La diputada de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha tomado medidas legales tras verse inundada por una ola de amenazas de muerte y mensajes de odio en redes sociales. La parlamentaria, integrada en el grupo parlamentario de Sumar, presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional en la Comisaría del Congreso, donde documentó los ataques recibidos a través de plataformas digitales.
El origen de esta situación se remonta a una publicación en Instagram donde Sidi respondió con ironía a un comentario que vinculaba la inmigración con la delincuencia. Su respuesta, formulada en tono jocoso, decía: "Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles". Esta intervención, lejos de generar un debate constructivo, desencadenó una campaña de hostigamiento masivo por parte de perfiles de ideología ultraderechista.
Desde ese momento, la diputada comenzó a recibir cientos de mensajes que atentaban contra su integridad física y que incluían alusiones degradantes a su origen saharaui. Las amenazas no eran genéricas, sino que detallaban formas violentas de atentar contra su vida, lo que ha generado una gran alarma tanto en la política como en la opinión pública.
Entre los mensajes recopilados en la denuncia figuran frases escalofriantes como "acabarás siendo fusilada", "tres tiros y a un pozo" o "te vamos a mandar a trocitos a Marruecos". Otros usuarios fueron aún más explícitos: "Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara. Te lo juramos por nuestros muertos. Puta rata marrona, te vas a reír de tu puta raza, no de la nuestra". También se registraron advertencias directas como "búscate escolta que lo vas a necesitar".
La gravedad de estas amenazas radica no solo en su contenido violento, sino en el carácter organizado y viralizado del ataque. Sidi ha identificado más de 2.000 usuarios de redes sociales como presuntos responsables de delitos de amenazas y odio. La diputada ha enfatizado que estos perfiles no son bots automatizados, sino personas reales que han participado activamente en la difusión del hostigamiento.
En su denuncia, la parlamentaria detalla que los ataques comenzaron principalmente en Instagram, pero rápidamente se extendieron a otras plataformas. Los mensajes incluían no solo amenazas de muerte, sino también insultos racistas y xenófobos relacionados con su origen saharaui, utilizando términos peyorativos y estereotipos que atentan contra su dignidad como persona y representante público.
La respuesta institucional no se ha hecho esperar. Sidi formalizó su denuncia este jueves en la Comisaría del Congreso, donde presentó toda la documentación recopilada. Además de la vía penal, la diputada también ha presentado una queja ante la Oficina de Delitos de Odio para que se siga el curso administrativo correspondiente. Esta doble vía -penal y administrativa- demuestra la seriedad con la que la política está tomando esta situación.
Uno de los aspectos más destacados de su reacción es la presión directa sobre las grandes tecnológicas. La diputada ha anunciado que aprovechará una reunión programada con Meta, la empresa matriz de Instagram, para exigir responsabilidades. En su opinión, la plataforma ha permitido que estas amenazas se propaguen "sin absolutamente ningún control ni garantías", lo que pone de manifiesto la dificultad de regular el discurso del odio en el entorno digital.
En sus propias palabras, compartidas en la red social X (antes Twitter), Sidi expresó su frustración: "Les pones un meme, no lo entienden... Y terminan amenazándote de muerte. Y no son bots". Esta reflexión subraya el clima de polarización extrema que existe en el debate político español, donde incluso intervenciones humorísticas pueden desencadenar reacciones violentas.
El contexto político es relevante. La diputada forma parte de Más Madrid, adscrita al grupo de Sumar en el Congreso, una formación de izquierdas que ha abogado por políticas migratorias más humanas y inclusivas. Su posición política y su origen saharaui la convierten en blanco fácil para discursos de odio de sectores ultranacionalistas que se oponen a la inmigración y a la diversidad cultural.
La situación de Tesh Sidi no es aislada. En los últimos años, España ha registrado un aumento preocupante de los delitos de odio en línea, especialmente contra políticos, periodistas y personas pertenecientes a minorías. Sin embargo, el caso de Sidi destaca por la brutalidad y explicitud de las amenazas, así como por el volumen de usuarios implicados.
Expertos en seguridad digital y derechos humanos han alertado repetidamente sobre la impunidad con la que actúan ciertos colectivos en redes sociales. La dificultad de identificar a los responsables, sumada a la lentitud de los procesos judiciales y la falta de herramientas efectivas de moderación por parte de las plataformas, crea un caldo de cultivo para el extremismo.
La denuncia de Sidi plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la moderación de contenidos. ¿Deben ser consideradas responsables civil o penalmente por permitir la difusión de amenazas? ¿Qué medidas de seguridad adicionales deben implementar para proteger a usuarios en situación de riesgo? Estas son cuestiones que están en el centro del debate europeo sobre la regulación de internet.
Por su parte, la Oficina de Delitos de Odio de España, dependiente del Ministerio del Interior, ha intensificado sus esfuerzos para combatir este fenómeno. Sin embargo, los recursos son limitados y la magnitud del problema supera con creces la capacidad de respuesta institucional. La colaboración entre administraciones, plataformas y sociedad civil se presenta como imprescindible para hacer frente a esta lacra.
La reacción de la clase política ha sido mayoritariamente de solidaridad. Compañeros de grupo parlamentario y de otras formaciones han condenado los ataques y han mostrado su apoyo a la diputada. No obstante, también ha habido críticas a la forma en que algunos medios han tratado el tema, acusándolos de no darle la suficiente relevancia o de minimizar la gravedad de las amenazas.
Desde el punto de vista legal, los delitos de odio y amenazas en España están recogidos en el Código Penal. Las amenazas de muerte pueden ser castigadas con penas de prisión, especialmente cuando se dirigen contra autoridades o cargos públicos. La agravante de discriminación racial o étnica puede aumentar significativamente las penas.
El caso también pone sobre la mesa la vulnerabilidad de las mujeres en política, especialmente aquellas con perfil migrante o pertenecientes a minorías. Los estudios indican que las políticas reciben un volumen mucho mayor de amenazas y comentarios misóginos que sus homólogos masculinos, y que este acoso se multiplica cuando se suma el componente racial o étnico.
Para Tesh Sidi, esta no es la primera vez que enfrenta el discurso del odio, pero sí la más intensa. Su trayectoria política ha estado marcada por la defensa de los derechos de los migrantes y la visibilización del conflicto del Sáhara Occidental. Esta posición la ha expuesto a críticas, pero nunca antes había llegado a este nivel de violencia explícita.
La estrategia de la diputada es clara: no quedarse en el silencio. Al denunciar públicamente y judicialmente, busca visibilizar el problema y presionar para que se tomen medidas efectivas. Su enfrentamiento directo con Meta puede sentar un precedente importante sobre cómo las grandes tecnológicas deben responder ante este tipo de situaciones en el futuro.
El impacto emocional de recibir tales amenazas no debe subestimarse. Aunque Sidi ha mostrado determinación en su respuesta, el estrés y la ansiedad generados por este tipo de campañas de hostigamiento pueden tener consecuencias duraderas en la salud mental de las víctimas. El miedo real a la violencia física es una carga que ningún representante público debería tener que soportar.
La sociedad española se enfrenta a un reto democrático fundamental: cómo proteger la libertad de expresión sin permitir que se convierta en un vehículo para la incitación al odio y la violencia. El equilibrio es delicado, pero casos como el de Tesh Sidi demuestran que la línea se ha cruzado con demasiada frecuencia.
La denuncia también sirve como llamada de atención a los ciudadanos sobre la importancia de una comunicación responsable en redes sociales. La deshumanización del otro, especialmente cuando se basa en el origen étnico o las creencias políticas, es el primer paso hacia la normalización de la violencia.
A medida que avanza la investigación policial, se espera que se identifiquen a los autores de las amenazas más graves. La cooperación internacional puede ser necesaria, ya que algunos usuarios podrían estar fuera de territorio español. La extradición por delitos de odio es compleja, pero la Unión Europea está trabajando en mecanismos para facilitar la persecución de estos delitos transfronterizos.
El caso de Tesh Sidi es un punto de inflexión en la lucha contra el odio digital en España. Su determinación para llevar ante la justicia a más de 2.000 usuarios y su desafío a Meta pueden marcar el inicio de una nueva etapa en la regulación y persecución de estos delitos. Mientras tanto, la diputada continúa con su labor parlamentaria, pero con la sombra de estas amenazas como recordatorio constante de los riesgos de la política en la era digital.