El futuro del paseo de ronda de la Savinosa en Tarragona ha entrado en una fase de negociación intensa entre las administraciones competentes. El Ayuntamiento de Tarragona, la Diputació de Tarragona y la Subdelegación del Gobierno en la provincia mantienen conversaciones de última hora para introducir cambios significativos en un proyecto que ya fue adjudicado y formalizado oficialmente el pasado 1 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El contrato, que asciende a 955.000 euros, fue otorgado a la empresa Seranco con el objetivo de habilitar un camino de ronda que conectará las playas de L'Arrabassada y la Savinosa. Sin embargo, las tres administraciones han detectado posibilidades de mejora que podrían elevar el proyecto a un nivel de excelencia ambiental, lo que justifica el esfuerzo por modificar un proceso ya avanzado.
El marco legal que regula las contrataciones públicas establece límites claros para estas modificaciones. Según el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las administraciones pueden alterar los contratos durante su ejecución hasta un máximo del 20% del valor inicial. Superar este umbral podría considerarse una modificación sustancial, lo que derivaría en un contrato de naturaleza materialmente diferente al originalmente pactado.
Esta situación legal abriría la puerta a posibles recursos por parte de otras empresas que participaron en la licitación inicial y obligaría a reiniciar todo el proceso de concurso público, un escenario que las partes desean evitar a toda costa. Por este motivo, las negociaciones se desarrollan con extrema cautela y precisión técnica.
Los cambios que se barajan actualmente son tres y responden a inquietudes específicas de cada administración. En primer lugar, el Ayuntamiento propone desplazar el punto de acceso al camino de ronda para preservar una duna consolidada que se encontraría en la trayectoria inicial del proyecto. Esta medida busca proteger un elemento geológico relevante del litoral tarraconense.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno, representando al Estado, solicita una modificación en el trazado del camino. La nueva propuesta contempla un recorrido más interno, alejado del perímetro costero, con el fin de salvaguardar especies autóctonas protegidas como el limonium, una planta característica de los ecosistemas mediterráneos que habría resultado afectada por la ruta original.
La Diputació, como propietaria de parte del terreno, plantea una ampliación de la cesión de suelo. Inicialmente se había comprometido a ceder unos 8.600 metros cuadrados, pero la nueva propuesta eleva esta cifra aproximadamente a 15.000 metros cuadrados, lo que permitiría una mayor flexibilidad en el diseño definitivo del paseo.
Adicionalmente, se discute una reducción en la anchura del paseo. Mientras el proyecto original contemplaba una calzada de cinco metros, la nueva versión la limitaría a tres o cuatro metros como máximo. Esta modificación reduciría el impacto visual y ambiental sobre el paisaje costero.
La incógnita principal que aún no tiene respuesta es si estos cambios, en su conjunto, mantienen el 80% de la esencia del proyecto original. Esta cifra es crucial, ya que los técnicos de Costas del Estado deben determinar si la obra resultante se ajusta lo suficiente al contrato inicial como para no considerarse una modificación sustancial.
Para este jueves estaba prevista una reunión decisiva entre las partes para cerrar el acuerdo, pero las adversas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos en la zona, obligaron a posponer el encuentro. La nueva fecha aún no ha sido confirmada, lo que mantiene la incertidumbre sobre el calendario de ejecución de las obras.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Xavier Puig, representante de ERC, ha valorado positivamente los avances, calificándolos de "actitud generosa" por parte de las administraciones implicadas. Puig considera especialmente acertada la eliminación del carril bici previsto en el diseño inicial, argumentando que ya existe una alternativa viable mediante la carretera N-340, que discurre paralela a la costa.
Desde el Partido Popular, Maria Mercè Martorell ha enfatizado la necesidad de garantizar un paso de ronda que sea seguro, cómodo y practicable para todos los ciudadanos. La formación conservadora pone el foco en la funcionalidad del espacio y en la seguridad de los usuarios finales.
El proyecto del paseo de la Savinosa representa una inversión significativa en la mejora de la accesibilidad costera de Tarragona. La conexión entre estas dos playas era una demanda histórica de la ciudadanía y de los colectivos locales, que venían reclamando una solución a la fragmentación del litoral.
La complejidad técnica y administrativa de la situación radica en el equilibrio entre la legalidad contractual y la adaptación a criterios ambientales más exigentes. Las administraciones deben demostrar que las modificaciones no alteran la naturaleza básica del contrato, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con la protección del medio ambiente.
El reto es particularmente delicado porque el proyecto ya ha superado todas las fases administrativas previas: licitación, adjudicación y formalización. Cualquier cambio debe estar perfectamente justificado técnica y jurídicamente para resistir un posible contencioso administrativo.
Los técnicos de Costas del Estado actúan como árbitros en esta situación, ya que su aval es indispensable para determinar si los cambios son asumibles dentro del marco legal. Su informe técnico será el documento que valide o no la viabilidad de las modificaciones propuestas.
Mientras se resuelve esta cuestión, la empresa Seranco, adjudicataria del contrato, mantiene su posición a la espera de instrucciones claras. La compañía no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación, limitándose a seguir el proceso a través de los canales oficiales.
El caso de la Savinosa ilustra un dilema creciente en la gestión pública: la necesidad de agilizar los procesos de contratación se enfrenta con la exigencia de adaptar los proyectos a criterios ambientales cada vez más estrictos. La conciliación de ambos objetivos requiere una planificación anticipada y una coordinación interadministrativa sin fisuras.
En Tarragona, la sensibilidad ambiental es particularmente elevada debido al valor ecológico de su litoral. La presencia de ecosistemas dunares, especies protegidas y paisajes de alto valor natural hace que cualquier intervención en la zona costera sea objeto de escrutinio minucioso por parte de la ciudadanía y de las organizaciones ecologistas.
La transparencia en el proceso es otro elemento fundamental. Las administraciones han mantenido informados a los grupos políticos municipales y provinciales, aunque la ciudadanía en general desconoce muchos de los detalles técnicos de la negociación.
El coste temporal de estas negociaciones también es un factor a considerar. Cada día de retraso en la resolución supone un aplazamiento en el inicio de las obras, lo que a su vez afecta al calendario de ejecución y a la disponibilidad presupuestaria.
Una vez que los técnicos de Costas emitan su informe favorable o desfavorable, las administraciones deberán tomar una decisión definitiva. Si el informe es positivo, los cambios se podrán implementar sin necesidad de reiniciar el concurso. Si es negativo, las opciones se reducen a mantener el proyecto original o a enfrentarse a un nuevo proceso de licitación.
La situación del paseo de la Savinosa demuestra que la flexibilidad administrativa es posible cuando existe voluntad política y consenso interinstitucional. Los representantes de ERC, PSC y PP, aunque con matices diferentes, coinciden en la necesidad de encontrar una solución que equilibre desarrollo y conservación.
El próximo paso inmediato será la celebración de la reunión técnica reprogramada, donde se espera que los especialistas de Costas del Estado presenten su evaluación definitiva. A partir de ese momento, se abrirá un plazo para la formalización de los acuerdos y la adaptación del contrato a las nuevas condiciones.
Mientras tanto, los vecinos de las zonas afectadas y los usuarios habituales de estas playas siguen atentos la evolución de las negociaciones. Para muchos, este paseo representa no solo una mejora en la accesibilidad, sino también un símbolo de la capacidad de las administraciones para trabajar de forma conjunta en beneficio del territorio.
La resolución de este caso podría establecer un precedente importante para futuros proyectos de infraestructura costera en Cataluña y en el resto de España. La capacidad de adaptar contratos ya formalizados a criterios ambientales más exigentes sin romper el marco legal es un desafío que cada vez más administraciones tendrán que afrontar.
En definitiva, el paseo de la Savinosa se ha convertido en un punto de inflexión en la gestión del litoral tarraconense. El resultado de estas negociaciones no solo determinará el futuro de una infraestructura concreta, sino que también marcará el camino a seguir en la planificación territorial sostenible de la región.