La historia a menudo dibuja paralelismos inesperados entre épocas distintas. La captura de un líder latinoamericano tras años de complicidad con Washington, su posterior ruptura con la Casa Blanca y el desenlace militar en territorio propio conforman un patrón que se repite en la región. El caso de Manuel Antonio Noriega, dictador panameño capturado en 1990 tras refugiarse en la nunciatura apostólica, ilustra con crudeza cómo los intereses geopolíticos pueden moldear, destruir y castigar a sus propios aliados.
Nacido en 1934 en los barrios marginales de Panamá City, Noriega creció en la pobreza. Su vocación inicial por la medicina se desvaneció ante la falta de recursos familiares, lo que le llevó a la única salida viable para un joven sin posibles: la carrera militar. En 1962 se graduó en la Academia de Chorrillos de Lima como ingeniero y regresó a su país para enrolarse en la Guardia Nacional. Allí conoció a Omar Torrijos, el oficial que cambiaría su destino.
La década de los sesenta fue un período de definición para Noriega. Mientras ascendía en las filas militares, estableció su primera conexión con la CIA, facilitando información sobre la Revolución Cubana y, más tarde, sobre el sandinismo nicaragüense. Paralelamente, tejió lazos con el narcotráfico que le reportarían fortuna y poder. Como jefe de inteligencia panameño, controló el corredor estratégico por donde fluyó la cocaína colombiana hacia Estados Unidos durante los ochenta.
Su relación con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín es uno de los capítulos más oscuros de su gestión. Tras el asesinato del ministro colombiano de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, 'El Patrón' encontró refugio en Panamá durante dos meses, protegido por el régimen de Noriega. Este matrimonio de conveniencia entre el estado panameño y el crimen organizado generó ingentes beneficios para ambas partes, pero también sembró las semillas de la caída del dictador.
La muerte de Torrijos en 1981, en un accidente aéreo rodeado de misterio, dejó un vacío de poder que Noriega supo explotar. Sin ocupar nunca formalmente la presidencia, se convirtió en el hombre fuerte de Panamá hasta 1989. Su control absoluto sobre los aparatos de seguridad y su habilidad para manejar los hilos de la política interna le aseguraron una hegemonía incontestable durante casi una década.
Sin embargo, el equilibrio entre servir a Washington y enriquecerse con el narcotráfico se volvió insostenible. En 1988, un tribunal estadounidense le acusó formalmente de tráfico de drogas. La ruptura fue definitiva. Las elecciones de 1989, amañadas por el régimen, y un fallido golpe de Estado precipitaron la decisión del presidente George H.W. Bush de intervenir militarmente.
La Operación Causa Justa, lanzada el 20 de diciembre de 1989, desplegó 26.000 soldados estadounidenses en territorio panameño. La invasión, justificada bajo la doctrina de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, buscaba dos objetivos: capturar a Noriega y restaurar la 'democracia'. Lo que siguió fue una persecución que terminó en un escenario diplomático insólito.
Tras días de huida, Noriega solicitó asilo en la nunciatura del Vaticano en Panamá City. La sede diplomática, dirigida entonces por el obispo guipuzcoano José Sebastián Laboa, se convirtió en el último baluarte del dictador. Durante semanas, las tropas estadounidenses cercaron el edificio mientras negociaban su entrega. La tensión diplomática fue máxima: el derecho de asilo chocaba contra la presión militar y política.
Finalmente, el 3 de enero de 1990, Noriega se entregó. Las autoridades estadounidenses le procesaron por narcotráfico, lavado de dinero y delitos conexos. Pasó décadas en prisión, primero en Estados Unidos, luego en Francia y finalmente en Panamá, donde falleció en 2017.
El legado de Noriega encapsula la hipocresía de la Guerra Fría en América Latina. Washington toleró y financió a dictadores siempre que combatieran el comunismo, incluso cuando esos mismos aliados se enriquecían con el crimen organizado. La frase atribuida a Theodore Roosevelt sobre Anastasio Somoza —'es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta'— resume a la perfección esta lógica perversa.
Treinta y seis años después, la Operación Causa Justa sigue generando debate. Para unos, fue una intervención necesaria para acabar con una dictadura narcoestado. Para otros, una violación flagrante de la soberanía panameña con fines geopolíticos. Lo cierto es que la captura de Noriega en la nunciatura marcó un precedente: el fin de una era en la que Estados Unidos podía tolerar tiranos útiles, y el inicio de otra donde ni siquiera la inmunidad diplomática garantizaba la impunidad.
La historia de Panamá durante los ochenta nos recuerda que los intereses estratégicos suelen primar sobre principios éticos. Noriega fue producto y víctima de ese sistema. Su ascenso, consolidación y caída reflejan los límites de una alianza basada exclusivamente en conveniencia mutua. Cuando el costo político superó el beneficio estratégico, Washington no dudó en eliminar a su antiguo aliado.
Hoy, el recuerdo de aquellos días de diciembre de 1989 y enero de 1990 resuena en la memoria colectiva panameña. La imagen de un dictador acorralado en una sede diplomática, rodeado de soldados estadounidenses, se convirtió en símbolo de un tiempo en el que la geopolítica no conocía fronteras morales. La lección es clara: en el juego de las grandes potencias, los peones siempre son prescindibles.
Las consecuencias de aquella intervención siguen presentes. Panamá perdió más de 3.000 vidas civiles durante la invasión, según organizaciones de derechos humanos. La devastación económica y social fue considerable, aunque el país logró recuperar la democracia formal. El Canal de Panamá, objeto estratégico de la operación, permaneció bajo control estadounidense hasta el año 2000, cuando finalmente se completó la transferencia a manos panameñas.
El papel del Vaticano durante el asilo de Noriega también generó controversia. La Santa Sede buscó una solución negociada que evitara más derramamiento de sangre, pero la presión de Washington fue incesante. La decisión final de Laboa de no conceder asilo político definitivo, sino solo temporal, facilitó la entrega. Este episodio marcó un capítulo singular en las relaciones entre la diplomacia eclesiástica y el poder militar estadounidense.