La organización criminal conocida como Tren de Aragua ha retornado al epicentro de las disputas diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Durante los primeros días de diciembre, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) perpetró un ataque con vehículos aéreos no tripulados contra una infraestructura portuaria en el litoral venezolano, que las autoridades norteamericanas consideraban utilizada por esta banda para guardar cargamentos de drogas, tal como reveló la cadena CNN.
Este incidente con drones representa el primer ataque confirmado en suelo venezolano desde que la administración del presidente Donald Trump iniciara una masiva movilización de recursos militares en la cuenca del Caribe, operación que comprende el bombardeo de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. El Gobierno de Washington ha ejecutado 27 de estos ataques en aguas internacionales, destruyendo 31 naves, aunque sin ofrecer evidencia pública que corrobore sus acusaciones.
Funcionarios estadounidenses mantienen que su propósito es combatir el tráfico de drogas, pero la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró en una entrevista con Vanity Fair que los asaltos a barcos pretendían presionar al presidente Nicolás Maduro para que 'se rindiera'. Esta revelación sugiere una motivación política detrás de las operaciones militares.
En septiembre, Trump anunció que su administración había neutralizado una supuesta embarcación del Tren de Aragua que, según sus palabras, había partido de Venezuela transportando narcóticos. El mandatario afirmó que once personas perdieron la vida en esta operación.
Tras asumir su segundo mandato el 20 de enero, Trump ha mantenido al Tren de Aragua como elemento central de su política antiinmigratoria y de seguridad. El Departamento de Estado catalogó al grupo como organización terrorista en febrero, lo que ha justificado la detención y deportación de presuntos miembros desde territorio estadounidense.
Se trata de una banda transnacional que nació en el seno del sistema penitenciario venezolano y que ha extendido sus redes hacia el sur y norte del continente americano en los últimos lustros. Una investigación de CNN en 2023 confirmó la presencia activa de sus integrantes en ciudades de Estados Unidos.
La Fiscalía General de Venezuela anunció en enero de 2025 la desarticulación del Tren de Aragua, aunque no ha presentado la captura de Héctor "el Niño" Guerrero, identificado como el máximo líder de la organización, cuya ubicación permanece desconocida.
El Tren de Aragua está considerado como la organización delictiva más grande e influyente de Venezuela, según reportes de la organización Insight Crime y el Gobierno de Estados Unidos.
Las raíces de esta megabanda se remontan a 2005, cuando surgió de un sindicato de trabajadores de la construcción de un proyecto ferroviario que conectaría los estados Aragua y Carabobo. De allí proviene su nombre. Según el informe de este centro de investigación especializado en crimen organizado latinoamericano, el sindicato inicialmente cobraba por la asignación de puestos laborales.
El modus operandi de la organización evolucionó rápidamente desde sus orígenes sindicales hacia actividades delictivas más lucrativas. En las cárceles venezolanas, el grupo consolidó su estructura jerárquica y expandió su control hacia actividades como extorsión, secuestro, tráfico de personas y narcotráfico. Su influencia dentro del sistema penitenciario les permitió operar con relativa impunidad, extendiendo sus tentáculos hacia el exterior de las prisiones.
La migración venezolana masiva de los últimos años sirvió como vehículo para la expansión internacional del grupo. Miembros de la organización se infiltraron en los flujos migratorios hacia países como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos, estableciendo células en ciudades principales. Esta expansión transformó al Tren de Aragua en una de las pocas organizaciones criminales venezolanas con verdadera proyección transnacional.
La respuesta estadounidense ha sido contundente. La designación como organización terrorista, anunciada en febrero, representa un escalamiento significativo en la persecución del grupo. Esta medida legal permite a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones más severas, congelar activos y facilitar procesos de deportación acelerados. La administración Trump ha utilizado esta designación para justificar operaciones militares y de inteligencia en territorio venezolano.
La controversia en torno a los ataques con drones radica en la falta de transparencia y evidencia pública. Mientras Washington insiste en que los objetivos son instalaciones narcotraficantes, el Gobierno venezolano denuncia violaciones a su soberanía. El ataque de diciembre contra la instalación portuaria marca una nueva fase en estas operaciones, al trasladar el conflicto desde aguas internacionales a territorio continental.
Expertos en seguridad regional advierten que esta estrategia puede tener consecuencias impredecibles. La militarización de la lucha contra el narcotráfico en la región caribeña, combinada con la presión política contra el régimen de Maduro, crea un escenario volátil. La posibilidad de enfrentamientos directos entre agentes estadounidenses y fuerzas venezolanas, o de represalias contra intereses estadounidenses en la región, no puede descartarse.
La situación de Héctor "el Niño" Guerrero, líder histórico del grupo, sigue siendo un misterio. Su ausencia en los anuncios oficiales de capturas sugiere que o bien permanece en libertad, o su poder dentro de la organización ha sido superado por otros líderes. Algunos analistas especulan que la estructura descentralizada del grupo, con células autónomas en diferentes países, ha reducido la importancia de una cabeza visible.
La complejidad del fenómeno Tren de Aragua refleja los desafíos de la seguridad hemisférica. No se trata solo de una organización criminal, sino de un síntoma de las crisis económicas, sociales y políticas que han afectado a Venezuela. La falta de oportunidades legítimas, el colapso de instituciones y la desesperación han alimentado el reclutamiento de estas estructuras.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada. Organismos de derechos humanos han cuestionado tanto las operaciones militares estadounidenses sin mandato internacional como la falta de acción efectiva del Estado venezolano para controlar las cárceles y desmantelar estas organizaciones desde sus raíces. La solución, según expertos, requiere cooperación judicial y policial multilateral, no solo respuestas militares unilaterales.
El futuro inmediato parece apuntar a más tensiones. Con la administración Trump comprometida en su línea dura contra Venezuela y el narcotráfico, y el Tren de Aragua adaptándose a la presión internacional, el escenario caribeño se configura como un nuevo foco de inestabilidad en las relaciones interamericanas. La falta de canales de diálogo efectivos y la desconfianza mutua complican cualquier posibilidad de entendimiento.
La estrategia de la administración Trump combina elementos de guerra contra las drogas con presión política, un enfoque que recuerda a las políticas de las décadas pasadas en América Latina. Sin embargo, el contexto actual presenta nuevas variables: la migración masiva, la crisis venezolana y la capacidad de estas organizaciones para adaptarse y expandirse digitalmente.
Analistas señalan que la designación como terrorista, mientras facilita acciones legales, también puede tener efectos no deseados. Puede dificultar la cooperación con países que no comparten esta clasificación y puede legitimar aún más el uso de la fuerza militar en territorio soberano, estableciendo precedentes preocupantes para el derecho internacional.
La situación en las cárceles venezolanas, donde el Tren de Aragua consolidó su poder, sigue siendo un problema sin resolver. La falta de control estatal en estos centros ha permitido que grupos armados organicen sus actividades desde dentro, utilizando las prisiones como centros de comando. Esta realidad subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario venezolano.
Mientras tanto, las comunidades migrantes venezolanas en el exterior enfrentan el estigma asociado a esta organización. La amplia difusión de la etiqueta "terrorista" ha generado discriminación y sospechas generalizadas, afectando a miles de ciudadanos que huyen de la crisis sin tener vínculos con el crimen organizado.
El balance de las operaciones militares estadounidenses sigue siendo objeto de debate. Si bien Washington celebra la destrucción de embarcaciones y la interdicción de cargamentos, críticos argumentan que estas acciones no abordan las causas estructurales del problema: la demanda de drogas en mercados internacionales, la corrupción que facilita el tráfico y la ausencia de alternativas económicas en zonas de producción y tránsito.
La ausencia de Héctor "el Niño" Guerrero en los operativos de captura sugiere que la estructura del Tren de Aragua puede haber evolucionado hacia un modelo más resiliente, con liderazgo distribuido que no depende de una sola figura. Esta adaptación dificulta aún más su desarticulación total.
En conclusión, el Tren de Aragua representa un desafío multidimensional que trasciende la simple persecución policial. Su origen en sindicatos laborales, expansión carcelaria, proyección internacional y adaptación a nuevas realidades demuestra la complejidad del crimen organizado contemporáneo. La respuesta efectiva requiere una combinación de inteligencia, cooperación internacional, reformas institucionales y abordaje de las causas sociales que alimentan estas redes.