Médicos españoles inician huelga contra el Estatuto Marco por jornadas de 96 horas

Los profesionales sanitarios de toda España han iniciado este lunes una nueva jornada de movilizaciones que representa la cuarta huelga médica convocada en menos de un año. El motivo central de estas protestas es el rechazo al Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha elaborado junto a los principales sindicatos generalistas, pero sin el respaldo de las organizaciones representantes de los facultativos. La medida, que afecta a más de 210.000 médicos del Sistema Nacional de Salud, se prolongará durante cinco días consecutivos y se repetirá semanalmente hasta el mes de junio. Las concentraciones frente a hospitales y centros de salud se han extendido por comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Extremadura y Madrid, con consignas que reflejan el malestar del colectivo. Entre las frases más coreadas destacan "Queremos sanar sin enfermar", "Paciente, escucha, esta es tu lucha" y "Queremos trabajar como los demás", además de protestas directas contra la ministra de Sanidad, Mónica García. La delegada del Hospital Gregorio Marañón, Raquel Carrillo, ha sido una de las voces más contundentes al denunciar que los médicos españoles llegan a trabajar hasta 96 horas semanales, una situación que considera insostenible y que, según advierte, compromete directamente la seguridad del paciente. Esta cifra, que duplica con creces la jornada laboral estándar, ha sido el argumento principal para justificar la necesidad de una normativa específica que proteja las condiciones de los profesionales. El Comité de Huelga está conformado por las principales organizaciones médicas del país: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). Estos sindicatos han decidido mantener los paros en formato semanal desde febrero hasta junio, con la primera tanda de cinco días iniciando a las 08:00 horas del lunes 17 de febrero y finalizando el viernes 21 del mismo mes. El acuerdo que desencadenó estas movilizaciones fue firmado por el departamento de Mónica García en enero con sindicatos del Ámbito de Negociación como CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT, pero deliberadamente excluyendo a CIG-Saúde y, lo que es más significativo, sin contar con el visto bueno de los representantes específicos de los médicos. Esta exclusión ha generado un profundo descontento en el colectivo facultativo, que considera que el texto no aborda sus demandas históricas ni garantiza unas condiciones dignas. Los datos de seguimiento de la huelga muestran disparidades significativas según las fuentes consultadas. En Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha registrado un seguimiento del 18,77%, con ligeras variaciones entre provincias: 17,75% en Badajoz y 20,47% en Cáceres. Las autoridades regionales extremeñas han preferido no ofrecer cifras sobre consultas o intervenciones canceladas, prometiendo un balance completo para el próximo lunes una vez finalizada la primera semana de paros. La situación en Madrid presenta cifras notablemente contradictorias. Según el sindicato médico AMYTS, convocante de la huelga en la región, el seguimiento durante la primera jornada habría alcanzado un 65-75%, lo que indicaría un respaldo masivo del colectivo. Sin embargo, la Consejería de Sanidad madrileña ha ofrecido un dato radicalmente diferente, situando el seguimiento en el turno de mañana únicamente entre el 10-15%. Esta diferencia de percepción refleja la tensión entre las partes y la dificultad para establecer un diagnóstico objetivo del impacto real de la movilización. Más allá de los números, el fondo del conflicto radica en la demanda de un Estatuto Marco propio para la profesión médica que regule específicamente las condiciones laborales de los facultativos. Los médicos reclaman límites claros a la jornada laboral, garantías de descanso suficiente entre turnos, y un marco legal que proteja tanto su salud laboral como la calidad asistencial que reciben los ciudadanos. La protesta no es solo por mejores condiciones laborales, sino por la defensa de la calidad del sistema sanitario público. Los facultativos argumentan que la fatiga acumulada por jornadas excesivamente largas aumenta el riesgo de errores médicos, reduce la calidad de la atención y genera un deterioro progresivo de la salud mental y física de los profesionales. Esta situación, a su juicio, pone en peligro no solo a los trabajadores, sino a los propios pacientes que confían en el sistema. Las movilizaciones continuarán con un calendario establecido que mantendrá la presión sobre las administraciones. El Comité de Huelga ha anunciado que los paros se repetirán semanalmente hasta junio, lo que sugiere una estrategia de resistencia prolongada si no se alcanza un acuerdo satisfactorio. La ministra Mónica García se enfrenta así a uno de los conflictos laborales más complejos del sector público, con un colectivo altamente cualificado y organizado que ha demostrado su capacidad de movilización. El desafío ahora radica en encontrar un punto de equilibrio que satisfaga las demandas médicas sin comprometer la estabilidad presupuestaria del sistema. Mientras tanto, los ciudadanos pueden experimentar alteraciones en la atención sanitaria, con posibles retrasos en consultas externas, intervenciones programadas y servicios no urgentes. Las urgencias y los servicios mínimos están garantizados, pero la presión sobre los profesionales que no secundan la huelga aumenta, creando un círculo vicioso que refuerza los argumentos de los huelguistas. La situación pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre el modelo de gestión del talento sanitario en España. La emigración de médicos jóvenes, el envejecimiento de la plantilla y las condiciones laborales precarias son factores que, combinados, amenazan la sostenibilidad del sistema. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente para las relaciones laborales en el sector público en los próximos años. Con el inicio de esta nueva fase de movilizaciones, el sector sanitario español vive una de sus crisis laborales más intensas. La capacidad de negociación del Ministerio y la firmeza del Comité de Huelga determinarán si se alcanza un acuerdo antes de que finalice el calendario de paros previsto para junio. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo se desarrolla un conflicto que, en última instancia, afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria que reciben.