La reciente imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en el denominado caso PSOE ha desatado una ola de reacciones que trae a colación un tenso episodio televisivo ocurrido hace justo un año. En marzo de 2024, su hermana, la periodista Ana Pardo de Vera, protagonizó un encendido debate en el programa "Todo es mentira" de Cuatro, donde defendió con vehemencia el honor de su familiar ante las acusaciones de una diputada del Partido Popular.
El contexto de aquella discusión resulta especialmente relevante hoy, cuando la justicia ha decidido elevar el estatus de Isabel Pardo de Vera de testigo a investigada, citándola a declarar el próximo 29 de mayo. La expresidenta de Adif ya había prestado declaración ante el juez Ismael Moreno para esclarecer aspectos relacionados con la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, tanto en Ineco como en Tragsa.
El enfrentamiento televisivo se produjo cuando Ana Pardo de Vera, colaboradora del medio Público, mencionó durante la tertulia varias informaciones sobre supuestas adjudicaciones millonarias al Grupo Eulen. Esta empresa contaba con una vinculación directa con la familia de Alberto Núñez Feijóo, ya que la hermana del entonces presidente de la Xunta de Galicia trabajaba para dicho conglomerado.
Ante estas acusaciones, la diputada popular Ana Vázquez salió en defensa de Feijóo y, en un intento de contrarrestar los argumentos de la periodista, le recordó que su propia hermana, Isabel, acababa de declarar ante el juez en el caso de las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. «Anda que tú te pongas a hablar de hermanos cuando acaba de declarar tu hermana», le espetó Vázquez en directo.
La reacción de Ana Pardo de Vera fue inmediata y contundente. La periodista interrumpió reiteradamente a la diputada, visiblemente alterada, y le espetó una y otra vez: «No te atrevas a decir que mi hermana ha hecho algo ilegal». El tono subió de intensidad cuando llegó a afirmar: «Estás mal de la cabeza», y la desafió directamente: «¿Eres capaz de denunciarla por algo? Atrévete, llámala corrupta, que te pongo una denuncia en cero coma dos».
Aquella defensa apasionada de la honorabilidad familiar generó entonces una fuerte polémica en redes sociales y en los medios de comunicación. Numerosos sectores criticaron duramente a la diputada del PP por sus comentarios, considerándolos un ataque personal fuera de lugar. Sin embargo, el paso del tiempo y los recientes acontecimientos judiciales han dotado de nueva perspectiva aquel episodio.
La hemeroteca demuestra ahora que las palabras de Ana Vázquez, lejos de ser una simple estrategia de contraataque político, anticipaban una realidad que la justicia está investigando en profundidad. La imputación de Isabel Pardo de Vera no está relacionada directamente con el caso de las mascarillas, sino con su presunta intervención en la contratación de Jéssica Rodríguez en puestos clave de empresas públicas.
El caso PSOE, que instruye el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, investiga una trama de presuntas irregularidades en contrataciones durante el mandato de Pedro Sánchez. La figura de Jéssica Rodríguez, antigua pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ocupa un lugar central en esta trama, ya que su rápido ascenso profesional en empresas como Ineco y Tragsa ha levantado sospechas sobre la existencia de una red de influencias que habría facilitado su acceso a puestos de alta responsabilidad.
Isabel Pardo de Vera, al frente de Adif hasta hace pocos meses, habría tenido un papel determinante en estas contrataciones. Su paso de testigo a imputada indica que el juez ha encontrado indicios suficientes de que pudo participar activamente en decisiones que beneficiaron a Rodríguez, saltándose los procedimientos legales de selección.
La ironía de la situación no pasa desapercibida para los analistas políticos. La defensa incondicional que Ana Pardo de Vera hizo de su hermana en televisión, basada en la premisa de que no existían pruebas de ilegalidades, choca ahora con la decisión judicial de investigarla precisamente por esos presuntos delitos.
Durante el programa de Risto Mejide, la periodista desafió a la diputada del PP a presentar pruebas concretas: «¿Tiene ilegalidades que demostrar?», preguntó retóricamente. Hoy, esa pregunta la responde el propio sistema judicial con una citación como investigada, un paso previo a la posible formulación de cargos.
El contexto de la discusión sobre el Grupo Eulen también resulta significativo. Ana Pardo de Vera intentaba desenmascarar supuestos favoritismos en la etapa de Feijóo en Galicia, pero el contraataque de la diputada popular desvió el foco hacia su propia familia. La estrategia de señalar la supuesta hipocresía del mensajero resultó efectiva en aquel momento, pero los hechos han terminado dándole la razón.
La evolución del caso ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos y la conveniencia de las defensas familiares en el ámbito mediático. Muchos expertos en comunicación política consideran que las intervenciones emocionales, como la de Ana Pardo de Vera, pueden resultar contraproducentes cuando los hechos acaban desmintiendo las afirmaciones contundentes.
Por su parte, el entorno de la expresidenta de Adif mantiene que su imputación es un mero trámite procesal y que confía en demostrar su inocencia. Sin embargo, el solo hecho de pasar a la categoría de investigada supone un serio revés para su reputación y para la imagen de la gestión pública en el sector ferroviario.
El caso también pone de manifiesto la creciente judicialización de la política española, donde los enfrentamientos televisivos anticipan con frecuencia los procedimientos judiciales. La capacidad de los políticos y comentaristas para predecir escándalos o para desacreditar acusaciones se ha convertido en un elemento central del debate público.
La figura de Jéssica Rodríguez continúa siendo el eje sobre el gira esta investigación. Su relación con José Luis Ábalos y su posterior carrera profesional en empresas dependientes del Ministerio de Transportes han generado un constante cuestionamiento sobre la existencia de una red de influencias que habría facilitado su acceso a puestos de alta responsabilidad.
Para Isabel Pardo de Vera, la imputación representa el capítulo más complicado de una carrera que la llevó a presidir una de las empresas públicas más importantes de España. Su gestión en Adif había sido relativamente discreta hasta que estalló este caso, que la sitúa en el centro de una de las mayores tramas de presunta corrupción de los últimos años.
La declaración que prestará el 29 de mayo será crucial para determinar su grado de implicación. El juez Moreno buscará esclarecer si sus decisiones obedecieron a criterios técnicos o respondieron a presiones políticas para beneficiar a personas vinculadas al entorno del PSOE.
Mientras tanto, la grabación de aquel programa de marzo de 2024 sigue circulando por redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las defensas vehementes pueden volverse en contra de quien las profiere. La pregunta retórica de Ana Pardo de Vera —«¿Tiene ilegalidades que demostrar?»— resuena ahora con un significado muy diferente.
El tiempo, como suele ocurrir, ha puesto cada cosa en su lugar. Lo que entonces parecía un ataque político sin fundamento, hoy se materializa en una investigación judicial seria. Y la defensa inquebrantable de una hermana, por más sincera que fuera, no puede contrarrestar las evidencias que maneja la Audiencia Nacional.