Un nuevo caso de presunto acoso laboral y sexual dentro de las filas de la Policía Nacional ha salido a la luz, esta vez en un contexto internacional que ha conmocionado a la institución. Se trata del comisario Emilio de la Calle, destinado en la embajada española de Nueva Delhi, quien fue suspendido de empleo y sueldo en abril de 2025 tras una denuncia presentada por una subordinada. Las grabaciones que sustentan la investigación judicial revelan un patrón de conducta intimidatorio y abusivo que habría convertido el día a día de la agente en un verdadero calvario.
Este caso no es aislado. Apenas unos meses antes, la denuncia por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González había reavivado el debate sobre el uso y abuso de la autoridad en estructuras jerárquicas tan rígidas como las de las fuerzas de seguridad. Ahora, el material inédito al que ha tenido acceso la prensa demuestra cómo el poder conferido por el uniforme puede desvirtuarse hasta convertirse en un instrumento de control y maltrato.
Los audios que desnudan el acoso
La denunciante, a quien llamaremos Sandra para proteger su identidad, tuvo la precaución de grabar durante meses las interacciones con su superior. El resultado: más de 20 horas de audio que documentan presuntas amenazas, insultos y conductas vejatorias. En estas grabaciones, el comisario habría utilizado su posición de autoridad para intentar controlar aspectos de la vida personal y profesional de la agente.
Entre las frases más contundentes captadas figuran expresiones como: "Me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien", "yo soy muy retorcido. Mucho", o "te dejo como un trozo de carne, te reviento, ten cuidado". También se escuchan insultos directos y referencias machistas: "no vuelvas a tocarme los cojones", "odio a la gente como tú", y "sigues en tus trece de hacer lo que te sale de tu coño moreno".
Estas manifestaciones, lejos de ser un simple desahogo verbal, reflejarían una estrategia sistemática de intimidación. La Fiscalía ha solicitado un informe técnico-pericial para determinar la autenticidad de las grabaciones, mientras que la defensa del comisario insiste en que los audios han sido manipulados y editados de manera interesada.
Un entorno de trabajo vulnerable
La situación se habría desarrollado en un contexto particularmente vulnerable para la denunciante. La agente se incorporó a su puesto en Nueva Delhi en julio de 2024, atraída por las ventajas profesionales que ofrecen las destinaciones en el extranjero: sueldos mensuales que oscilan entre 8.000 y 10.000 euros, además de un valor añadido significativo en el currículum policial.
Sin embargo, esta oportunidad profesional se convirtió en una trampa. Según consta en el sumario judicial, Sandra pasaba la mayor parte de su jornada laboral a solas con el comisario en la oficina de la Consejería de Interior, sin contar con la presencia de otros funcionarios, ayudantes o secretarios que pudieran servir de testigos. Este aislamiento habría facilitado el supuesto acoso, creando un espacio sin contrapesos donde el abuso de poder podría desarrollarse con impunidad.
El mando, que ocupaba su cargo desde 2021, habría mantenido comparaciones constantes entre Sandra y su anterior subordinado, generando un clima de competencia desleal y presión psicológica continua. Esta dinámica es especialmente preocupante en un entorno diplomático donde la dependencia jerárquica se intensifica por la distancia geográfica y cultural.
La respuesta institucional
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, actuó con celeridad al recibir la denuncia en marzo de 2025. La decisión de suspender de empleo y sueldo al comisario De la Calle, seguida de su destitución del puesto en Nueva Delhi en abril, demuestra una voluntad de no tolerar comportamientos que cuestionen la integridad del cuerpo.
No obstante, esta rapidez contrasta con la duración del presunto acoso, que habría durado meses antes de que la agente se decidiera a denunciar. Este retraso es común en casos de acoso laboral, donde las víctimas temen represalias o no confían en los mecanismos de protección. La investigación está ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá determinar no solo la veracidad de las pruebas, sino también la existencia de una cultura organizacional que permita estos abusos.
Un problema estructural
El caso De la Calle no surge en el vacío. La Policía Nacional española ha enfrentado en los últimos años varias crisis por comportamientos inadecuados de sus mandos. La denuncia contra José Ángel González por agresión sexual, que estremeció la institución, había puesto el foco en cómo se ejerce el poder en estructuras tan verticales.
Los expertos en derecho laboral y organizaciones policiales señalan que la naturaleza jerárquica de estas instituciones, combinada con una cultura de silencio y lealtad incondicional, crea terreno fértil para el abuso. La falta de contrapesos efectivos, especialmente en destinos aislados como las embajadas, agrava el problema.
El acoso laboral en el ámbito policial presenta particularidades que lo hacen especialmente pernicioso. La autoridad que confiere el cargo, el acceso a información sensible y la capacidad de influir en la carrera profesional de los subordinados convierten a los mandos en figuras de poder casi absoluto dentro de su esfera de influencia.
El papel de la evidencia digital
La decisión de Sandra de grabar las conversaciones representa una tendencia creciente en la lucha contra el acoso: el uso de la tecnología como herramienta de protección y documentación. En contextos donde la palabra del superior suele prevalecer sobre la del subordinado, las grabaciones proporcionan una evidencia objetiva difícil de refutar.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La legislación sobre grabaciones de conversaciones privadas es compleja, y la admisibilidad de estas pruebas en juicio depende de circunstancias específicas. La Fiscalía ha pedido un peritaje técnico para verificar la integridad de los archivos, respondiendo a las acusaciones de manipulación planteadas por la defensa.
Este debate sobre la autenticidad de las pruebas digitales es común en procesos judiciales modernos. Los expertos forenses deben determinar no solo si los audios han sido editados, sino también si las ediciones afectan al contenido esencial de las conversaciones o simplemente responden a necesidades de protección de la víctima.
Implicaciones para el futuro
El resultado de esta investigación tendrá consecuencias más allá del propio comisario. Si se confirman los delitos, podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan las denuncias internas y cómo se protege a los agentes en destinos internacionales. La Policía Nacional podría verse obligada a revisar sus protocolos de supervisión y sus mecanismos de apoyo a empleados en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, si la defensa logra demostrar manipulación de las pruebas, se abriría un debate sobre la responsabilidad de las víctimas al documentar el acoso y los límites éticos y legales de esta práctica. En cualquier escenario, el caso pone de manifiesto la necesidad de culturas organizacionales más transparentes y sistemas de denuncia más seguros.
La agente Sandra, mientras tanto, enfrenta un futuro incierto. Aunque la denuncia la ha liberado de una situación insostenible, también la ha expuesto a un proceso judicial que puede prolongarse durante años. Su caso, sin embargo, ya ha cumplido una función importante: visibilizar un problema que muchos prefieren ignorar.
Conclusión
El caso del comisario De la Calle en la India representa un capítulo más en la lucha contra el abuso de poder dentro de las instituciones de seguridad. Las grabaciones que documentan el presunto acoso no solo son una herramienta de defensa para la víctima, sino también un espejo que refleja las fallas en los sistemas de control y supervisión.
Mientras la Audiencia Nacional investiga los hechos, la Policía Nacional debe aprovechar esta oportunidad para realizar una reflexión interna profunda. La credibilidad de la institución depende no solo de castigar a los infractores, sino de prevenir que estas situaciones ocurran. La creación de entornos de trabajo seguros, especialmente en destinos aislados, y la implementación de canales de denuncia efectivos son medidas urgentes que no pueden esperar.
La historia de Sandra en Nueva Delhi es un recordatorio de que el poder sin contrapesos es inherentemente peligroso, y que la protección de los derechos laborales y humanos debe primar por encima de cualquier consideración jerárquica o institucional. Solo así se podrá construir una policía moderna, ética y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.