La radiotelevisión pública española vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse el desglose económico de uno de sus programas más controvertidos. RTVE destinó 15,3 millones de euros durante 2025 a la producción de 'Malas lenguas', el formato presentado por Jesús Cintora que se estrenó en abril del año pasado. Esta cifra, que supera con creces el presupuesto anual de instituciones como la Casa Real, ha encendido el debate sobre la eficiencia del gasto público en medios de comunicación.
Los datos, correspondientes al periodo completo de enero a diciembre de 2025, revelan que cada una de las 231 emisiones del programa tuvo un coste medio de 66.305 euros. Un montante que, en plena era de austeridad y contención presupuestaria, plantea serias interrogantes sobre la justificación de semejante inversión en un formato que ha generado profunda división tanto dentro como fuera de la corporación pública.
El informe interno que cuestiona la línea editorial
La polémica no radica únicamente en el aspecto económico. El Consejo de Informativos de TVE, órgano representativo de los profesionales de la casa, elaboró un exhaustivo informe de 144 páginas que pone en tela de juicio los fundamentos periodísticos del programa. El documento, fruto de más de un centenar de denuncias por parte de trabajadores de RTVE, acusa a 'Malas lenguas' de una "responsabilidad editorial opaca" y de vulnerar los principios básicos del servicio público.
Las conclusiones del Consejo son demoledoras: el programa habría favorecido sistemáticamente a postulados de un determinado signo político, permitiendo que ciertos participantes concluyeran los debates mientras sus opiniones eran reforzadas por colaboradores externos. Esta práctica, según el informe, habría generado un sesgo evidente en la línea informativa, contradiciendo el mandato de pluralidad e independencia que debe regir una televisión pública.
Acusaciones de sesgo y mala praxis periodística
El informe interno no se queda en generalidades. Documenta supuestas emisiones de información falsa sin rectificación posterior, el uso de un lenguaje agresivo por parte de tertulianos y la ausencia de objetividad en el tratamiento de temas de actualidad política y social. Estas acusaciones alcanzan también al programa 'Mañaneros', presentado por Javier Ruiz, que comparte productora y equipo con 'Malas lenguas'.
Los trabajadores de RTVE denuncian que ambos formatos habrían favorecido exclusivamente a quienes defienden tesis afines al gobierno de turno, creando un ecosistema mediático dentro de la televisión pública que no reflejaría la diversidad ideológica de la sociedad española. Esta percepción de parcialidad habría minado la credibilidad del servicio público en un momento crítico para la confianza ciudadana en las instituciones.
El dinero público en tiempos de austeridad
El contexto económico hace aún más sensible esta polémica. En un escenario de presión fiscal y demandas de eficiencia en todas las administraciones públicas, la asignación de 15,3 millones de euros a un solo programa televisivo resulta difícil de justificar para sectores de la opinión pública. La comparación con el presupuesto de la Casa Real, que es inferior a esta cifra, ha servido como argumento recurrente para cuestionar las prioridades de RTVE.
La misión legal de Radiotelevisión Española es ofrecer un servicio público plural, independiente y de calidad. Cuando un programa es cuestionado tanto por su coste como por su cumplimiento de estos principios, la institución se enfrenta a un doble desafío: demostrar la eficiencia en la gestión de recursos públicos y garantizar el cumplimiento de su mandato constitucional.
La respuesta de la dirección y el silencio institucional
Frente a las críticas, la dirección de RTVE ha mantenido una postura defensiva, argumentando que el programa cumple con los estándares de audiencia y que su producción obedece a criterios técnicos y profesionales. Sin embargo, no ha ofrecido una refutación pública detallada de las acusaciones del Consejo de Informativos, lo que ha generado un clima de tensión interna percibido como "falta de transparencia" por parte de los trabajadores.
La productora ejecutiva, Big Bang Media S.L., ha sido beneficiaria de estos contratos millonarios sin que hasta el momento se hayan publicitado los criterios de selección o los procesos de adjudicación. Esta opacidad en la contratación de productoras externas es otro de los puntos que el Consejo de Informativos ha señalado como problemático en su informe.
Impacto en la credibilidad del servicio público
La polémica de 'Malas lenguas' trasciende el ámbito puramente económico. Ataca a la esencia misma de lo que debe ser una televisión pública en una democracia moderna. La percepción de parcialidad, unida a un gasto desproporcionado, erosiona la confianza de los ciudadanos en un servicio que se financia con sus impuestos y que debe representar a toda la sociedad, no solo a una parte.
Expertos en comunicación política advierten que este tipo de controversias refuerzan la imagen de RTVE como "instrumento partidista", alejándola de su función de agregador nacional y de espacio de encuentro ciudadano. La falta de rectificaciones públicas ante errores cometidos y el tono beligerante de algunos colaboradores habrían contribuido a esta percepción negativa.
El futuro del programa y la necesidad de reformas
A medida que avanza 2026, la continuidad de 'Malas lenguas' parece depender no solo de sus datos de audiencia, sino de su capacidad para responder a las críticas fundamentales sobre su naturaleza y coste. La presión sobre RTVE para que revise sus procesos de contratación y control editorial es creciente, tanto desde dentro como desde los grupos parlamentarios que supervisan su gestión.
La situación pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda en la gobernanza de RTVE que garantice mayor transparencia en la asignación de recursos y más rigor en el cumplimiento de su mandato de pluralidad. La creación de mecanismos de auditoría independiente sobre la línea editorial y los costes de producción podría ser una solución para evitar futuras polémicas de este calibre.
Mientras tanto, los espectadores y contribuyentes españoles siguen sin respuesta clara a una pregunta fundamental: ¿justifica el interés público una inversión de 66.000 euros diarios en un formato que genera tanta división y cuestionamiento? La respuesta a esta interrogante marcará el rumbo de la televisión pública en los próximos años.