Francisco Granados, figura clave en la política madrileña durante el mandato de Esperanza Aguirre, afronta a partir de este lunes un nuevo proceso judicial que se suma a su ya extenso historial de problemas legales. Se trata de su segundo juicio dentro de la macrocausa conocida como caso Púnica, una trama de corrupción que sacudió los cimientos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid hace más de una década.
El exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional regresa al banquillo por presuntas irregularidades en la contratación de eventos festivos en municipios gobernados por su partido entre los años 2004 y 2013. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de seis años de prisión para el político, quien ya cumplió una condena previa por obstrucción a la justicia.
El origen de la investigación se remonta a junio de 2014, cuando la Fiscalía presentó una querella que desencadenó una de las operaciones contra la corrupción más sonoras de la última década en España. El juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción, pronto descubrió que la trama era más compleja de lo inicialmente previsto. En sus propias palabras, la causa iba desvelando "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas". Esta complejidad llevó al magistrado a fragmentar la investigación en doce piezas separadas, cada una centrada en aspectos concretos de la presunta red corrupta.
La operación salió a la luz pública en octubre de 2014 con una redada que conmocionó el panorama político: la detención de Granados junto a otras cincuenta personas, entre ellas numerosos alcaldes populares de la región. Desde entonces, se han celebrado al menos cuatro juicios relacionados con una trama que, según las investigaciones, alimentaba una caja b del PP madrileño durante el liderazgo de Esperanza Aguirre.
Curiosamente, la expresidenta regional, a pesar de haber estado rodeada de múltiples casos de corrupción que salpicaron a sus colaboradores más cercanos, nunca ha tenido que sentarse en el banquillo. Aguirre llegó a minimizar la gravedad de los hechos calificando a sus imputados como "ranas", término que utilizó para referirse a las ovejas negras que ella misma había promovido y respaldado en cargos de responsabilidad.
Los problemas judiciales de Granados comenzaron antes incluso de la explosión del caso Púnica. En 2013, tuvo que renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid y a su acta de senador del PP tras la revelación de que mantenía una cuenta bancaria en Suiza con un saldo de 1,5 millones de euros, cuyo origen no pudo justificar adecuadamente. Este antecedente marcó el inicio de su caída política y puso en marcha los mecanismos de investigación que desembocarían en su posterior imputación.
En el contexto de la trama Púnica, Granados ya fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos. La sentencia estableció que el político utilizó información confidencial obtenida de un funcionario público para alertar al empresario David Marjaliza, otro de los presuntos cerebros de la red, sobre la investigación que se estaba llevando a cabo contra ellos. Esta advertencia les permitió ocultar fondos en efectivo y eludir temporalmente el alcance de la justicia, obteniendo un beneficio económico directo de esa maniobra.
El juicio que comienza este lunes se centra en la pieza número 7 de la causa, que investiga la adjudicación irregular de contratos para la organización de festejos públicos en municipios gobernados por el Partido Popular. Según la acusación, la empresa Waiter Music se benefició de estas prácticas opacas entre 2004 y 2013, consolidando un sistema de corrupción institucionalizada que abarcaba múltiples localidades de la región.
El proceso judicial, que se extenderá hasta el próximo 5 de marzo, no solo afecta a Granados. En total, 14 personas se sentarán en el banquillo, entre las que destacan el exsenador y exdiputado autonómico David Erguido, que deberá responder por sus actos durante su etapa como teniente de alcalde de la localidad madrileña de Algete. Además, seis exalcaldes populares de diferentes municipios madrileños también serán juzgados por su presunta participación en esta trama de contratación fraudulenta.
La pieza 7 del caso Púnica ilustra el modus operandi de la red: la manipulación de procesos de contratación pública para favorecer a empresas vinculadas a los imputados, en este caso concretamente a la firma del fallecido José Luis Huerta. Este sistema permitía desviar fondos públicos hacia estructuras privadas que, posteriormente, devolvían parte de esos beneficios a través de sobornos y comisiones ilegales.
La Fiscalía sostiene que Granados, desde su posición de poder, actuó como intermediario clave en esta trama, utilizando su influencia para garantizar que Waiter Music obtuviera los contratos de organización de eventos en los ayuntamientos controlados por el PP. A cambio, la empresa habría proporcionado beneficios económicos a los miembros de la red, consolidando un sistema de corrupción que se perpetuó durante casi una década.
El caso Púnica ha dejado al descubierto la existencia de una red clientelar que operaba en la sombra del poder político madrileño, demostrando cómo la gestión pública puede ser tergiversada para beneficio privado. La investigación ha revelado que estas prácticas no eran aisladas, sino que formaban parte de una estructura organizada que funcionaba con el conocimiento y la participación de altos cargos políticos y empresariales.
La repercusión de este juicio trasciende el ámbito judicial, ya que pone de manifiesto los mecanismos de corrupción que pueden existir en la gestión municipal. La contratación de servicios para festejos públicos, aparentemente una cuestión menor, se convirtió en una vía para desviar recursos públicos y generar redes de favoritismo que minaban la integridad de las instituciones democráticas.
Para la ciudadanía madrileña, este proceso representa una nueva oportunidad para que la justicia esclarezca los hechos y establezca responsabilidades penales. La expectativa es que el juicio aporte nuevos detalles sobre cómo funcionaba la trama y cuál fue el papel exacto de cada uno de los acusados en la presunta defraudación al erario público.
La sentencia que se dictará tras la conclusión del juicio será fundamental para determinar si Granados debe cumplir la pena solicitada por la Fiscalía y si los otros trece imputados resultan culpables de los delitos que se les imputan. La pieza 7 del caso Púnica se suma así a la larga lista de procesos judiciales que han puesto en tela de juicio la gestión del PP en la Comunidad de Madrid durante los últimos años.
Mientras tanto, la figura de Esperanza Aguirre continúa en el centro del debate político, ya que muchos de sus colaboradores directos han sido condenados o están siendo juzgados por corrupción, mientras ella mantiene su inmunidad judicial. El contraste entre la retórica política de lucha contra la corrupción y la realidad de los hechos investigados sigue generando controversia y desconfianza entre la opinión pública.
El juicio que comienza este lunes servirá para que la Audiencia Nacional analice en profundidad las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, escuche los testimonios de los implicados y de los testigos, y establezca un veredicto basado en el derecho. La complejidad de la trama y el número de acusados garantizan un proceso largo y minucioso que durará casi dos meses.
La sociedad madrileña, y en general la española, seguirá con atención el desarrollo de este juicio, que se enmarca en una serie de procesos contra la corrupción que han marcado la política reciente del país. La esperanza es que cada sentencia sirva no solo para castigar a los culpables, sino también para prevenir futuras conductas similares mediante el ejemplo de la aplicación efectiva de la justicia.