La justicia madrileña ha dado un nuevo paso en la investigación por presunta corrupción que afecta a una de las figuras más destacadas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La jueza instructora del caso ha citado al cónyuge de Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea regional y tercera autoridad del PP local, para que preste declaración en calidad de testigo. Este requerimiento judicial se produce en las últimas fases de la instrucción, cuando ya se contempla solicitar su imputación formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Juan Pedro Santos Ceballos, empresario hostelero y esposo de la dirigente conservadora, deberá comparecer el próximo 3 de junio en el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero. Esta fecha, fijada con cuatro meses de antelación, refleja la carga de trabajo que soporta este órgano judicial, que funciona simultáneamente como juzgado de instrucción y de primera instancia. En esa misma jornada también declarará Laura Vallejo del Saz, quien ocupó el cargo de coordinadora municipal durante la gestión de Millán en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
El origen de la causa se remonta a la etapa de Millán como concejala en esta localidad del sur de Madrid, donde se habrían producido presuntas irregularidades en la concesión de contratos municipales. La investigación apunta a que familiares de la entonces edil, incluido su marido, se beneficiaron de adjudicaciones de un empresario que también figura como imputado en el procedimiento. Esta trama habría tejido una red de favores y contraprestaciones que la Guardia Civil considera constitutiva de delito.
Uno de los elementos más controvertidos del caso son los ingresos en efectivo superiores a 50.000 euros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó en cuentas vinculadas a Millán. Ante la jueza, la dirigente popular justificó estas cantidades como procedentes de la actividad hostelera y de ocio nocturno de su esposo, alegando que ella misma desaprobaba mantener dinero en metálico en su domicilio. Esta explicación, sin embargo, no ha disipado las sospechas de los investigadores, que cuestionan la procedencia y regularidad de estas operaciones.
La investigación ha sufrido numerosos retrasos procesales que han prolongado su resolución durante casi cuatro años. La primera citación de Santos Ceballos como testigo data de mayo de 2022, pero su demora en declarar no obedece a la saturación del juzgado, sino a problemas de localización, pese a que reside en Arroyomolinos. Esta circunstancia ha contribuido a la prolongación de un caso que ya estaba avanzado cuando se produjo un cambio jurisdiccional clave.
El ascenso político de Millán, impulsado directamente por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, alteró el curso procesal. La decisión de incluirla en una posición privilegiada en las listas electorales de 2023, asegurándole un escaño en la Asamblea de Madrid, le otorgó la condición de aforada. Esto obligó al juzgado de Navalcarnero a inhibirse en favor del TSJM, instancia ante la que ahora debe dirimirse su posible imputación. La maniobra, realizada cuando Millán ya estaba oficialmente investigada, ha generado críticas sobre el uso de la política para eludir la justicia ordinaria.
El apoyo de Ayuso no se limitó a la candidatura. Una vez elegida, Millán fue ascendida a vicepresidenta de la Cámara y a la tercera posición en la jerarquía del PP regional, solo por detrás del presidente del partido, Alfonso Serrano, y de la propia presidenta. Esta promoción se produjo cuando ya era oficialmente investigada, lo que ha generado controversia sobre la protección de altos cargos y la separación de poderes. La oposición ha acusado al Gobierno regional de blindar a dirigentes con expedientes judiciales abiertos.
La Fiscalía de Madrid ha manifestado su respaldo a la imputación de Millán por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude contra la administración pública. Sin embargo, el fiscal consideró que faltaban diligencias por completar antes de elevar el caso al TSJM, entre ellas la declaración del marido. Esta petición motivó que un magistrado del Tribunal Superior devolviera las actuaciones a Navalcarnero para su finalización, reconociendo que la instrucción no estaba completa.
Con la comparecencia de Santos Ceballos y la coordinadora municipal prevista para junio, la instrucción estaría prácticamente concluida. La jueza podría entonces formular su exposición razonada y remitir el expediente definitivamente al TSJM, donde se decidirá si Millán debe sentarse en el banquillo por los graves delitos que se le atribuyen. La resolución de este tribunal será clave para determinar si las pruebas son suficientes para mantener la imputación.
El caso de Arroyomolinos se ha convertido en un símbolo de las prácticas de clientelismo y corrupción que, según la investigación, habrían perdurado en el seno del PP madrileño. La implicación de la actual número 3 del partido y la protección recibida desde la cúpula regional han convertido esta causa en un desafío para la credibilidad institucional. La ciudadanía madrileña observa con atención cómo se desarrolla un proceso que podría afectar a la gobernabilidad y la confianza en las instituciones autonómicas.