La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha realizado una visita institucional a los municipios de Torre Alháquime y Alcalá del Valle, dos de las localidades más perjudicadas por el intenso tren de borrascas que azotó la provincia durante el mes de febrero. Acompañada por los respectivos alcaldes, Pedro Barroso y Rafael Aguilera, así como por el diputado delegado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, la presidenta recorrió los puntos críticos donde los daños son más evidentes.
Desde el pasado 4 de febrero, cuando se registró la fase más virulenta del temporal, la institución provincial activó de inmediato un protocolo de emergencia que ya ha movilizado una inversión global de 2,1 millones de euros. Esta cuantiosa partida presupuestaria se destina principalmente al mantenimiento y reparación de la red viaria, permitiendo desplegar maquinaria pesada y equipos técnicos especializados para garantizar que ninguna población quede incomunicada.
La Sierra de Cádiz ha recibido una atención prioritaria en estas actuaciones. Concretamente, se han asignado 53.215 euros para obras de carácter urgente y otros 230.385 euros para la reparación de calzadas en esta comarca. La presidenta Martínez enfatizó que el objetivo primordial es preservar la conectividad de todos los municipios, evitando que los desperfectos causados por las inclemencias supongan un aislamiento efectivo para sus habitantes.
Situación crítica en Torre Alháquime
En el caso de Torre Alháquime, la dependencia viaria es extrema. Actualmente, el único acceso viable a la localidad es la carretera CA-9106, que sufrió importantes corrimientos de tierra y debió cerrarse temporalmente. Gracias al trabajo ininterrumpido de las brigadas provinciales de carreteras y a la contratación de emergencia, la vía pudo reabrirse, restableciendo la comunicación. En los últimos días, los operarios han procedido a la descarga de taludes y al refuerzo de la señalización horizontal y vertical para consolidar la estabilidad de la ruta.
Las alternativas a esta carretera, la CA-9108 (Romaila) y la CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime), permanecen total o parcialmente interrumpidas, lo que convierte a la CA-9106 en el único lifeline terrestre para los residentes. Esta circunstancia aumenta la presión sobre una infraestructura que ya ha demostrado su vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Alcalá del Valle y el riesgo de deslizamientos
Por su parte, Alcalá del Valle mantiene garantizado el acceso mediante las carreteras provinciales CA-9119 y CA-9115. Sin embargo, la CA-9107 (Lora) ha experimentado un grave deslizamiento de ladera que requerirá una intervención compleja y un proyecto técnico específico. Esta reparación está incluida en el Plan de Carreteras 2025-2027 con una previsión de inversión de 1,8 millones de euros, lo que refleja la magnitud de los daños y la necesidad de una solución estructural.
Además, la carretera autonómica A-7276 presenta restricciones de tráfico entre los puntos kilométricos 11 y 15, próximos al núcleo urbano. Esta limitación refuerza el papel de las vías provinciales como garantes de la movilidad en la zona, evitando el colapso total de las comunicaciones.
Durante el recorrido por Alcalá del Valle, la comitiva inspeccionó la mencionada carretera de Lora y la Avenida de Andalucía, donde un estudio geológico ha determinado el riesgo de derrumbe, obligando al desalojo preventivo de 120 personas. Esta medida, aunque disruptiva, prioriza la seguridad ciudadana ante una situación de evidente peligro.
Reacciones institucionales y demandas vecinales
El alcalde Rafael Aguilera agradeció públicamente la coordinación institucional desplegada para "proteger la seguridad de las personas", aunque reconoció con crudeza que "con la luz hemos visto que nuestros pueblos están reventados". Esta declaración refleja la dimensión humana y material de la catástrofe, más allá de las cifras presupuestarias.
El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha formalizado una solicitud al Gobierno de España para que declare la Sierra de Cádiz como zona catastrófica, medida que desbloquearía ayudas y recursos extraordinarios. Paralelamente, demandan soluciones concretas para garantizar la salida de la producción agraria, especialmente del espárrago verde, producto fundamental para la economía local que no puede verse afectado por cortes viales prolongados.
Torre Alháquime y los efectos del río
En Torre Alháquime, la comitiva también constató los efectos de la crecida del río Guadalporcún en la zona baja del municipio, donde se concentran instalaciones de vital importancia como la piscina municipal, el colegio, el campo de fútbol y varias cooperativas agroalimentarias. La visita a la carretera CA-9120, actualmente cerrada y esencial para la conexión con Setenil, puso de manifiesto la complejidad de las intervenciones necesarias.
Un compromiso a largo plazo
La Diputación de Cádiz ha demostrado una respuesta ágil y cuantiosa en el corto plazo, pero los planes a medio plazo revelan una apuesta por la resiliencia. La inclusión de la CA-9107 en el Plan de Carreteras 2025-2027 con una inversión de 1,8 millones de euros no solo solucionará el deslizamiento actual, sino que implementará soluciones técnicamente superiores para prevenir futuros problemas.
La presidenta Martínez ha transmitido un mensaje claro: la institución provincial no escatimará esfuerzos para mantener la cohesión territorial y la calidad de vida en los municipios serranos. La combinación de medidas de emergencia con planificación estratégica busca crear una red viaria más robusta y menos vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes por el cambio climático.
La respuesta institucional, sin embargo, requiere del apoyo financiero y técnico de otras administraciones. La solicitud de declaración de zona catastrófica es crucial para movilizar recursos estatales y europeos que complementen la inversión provincial. Mientras tanto, los vecinos de Torre Alháquime y Alcalá del Valle siguen con la esperanza de que las obras se ejecuten con celeridad, devolviendo la normalidad a sus rutinas y seguridad a sus hogares.
La lección que deja este temporal es clara: la inversión en infraestructuras resilientes no es un gasto, sino una necesidad imperativa para garantizar el futuro de las zonas rurales. La Diputación de Cádiz ha dado un paso firme, pero el camino hacia la recuperación total aún requiere tiempo, recursos y, sobre todo, la colaboración leal entre todas las administraciones implicadas.