Bruselas amaneció este jueves convertida en un escenario de resistencia rural sin precedentes. Miles de productores agrícolas, acompañados por centenares de tractores que comenzaron a llegar en la noche del miércoles, han tomado las calles de la capital europea en una demostración de fuerza que paraliza la ciudad. La protesta, coordinada por organizaciones agrarias de toda la Unión Europea, tiene como objetivo principal denunciar las reformas previstas en la Política Agrícola Común (PAC) y el controvertido acuerdo comercial con el Mercosur.
La manifestación coincide estratégicamente con la celebración de una cumbre de presidentes comunitarios, un hecho que los convocantes han aprovechado para maximizar el impacto mediático y político de su reclamación. Aunque el tratado con los países sudamericanos no figura oficialmente en el orden del día, los agricultores presionan para que sus preocupaciones sean escuchadas en las altas instancias del poder europeo. La proximidad física entre el lugar de la protesta y el edificio del Consejo Europeo no es casualidad, sino una declaración de intenciones.
El epicentro de las protestas se sitúa en la Plaza de Luxemburgo, a escasos metros del Parlamento Europeo. Desde primera hora de la mañana, los tractores han bloqueado los accesos principales, generando importantes cortes de tráfico y paralizando buena parte de la actividad administrativa de la zona. Testimonios presenciales hablan de columnas de humo visibles a kilómetros de distancia y de un despliegue policial considerable para intentar mantener el orden. Algunos edificios del complejo parlamentario han tenido que ser evacuados por precaución, lo que demuestra la intensidad de la movilización.
El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha sido uno de los portavoces más contundentes. "Hemos venido a decir basta a la señora Von der Leyen. No ha cumplido nada de lo que prometió el año pasado cuando estábamos en la calle. Nada, es nada", ha manifestado con tono enfadado. Barato ha cuestionado la reducción presupuestaria de la PAC, que según sus cálculos "baja un 22% sin contar la inflación, y si la incluimos, la caída real alcanza el 32%". Estas cifras, que el líder agrario ha repetido en múltiples entrevistas, reflejan la frustración de un sector que ve mermados sus recursos en un contexto de crecientes exigencias.
Las críticas al acuerdo UE-Mercosur ocupan un lugar central en las reivindicaciones. El dirigente agrario ha puesto ejemplos concretos de la competencia desleal que, a su juicio, sufrirán los productores europeos. "Yo cultivo remolacha y en España tengo prohibido utilizar neonicotinoides, un tipo de fitosanitario. Sin embargo, en los países del Mercosur no existe esa restricción. Eso crea una competencia totalmente desigual", ha argumentado. Esta diferencia normativa, según los expertos, puede suponer una desventaja competitiva del 15-20% en los costes de producción.
La cuestión de la carne hormonada es otro de los puntos más sensibles y que más preocupa a los ganaderos europeos. Barato ha recordado que "Brasil ha admitido públicamente que no puede controlar el tema de la carne con hormonas. Por lo tanto, si no hay capacidad de control, nos van a inundar de producto que aquí está prohibido". Esta afirmación resume el miedo colectivo de un sector que ve amenazado su futuro por la apertura de fronteras a productos con estándares diferentes. La carne con hormonas de crecimiento está prohibida en la UE desde 1989, pero los controles en origen son complejos y costosos.
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano, ha reforzado el mensaje desde una perspectiva más social y territorial. "Un presupuesto un 20% menor no es lo que necesita el campo europeo, no es lo que necesita el campo español", ha declarado con rotundidad. Cano ha insistido en la necesidad de "medidas que favorezcan un reparto más justo y equitativo de las ayudas, priorizando el modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional, que es el que vertebra nuestro medio rural y el que se encuentra en mayor vulnerabilidad". Esta visión pone el foco en las consecuencias sociales de las políticas agrarias.
La protesta ha contado también con representación específica de regiones ultraperiféricas, cuyos productores enfrentan desafíos particulares. Sergio Cáceres, gerente y director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias, ha viajado hasta Bruselas para denunciar la situación de desventaja competitiva que vive el sector. "Las importaciones de banana de América y África no están sujetas a las mismas limitaciones que nosotros tenemos", ha explicado, subrayando la falta de reciprocidad normativa.
Cáceres ha detallado que "no les aplican las mismas normas de medio ambiente y tienen a su disposición decenas de materias activas que no están autorizadas para nuestra producción en Europa". Esta situación, que según el representante canario "viene ocurriendo hace ya 20 años", demuestra la frustración acumulada por años de políticas que, desde su punto de vista, no protegen suficientemente la agricultura comunitaria. La banana canaria, con unas 9.000 hectáreas cultivadas, compite con producciones de países donde los costes son sensiblemente inferiores.
El malestar entre los agricultores no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de ebullición con la negociación del acuerdo con el Mercosur. Los productores europeos se sienten abandonados por una institución que, mientras les exige cumplir con estrictos protocolos medioambientales y de sanidad, abre la puerta a competidores que no están sujetos a esas mismas exigencias. Esta percepción de doble rasero ha unido a organizaciones que tradicionalmente tenían posturas divergentes.
El descontento se ha traducido en acciones directas y visibles. Varios edificios del complejo parlamentario han tenido que ser desalojados por precaución, y el tráfico rodado en el centro de Bruselas permanece colapsado. Las autoridades locales han activado protocolos especiales, aunque por el momento no se han registrado enfrentamientos violentos de consideración. La policía ha establecido un perímetro de seguridad, pero la presencia de maquinaria agrícola en las calles de la capital europea envía un mensaje simbólico poderoso.
El sector agrario europeo representa millones de puestos de trabajo y es fundamental para la seguridad alimentaria del continente. Sin embargo, los productores advierten que las políticas actuales están poniendo en riesgo su viabilidad económica. La combinación de recortes presupuestarios, incremento de costes por la normativa ambiental y la amenaza de competencia desleal crea un cóctel explosivo que ha llevado a los agricultores a las calles. En España, el sector agrario emplea a más de 750.000 personas y representa el 2.6% del PIB.
La cumbre de presidentes que se celebra en estos días en Bruselas deberá abordar, quieran o no, la crisis agraria. Los manifestadores han logrado situar su reivindicación en el centro del debate político, y las instituciones comunitarias tendrán que buscar una respuesta que calme los ánimos de un sector que se siente en pie de guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a una de las mayores crisis de legitimidad en el sector agrario desde que asumió el cargo.
Mientras tanto, los tractores continúan apostados en las calles de Bruselas, y los agricultores mantienen su protesta. Su mensaje es claro: no están dispuestos a aceptar un acuerdo que, según afirman, sacrifica el futuro de la agricultura europea en aras de intereses comerciales ajenos a los productores del continente. La movilización sirve también como advertencia a los gobiernos nacionales, que tendrán que posicionarse ante una ciudadanía rural cada vez más movilizada y con capacidad de presión.