La explotación del tranvía de Granada ha dado un giro inesperado. El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha hecho pública la exclusión de Alsa-National Express Rail GmbH del proceso de adjudicación para gestionar este servicio esencial de transporte público. La decisión, adoptada este lunes por la mesa de contratación, ha sorprendido al sector y a la ciudadanía, que veían a la compañía como favorita desde el pasado mes de noviembre.
El motivo de esta exclusión radica en una falta de cumplimiento administrativo. Durante una revisión exhaustiva del expediente, los técnicos detectaron que la empresa no había presentado toda la documentación necesaria dentro del plazo establecido reglamentariamente. Este incumplimiento, aunque pueda parecer un mero trámite burocrático, es considerado de gran importancia en los concursos públicos, donde el rigor en la presentación de papeles es tan relevante como la oferta económica y técnica.
Según las fuentes consultadas, la mesa de contratación actuó de oficio al identificar esta carencia documental. La normativa vigente, concretamente el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la cláusula 10.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), establece de forma clara e inequívoca los requisitos que las empresas candidatas deben satisfacer antes de ser declaradas adjudicatarias definitivas.
El proceso había llegado a una fase muy avanzada. El pasado 5 de noviembre, la propia Junta de Andalucía comunicó que la UTE formada por Nex Continental Holdings SLU, Alsa Ferrocarril SAU y National Express Real presentaba la mejor oferta técnica y económica de todo el concurso. Esta valoración llevó a la mesa a proponerla como adjudicataria provisional, requiriendole que en un plazo de diez días hábiles aportara la documentación justificativa previa a la adjudicación.
Sin embargo, ese plazo venció sin que la empresa presentara los papeles exigidos. Ante esta situación, los responsables del procedimiento no tuvieron más remedio que aplicar la ley con rigor y excluirla del proceso. Esta decisión pone de manifiesto la exigencia del sector público andaluz con el cumplimiento normativo, priorizando el estricto apego a la legalidad por encima de consideraciones de otra índole.
Con la salida de Alsa del concurso, la mesa de contratación ha propuesto como nueva adjudicataria a Avanza, la segunda oferta mejor valorada en la fase de licitación. Esta empresa, que ya opera en otros municipios andaluces, deberá ahora presentar íntegramente toda la documentación requerida en un período de diez días hábiles para demostrar su cumplimiento con los requisitos legales y técnicos establecidos.
La noticia ha generado un notable impacto en el sector del transporte público. Alsa, que ya gestiona numerosas líneas de autobuses en Granada y en toda España, ve cómo se le escapa una oportunidad estratégica de diversificar su operativa hacia el ferrocarril urbano. La compañía, filial del grupo británico National Express, había mostrado un gran interés por hacerse con la explotación del tranvía, considerado uno de los proyectos de movilidad más relevantes de la capital granadina.
El tranvía de Granada, que conecta importantes puntos de la ciudad, representa un servicio crítico para los desplazamientos diarios de miles de personas. Su gestión implica no solo la operativa diaria, sino también el mantenimiento, la planificación de frecuencias, la atención al usuario y la integración con otros modos de transporte. El contrato, por tanto, tiene un valor económico significativo y una gran relevancia social.
Desde el punto de vista procesal, la decisión de la Junta de Andalucía abre un debate sobre la complejidad de los pliegos de contratación y la necesidad de que las empresas dispongan de sistemas de gestión documental robustos que eviten este tipo de incidencias. La experiencia demuestra que, en ocasiones, los plazos administrativos y la cantidad de papeles requeridos pueden generar situaciones de riesgo para las compañías participantes.
Para Avanza, esta situación representa una oportunidad de oro. La empresa, que ya opera en ciudades como Málaga o Almería, podría ahora hacerse con la gestión de un tranvía que cada año transporta millones de viajeros. Sin embargo, deberá extremar la precaución en la presentación de su documentación para no incurrir en el mismo error que su competidora.
El próximo paso del procedimiento será la revisión de la documentación que Avanza deberá presentar en los próximos días. Si todo está correcto, la Junta de Andalucía podría firmar el contrato en cuestión de semanas, poniendo fin a un proceso que ha estado marcado por esta inesperada exclusión.
La ciudadanía granadina, mientras tanto, espera que esta situación no afecte al servicio del tranvía, que debe continuar funcionando con normalidad. La prioridad es garantizar la calidad del transporte público y que los cambios administrativos no se traduzcan en problemas operativos para los usuarios.
En definitiva, la exclusión de Alsa del concurso del tranvía de Granada por falta de documentación pone de relieve la importancia del cumplimiento administrativo en la contratación pública. Una decisión que, aunque sorprendente, refuerza la transparencia y el rigor en la gestión de los servicios públicos andaluces.