los protocolos cambien y los recursos fluyan donde realmente se necesitan.