La política de deportaciones masivas del Gobierno de Donald Trump ha alcanzado de forma inesperada al círculo familiar de una de sus principales voceras. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene detenida desde mediados de noviembre a Bruna Caroline Ferreira, una brasileña que es madre del sobrino de Karoline Leavitt, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca. El caso ha desatado una intensa polémica por las contradicciones entre la versión oficial y la documentación presentada por la defensa.
Ferreira, de origen brasileño, fue arrestada el pasado 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, y trasladada de inmediato al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Louisiana, donde aguarda resolución sobre su posible expulsión del país. Su abogado, Todd Pomerleau, ha presentado documentación que demuestra que su clienta llegó legalmente a territorio estadounidense y se encontraba protegida bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), además de estar en proceso de regularización de su situación para obtener la residencia permanente.
La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional presenta un relato diametralmente opuesto. Según un portavoz gubernamental citado por la cadena NBC, Ferreira sería una "extranjera indocumentada delincuente" que habría permanecido en el país tras la expiración de su visa de turista en junio de 1999. Además, las autoridades aseguran que existía una orden de arresto en su contra por presunta agresión, aunque no han especificado el desenlace de dicho procedimiento judicial.
El letrado de la detenida ha desmentido categóricamente estas acusaciones. "Bruna no tiene antecedentes penales. No sé de dónde surge esa información. Exijan las pruebas. No existe ningún cargo en su contra. No es una delincuente ni una inmigrante ilegal; estamos escuchando esas acusaciones contra cualquier persona que no posea ciudadanía estadounidense", declaró Pomerleau con contundencia. El abogado ha reiterado que su defendida se acogió al programa DACA, que protege de la deportación a quienes llegaron siendo menores al país.
El contexto familiar añade una capa de complejidad adicional al caso. El hijo de Ferreira, que es sobrino de la portavoz presidencial, reside desde su nacimiento en New Hampshire con su padre, Michael Leavitt, quien es hermano de Karoline. Aunque la madre biológica no convive con el menor, ha mantenido una relación constante con él a lo largo de los años. Michael Leavitt declinó ofrecer declaraciones ante los medios este martes, argumentando la necesidad de proteger la privacidad de su hijo y asegurando que su única prioridad es el bienestar del niño tras la detención de su madre.
El programa DACA, instaurado durante la administración Obama, ha sido blanco constante de críticas por parte del presidente Trump, quien en su primer mandato intentó sin éxito eliminarlo por completo. La situación de Ferreira ilustra la precariedad que enfrentan los denominados dreamers, beneficiarios de esta protección temporal. Según datos de la agencia AP, al menos veinte personas amparadas por DACA han sido arrestadas por agentes del ICE en los últimos meses, lo que genera serias dudas sobre las supuestas prioridades de las autoridades migratorias.
Aunque el Gobierno ha proclamado públicamente que las operaciones del ICE se centran en personas con antecedentes criminales graves, la realidad muestra un patrón diferente. La mayoría de las detenciones recientes han afectado a inmigrantes sin historial delictivo, muchos de ellos con estatus legal o en proceso de regularización, como es el caso de Ferreira. Esta discrepanica entre el discurso oficial y la práctica ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes.
La familia de la detenida ha movilizado recursos para enfrentar la situación legal. A través de la plataforma GoFundMe, han iniciado una campaña de recaudación de fondos destinada a cubrir los costes de la defensa jurídica. En la descripción de la campaña, los familiares describen a Ferreira como una mujer que fue traída a Estados Unidos siendo una niña en 1998 y que "ha hecho todo lo que estaba en sus manos para construir una vida estable y honesta" en el país.
El caso ha adquirido una dimensión política significativa por la posición de Karoline Leavitt como principal portavoz de la administración Trump. Desde su rol, Leavitt ha defendido sin matices las políticas de cero tolerancia del presidente, incluyendo las deportaciones masivas y la retórica antiinmigrante. La situación de su familiar pone a prueba la coherencia de estas posturas cuando el impacto llega al ámbito personal.
Expertos en derecho migratorio consultados por distintos medios han señalado que la detención de beneficiarios de DACA representa un cambio de criterio en la aplicación de la ley. Tradicionalmente, estos casos se consideraban bajas prioridades para la deportación, pero la actual administración ha ampliado el espectro de personas susceptibles de ser detenidas y expulsadas.
El Centro de Procesamiento de Louisiana, donde permanece Ferreira, es conocido por sus duras condiciones y por albergar a cientos de detenidos migratorios. Los abogados defensores denuncian frecuentemente la falta de acceso a documentación legal adecuada y los plazos acelerados para los procesos de deportación en estas instalaciones.
La comunidad brasileña en Massachusetts, donde residía Ferreira, ha expresado su consternación por el arresto. Activistas locales organizaron una vigilia pacífica para demandar su liberación y denunciar lo que consideran una política migratoria arbitraria y deshumanizada. "Este caso demuestra que nadie está a salvo, ni siquiera los familiares de quienes trabajan en la Casa Blanca", declaró una portavoz de una organización de defensa de inmigrantes.
El futuro inmediato de Bruna Caroline Ferreira depende ahora de las decisiones de los tribunales de inmigración y de la posible intervención de instancias superiores. Su abogado ha anunciado que presentará una serie de recursos legales para impugnar la detención y demostrar su estatus legal en el país. Mientras tanto, su hijo, de apenas nueve años, enfrenta la incertidumbre de no saber cuándo volverá a ver a su madre.
Este incidente se suma a una serie de casos que han cuestionado la implementación de las políticas migratorias del Gobierno Trump. La detención de dreamers, la separación familiar y las deportaciones rápidas sin debido proceso son aspectos que han generado debate nacional e internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el sistema de inmigración estadounidense.
La ironía de que una familiar directa de quien defiende estas políticas sea ahora víctima del mismo sistema no ha pasado desapercibida. Analistas políticos sugieren que este caso podría generar tensiones internas dentro de la administración, aunque hasta el momento ni Karoline Leavitt ni la Casa Blanca han emitido declaraciones públicas al respecto.
Mientras tanto, la campaña de GoFundMe continúa recibiendo donaciones de personas conmocionadas por la historia. El objetivo es reunir fondos suficientes para asegurar una representación legal de primera línea que pueda navegar la complejidad del sistema judicial de inmigración y lograr la liberación de Ferreira.
El caso ha reavivado el debate sobre el futuro del programa DACA y la necesidad de una reforma migratoria integral que proporcione seguridad jurídica a miles de jóvenes que han crecido en Estados Unidos y consideran este país su único hogar. La incertidumbre que enfrentan los beneficiarios del programa continúa siendo una espada de Damocles sobre sus cabezas, independientemente de sus méritos personales o sus vínculos familiares con funcionarios del Gobierno.