La España política de comienzos de 2026 presenta una paradoja difícil de digerir. Más de siete de cada diez ciudadanos anhelan un adelanto electoral, pero casi seis de cada diez dan por hecho que el Ejecutivo resistirá hasta el final del mandato en 2027. Esta disonancia cognitiva no es un mero dato estadístico, sino el reflejo de un malestar profundo que atraviesa toda la sociedad española desde hace meses.
Los españoles claman por un cambio de rumbo, pero han dejado de confiar en su materialización. El descontento es palpable, sin embargo, carece de canales efectivos para traducirlo en transformación política real. La frustración se manifiesta principalmente en el ámbito digital y en conversaciones privadas, pero no encuentra eco en la esfera pública de manera organizada ni sostenida.
La gestión del Ejecutivo ha convertido la inacción en su modus operandi habitual. Lo que podría entenderse como una táctica defensiva legítima -agotar la legislatura para evitar unas elecciones en momento desfavorable- ha derivado en un bloqueo institucional que afecta los cimientos mismos del sistema democrático español.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 constituye el síntoma más evidente de esta parálisis. La prórroga de las cuentas públicas por tercer año consecutivo no es un mero trámite administrativo, sino una renuncia explícita a la planificación económica y social del país. La senda de estabilidad presupuestaria ha sido rechazada en dos ocasiones por la Cámara Baja, mientras el socio parlamentario imprescindible, Junts, anunció en noviembre pasado un bloqueo total mediante enmiendas a la totalidad contra cualquier iniciativa legislativa que no responda a sus intereses exclusivos.
Este escenario convierte el Parlamento en una mera sala de registro de votos para cuestiones puntuales, privando a la maquinaria legislativa de su función esencial. En sistemas democráticos consolidados, tal situación habría provocado una crisis de gobierno irreversible. En España, curiosamente, se ha normalizado bajo la etiqueta de "gestión de crisis", como si fuera una contingencia temporal en lugar de una anomalía estructural.
Los escándalos de corrupción han alcanzado una dimensión inédita en la democracia reciente. Figuras como José Luis Ábalos y Koldo García permanecen en prisión preventiva, mientras cerca de una octogena de cargos socialistas están bajo investigación judicial. La condena del fiscal general y las múltiples denuncias por acoso sexual dentro del partido de gobierno han minado la confianza institucional hasta niveles críticos que ponen en riesgo la legitimidad del propio sistema.
Lo más preocupante no es tanto la magnitud de estos casos, sino la respuesta social que han despertado. Las movilizaciones de 2025 han sido esencialmente sectoriales: colectivos de vivienda, autónomos y sanitarios han salido a las calles con demandas específicas y concretas. Sin embargo, aquella movilización transversal que en 2011 ocupó plazas de medio centenar de ciudades, o la que en 2023-2024 protestó masivamente contra la amnistía, ha desaparecido por completo del panorama público.
El descontento persiste, pero se ha vuelto difuso, fragmentado y, sobre todo, apático. La ciudadanía parece agotada frente al muro del callejón sin salida construido por la política institucional. La sensación de impotencia ha reemplazado a la indignación activa, generando una resignación ciudadana que paraliza cualquier intento de presión colectiva.
La polarización ha infectado hasta las relaciones personales más íntimas. Datos recientes revelan que el 14% de la población ha roto vínculos familiares o de amistad por discrepancias políticas en el último año. El 60% evita deliberadamente el tema en reuniones familiares para prevenir conflictos que considera insuperables. La política ya no es un debate de ideas, sino una fuente de tensión interpersonal que se prefiere eludir por completo.
Este clima de crispación, combinado con la sensación de impotencia, genera una resignación peligrosa para la salud democrática. La democracia española no solo enfrenta una crisis de representatividad, sino también una crisis de participación activa y comprometida. Cuando los ciudadanos dejan de creer en la posibilidad del cambio, el sistema entero se resquebraja y pierde su fundamento.
La paradoja es evidente: mientras más se demanda renovación democrática, menos se confía en los mecanismos para alcanzarla. Las redes sociales se han convertido en válvula de escape, pero también en cámara de eco que refuerza la fragmentación y el aislamiento ideológico. Las conversaciones en círculos cercanos sirven para desahogar, pero no para organizar ni para articular propuestas alternativas.
El Gobierno, por su parte, ha perfeccionado el arte de la supervivencia política sin agenda transformadora. La resistencia se ha convertido en bloqueo, y el bloqueo en estatus quo permanente. La oposición, mientras tanto, parece incapaz de articular una alternativa creíble que movilice a esa mayoría silenciosa que anhela elecciones y un nuevo proyecto de país.
El resultado es un país que funciona a medio gas, con instituciones debilitadas y una ciudadanía desconectada de los procesos de toma de decisiones. La España de 2026 no es solo una democracia en modo de espera, es una democracia que ha perdido la fe en su propia capacidad de regeneración y renovación.
La pregunta que subyace no es ya cuándo habrá elecciones, sino si las elecciones resolverán el desgaste acumulado durante estos años de parálisis. La resignación ciudadana no es solo un problema de gobernabilidad, es un síntoma de agotamiento democrático que requiere más que un simple cambio de ejecutivo o de mayoría parlamentaria.
Hasta que no se restablezca la confianza en las instituciones y se reactive el tejido social, España seguirá atrapada en este punto muerto que paraliza su presente y condiciona su futuro. Y los ciudadanos, resignados, seguirán esperando un cambio que cada vez parece más lejano e inalcanzable.