La crisis institucional en el Ayuntamiento de Móstoles ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras la difusión de una grabación donde el alcalde, Manuel Bautista, reconoce explícitamente a la concejala denunciante que ella nunca le solicitó directamente un cargo de responsabilidad. Esta revelación contradice la versión que el propio edil ofreció en rueda de prensa, donde insinuó que la ahora ex edil había exigido el puesto de primera teniente de alcalde como condición para no boicotear el pleno de investidura.
En los audios, a los que ha tenido acceso la prensa, Bautista mantuvo una conversación con la edil donde dejó claro: "Tú a mí nunca me has pedido nada, pero yo te he dado un puesto de número dos sin tener ninguna experiencia política". Esta frase desmonta el argumento de presunta venganza que el regidor esgrimió para justificar las actitudes de su antigua colaboradora, quien actualmente prepara una denuncia por acoso laboral.
El contexto de estas declaraciones se remonta a junio de 2023, cuando el Partido Popular negociaba con Vox la conformación del nuevo equipo de gobierno en la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, con 214.000 habitantes. Durante esos días, la concejala participó en conversaciones para definir las estructuras de poder, pero según la grabación, nunca realizó peticiones directas al alcalde.
"No te digo que sea de agradecer, pero tampoco debe ser una hipoteca. ¿Tú a mí me has pedido ser teniente de alcalde? No, a mí directamente no me lo has pedido", se escucha en el audio registrado por la propia edil, que ha decidido preservar pruebas de sus intercambios con el regidor.
La versión oficial del alcalde durante su comparecencia del jueves fue diferente. Bautista explicó entonces que la concejala "manifestó su interés por asumir mayores funciones políticas, llegando a plantear la posibilidad de ser primera teniente de alcalde" y que incluso habría amenazado con no presentarse al pleno de investidura si no conseguía dicho cargo, lo que habría hecho fracasar el pacto con Vox.
Sin embargo, el regidor nunca especificó que estas pretensiones se comunicaran directamente a él. Ahora, la grabación confirma que las gestiones se realizaron a través de terceros, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso y la coherencia de las declaraciones públicas del alcalde.
Reacciones del PP de Madrid
Desde el Partido Popular de Madrid, la secretaría general que dirige Alfonso Serrano ha calificado estas grabaciones de "ilegales", cuestionando su validez y origen. El partido insiste en que la concejala nunca ha incluido el acoso sexual en los motivos de sus denuncias, algo que Serrano ha repetido en múltiples declaraciones: "Ella negó que hubiera acoso sexual".
El dirigente popular retó a todos los implicados a que hagan pública la grabación completa, convencido de que "se desmontaría el relato de algunos". Esta postura busca desacreditar la evidencia presentada y minimizar el impacto mediático del caso, que ha generado una fuerte controversia interna en el partido.
El PP intenta acotar el conflicto a mera "desavenencias laborales", mientras que la representación legal de la edil lo enmarca claramente en una situación de acoso laboral sostenida durante su etapa en el gobierno municipal. Esta diferencia de percepciones marca la estrategia de ambas partes: el partido busca restar gravedad, mientras la afectada prepara acciones legales.
Presiones y contexto político
Según publicó el diario El País, el PP de Madrid presionó a la concejala para que no presentara la denuncia contra el alcalde. Esta información añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo que existieron intentos de contención del daño político antes de que el conflicto estallara públicamente.
Desde el partido, sin embargo, interpretan todo el asunto como una "operación de desestabilización" orquestada en las últimas horas de la campaña electoral de Aragón. La finalidad, según esta teoría, sería "tapar" la declaración en el Senado de Francisco Salazar, íntimo colaborador de Pedro Sánchez, quien fue denunciado por varias mujeres por acoso sexual.
Esta lectura política busca desviar la atención del fondo del problema en Móstoles y enmarcarlo en una supuesta estrategia de distracción mediática. No obstante, la existencia de la grabación y las contradicciones en las declaraciones del alcalde mantienen el foco sobre la gestión interna del PP municipal.
La posición legal
Antonio Suárez-Valdés, abogado de la ex concejala, reconoció en declaraciones a la Cadena Ser que el acoso sexual "va a ser difícilmente denunciable" en este caso. Sin embargo, dejó claro que están preparando una denuncia por acoso laboral, que consideran más sostenible desde el punto de vista jurídico.
Esta distinción es crucial: mientras el partido insiste en que no existe acoso sexual, la defensa de la edil nunca ha basado su estrategia exclusivamente en esa vía. La preparación de una denuncia por acoso laboral indica que las pruebas y el relato se centran en un supuesto hostigamiento en el ámbito profesional, con la grabación como elemento central de su argumentación.
El caso ha generado una profunda división en el seno del PP local y regional, con diferentes facciones interpretando los hechos de forma contradictoria. Mientras algunos apoyan al alcalde y cuestionan la legitimidad de las pruebas, otros muestran preocupación por la gestión de la crisis y su impacto en la imagen del partido.
Impacto en el PP madrileño
La polémica llega en un momento delicado para el Partido Popular de Madrid, que intenta mantener su hegemonía en la región y proyectar una imagen de unidad. Los casos de presunto acoso o malas prácticas laborales en sus filas suponen un desafío reputacional que el partido quiere resolver rápidamente.
La estrategia de desacreditar las grabaciones como "ilegales" y minimizar los hechos como "desavenencias laborales" refleja una voluntad de contención de daños. Sin embargo, las contradicciones entre las declaraciones públicas del alcalde y el contenido de la grabación complican esta narrativa.
El reto para el PP es gestionar una crisis que combina elementos de género, política interna y gestión municipal, sin que esto afecte sus aspiraciones electorales futuras. La forma en que resuelva este conflicto será observada de cerca por sus adversarios políticos y por la opinión pública.
Mientras tanto, en Móstoles, la ciudadanía observa con preocupación cómo las disputas internas del partido gobernante se traducen en acusaciones de acoso y contradicciones públicas. La estabilidad del gobierno municipal y la credibilidad de sus líderes están en juego, en un caso que promete nuevos desarrollos cuando se presente la denuncia formal por acoso laboral.
La grabación, lejos de cerrar el debate, ha abierto nuevas preguntas sobre la transparencia en la toma de decisiones municipales y sobre la coherencia entre lo que se dice en privado y lo que se declara en públic. Para el PP de Madrid, el tiempo corre en su contra mientras intenta reconstruir una versión de los hechos que minimice el impacto de unas palabras que, una vez grabadas, son difíciles de desmentir.