El Senado de Argentina aprobó en la madrugada del viernes la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en un contexto de intensas manifestaciones callejeras que dejaron un saldo de quince personas heridas y alrededor de treinta detenidos. La votación, que se prolongó por más de catorce horas, concluyó con cuarenta y dos votos a favor y treinta en contra, otorgando media sanción a una iniciativa que busca transformar radicalmente el marco laboral vigente desde 1974.
La aprobación representa un hito político crucial para la administración de ultraderecha, que logró articular un amplio frente de apoyo compuesto por su propio partido, La Libertad Avanza, junto a la coalición conservadora Pro -histórica aliada- y la centrista Unión Cívica Radical, además de diversas fuerzas provinciales de distinta extracción ideológica. Esta alianza permitió superar la resistencia de la oposición peronista y de izquierda, que denunció una supuesta precarización de las condiciones laborales.
Los ejes centrales de la transformación
El proyecto introduce modificaciones sustanciales en cuatro grandes ejes. Primero, abarata los costos de los despidos mediante un nuevo sistema de cálculo de indemnizaciones que reduce las compensaciones para los trabajadores. Segundo, flexibiliza la jornada laboral al permitir jornadas extendidas de hasta doce horas diarias, superando el límite tradicional de ocho horas. Tercero, alivia las obligaciones contributivas de las empresas con una reducción de aportes patronales. Cuarto, crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financia las indemnizaciones por despido a través de capitalización privada.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, defendió la iniciativa argumentando que la legislación actual está "obsoleta" y diseñada para un mercado laboral que desapareció hace medio siglo. "¿Puede un país durante quince años no crear nuevos puestos de trabajo?", cuestionó en su intervención, enfatizando que la nueva normativa "está a la altura del país que estamos construyendo, un país de futuro". El discurso oficial apunta a modernizar las relaciones laborales y reducir la litigiosidad que, según datos del Ejecutivo, genera costos millonarios para el sistema.
El polémico fondo y su impacto previsional
El FAL constituye el punto más cuestionado de la reforma. Este mecanismo obligará a las empresas a destinar entre el 1% y el 2,5% de los salarios -según su tamaño- a administradoras privadas, recursos que actualmente ingresan a la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social). El senador peronista Mariano Recalde denunció que "pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia".
Las proyecciones oficiales estiman que el fondo movilizaría unos 4.000 millones de dólares anuales, desviando recursos del sistema de reparto previsional hacia el sector privado. La oposición advierte que esto debilitará la capacidad del Estado para pagar jubilaciones y pensiones, mientras que el Gobierno sostiene que garantizará la sostenibilidad financiera de las indemnizaciones sin afectar las arcas públicas.
Argumentos enfrentados
Desde el oficialismo, la reforma se presenta como una solución a la informalidad laboral récord del 43% y a la excesiva judicialización de los conflictos laborales. Los defensores del proyecto aseguran que la flexibilización generará mayor empleo formal y atraerá inversiones extranjeras al reducir costos y burocracia. La simplificación de trámites y la desregulación aparecen como banderas de una supuesta modernización necesaria.
La oposición, en cambio, retrata la medida como un regalo a las grandes corporaciones a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores. Los sindicatos y organizaciones sociales alertan sobre la precarización del empleo, la pérdida de poder adquisitivo y la desprotección de los sectores más vulnerables. Durante el debate, varios legisladores peronistas calificaron la iniciativa de "neoliberal" y "antipopular", recordando que la última reforma laboral de esta magnitud se dio durante la dictadura militar.
Violencia en las calles y represión
Las protestas comenzaron temprano en la jornada del jueves, cuando miles de manifestantes convocados por centrales obreras y organizaciones sociales se concentraron frente al Congreso. Los enfrentamientos estallaron cuando un grupo intentó romper el vallado policial, provocando la intervención de fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. El saldo oficial fue de quince heridos -entre manifestantes y agentes- y treinta detenidos por disturbios y daños a la propiedad pública.
Las imágenes de la represión circularon rápidamente por redes sociales, generando condena internacional de organismos de derechos humanos. El Gobierno justificó la dura respuesta policial como necesaria para garantizar el orden institucional, mientras que la oposición habló de "criminalización de la protesta social".
El camino legislativo y perspectivas
Con media sanción del Senado, el proyecto viaja ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y deberá negociar cada voto. La aprobación definitiva requerirá de intensas negociaciones con los bloques provinciales y posibles modificaciones al texto original. Los sindicatos ya anunciaron nuevas movilizaciones y paros sectoriales para presionar a los diputados.
El contexto económico complica el escenario: Argentina atraviesa una profunda recesión con inflación acumulada superior al 150% anual y una pobreza que afecta al 52% de la población. El Gobierno ve en esta reforma una señal de confianza para los mercados, mientras que gran parte de la sociedad percibe un ajuste desproporcionado sobre los trabajadores.
La votación en Diputados se espera para las próximas semanas, y se convertirá en una nueva prueba de fuego para la gestión Milei. Mientras tanto, la calle permanece tensa y la polarización política alcanza niveles máximos. La reforma laboral, lejos de ser un tema técnico, se ha transformado en el símbolo de un modelo de desarrollo que profundiza la brecha entre el discurso oficial de libertad económica y las demandas de protección social de amplios sectores de la población.
El resultado final definirá no solo el futuro del mercado laboral argentino, sino también la capacidad del Gobierno para imponer su agenda reformista en un contexto de creciente resistencia ciudadana y debilidad institucional. La batalla legislativa apenas comienza, y su impacto se extenderá más allá de las fronteras nacionales como referente de las tensiones entre ajuste neoliberal y derechos laborales en la región.