El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una controvertida reforma legal que endurece significativamente las penas para quienes cometen reiteradamente delitos leves. La iniciativa, impulsada por el grupo independentista Junts, contó con el respaldo inesperado del PSOE y de toda la derecha parlamentaria, generando una fuerte fractura en el arco gubernamental y dejando en evidencia las complejas alianzas que sustentan la legislatura.
La votación final arrojó un marcador poco habitual en la cámara baja: 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. Más allá de los números, lo verdaderamente significativo fue la composición de esos bloques. El Partido Socialista rompió filas con sus socios de Gobierno de izquierda —Sumar, que votó en contra junto con EH Bildu, Podemos y el BNG— para sellar un acuerdo con el PP, Vox, Junts, el PNV y UPN. Solo ERC y Coalición Canaria optaron por la abstención, intentando navegar entre dos aguas en un debate que ha puesto de manifiesto las tensiones internas del ejecutivo.
El origen de esta reforma se remonta a las demandas históricas de Junts, que ha mantenido esta propuesta como una de sus banderas en materia de seguridad ciudadana. Según fuentes del grupo independentista, el mismo día que Carles Puigdemont anunció la ruptura de su relación con el Gobierno central, el PSOE activó de inmediato los mecanismos para reactivar la comisión que debatía esta iniciativa. Un movimiento interpretado como un claro gesto de acercamiento hacia la formación que lidera el expresidente catalán, en un momento de máxima tensión política.
La reforma afecta directamente al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo modificaciones sustanciales en cómo se castigan los delitos leves cuando son cometidos de forma reiterada. Hasta ahora, infracciones como hurtos de bajo valor, pequeñas estafas o sustracciones de objetos personales recibían penas relativamente moderadas. Con la nueva normativa, quien acumule más de tres antecedentes de este tipo podrá enfrentarse a condenas de hasta tres años de prisión.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la creación de figuras específicas para el robo de dispositivos electrónicos. Los teléfonos móviles, tabletas y otros equipos que contengan datos personales reciben un tratamiento especialmente severo, reconociendo el impacto que estas sustracciones tienen en la vida cotidiana de las víctimas. La medida responde a la creciente preocupación social por este tipo de delitos, particularmente en zonas urbanas con alta densidad de población.
Además, la normativa refuerza las facultades judiciales para imponer medidas de alejamiento. Los jueces podrán prohibir el acceso a barrios, calles o zonas específicas a aquellos condenados por reincidencia, una herramienta que busca prevenir la comisión de nuevos delitos en áreas concretas. Esta medida ha generado debate entre expertos en derecho penal, que advierten sobre posibles problemas de aplicación práctica.
El contexto catalán ha sido fundamental en esta tramitación. Junts convocó a una veintena de alcaldes y concejales de municipios catalanes para asistir a la votación, convirtiendo la jornada en un acto de celebración política. En el patio del Congreso, los representantes independentistas posaron para las cámaras con gestos de satisfacción, mostrando una unidad inusual alrededor de una causa común. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara, no ocultó su regocijo: "Los ladrones que asustan a nuestra gente ya no entrarán por una puerta y saldrán por la otra", declaró ante los medios.
El PSC, filial catalana del PSOE, también movilizó a varios alcaldes del área metropolitana de Barcelona para respaldar la iniciativa, evidenciando que la presión desde el territorio ha sido un factor determinante. La percepción de inseguridad en ciertos municipios catalanes ha llevado a los líderes locales a demandar medidas más contundentes, independientemente de su adscripción ideológica.
Desde el punto de vista político, esta votación representa un punto de inflexión en la estrategia del PSOE. El partido que lidera Pedro Sánchez ha optado por la geometría variable, una práctica que ya utilizó en la pasada legislatura con Ciudadanos para aprobar reformas clave como la laboral. Sin embargo, en esta ocasión, el coste político es mayor. La ruptura con Sumar y otras fuerzas de izquierda no es coyuntural, sino que refleja diferencias profundas sobre el modelo de seguridad y justicia que debe prevalecer en España.
Para Sumar, la reforma supone un retroceso en materia de política criminal. La coalición de izquierda considera que el endurecimiento de penas no resuelve los problemas de fondo y que criminaliza conductas que deberían abordarse desde la prevención y la reinserción. Su portavoz en el Congreso calificó la medida de "populista punitiva" que responde más a presiones mediáticas que a evidencias científicas sobre la eficacia de las políticas de castigo.
La derecha, por su parte, ha celebrado la aprobación como una victoria de sus tesis. El PP y Vox, aunque habitualmente críticos con el Gobierno, han respaldado la iniciativa argumentando que responde a una demanda ciudadana legítima. Para el PP, se trata de demostrar que pueden ser constructivos cuando las propuestas se alinean con su ideario. Para Vox, la medida no es suficientemente dura, pero representa un paso en la dirección correcta.
ERC, socio tradicional de Junts en el independentismo catalán, optó por la abstención, una posición que refleja su dilema. Por un lado, comparte la preocupación por la seguridad en Cataluña; por el otro, no quiere alinearse abiertamente con una medida que fractura el espacio progresista. Esta postura intermedia le permite mantener cierta coherencia con su electorado sin romper del todo con sus aliados naturales.
Las implicaciones de esta reforma van más allá del ámbito estrictamente penal. Abre un precedente sobre cómo se pueden articular las mayorías parlamentarias en una legislatura compleja como la actual. El PSOE ha demostrado que está dispuesto a pagar un precio político interno para mantener contentos a sus socios externos, particularmente a Junts, cuyos votos son cruciales para la estabilidad del Gobierno.
Expertos en derecho constitucional advierten que esta dinámica puede generar inestabilidad. "Cuando un Gobierno de coalición no logra mantener la unidad en votaciones de esta envergadura, se cuestiona su capacidad de gobernabilidad", señala un catedrático de derecho público. La tensión entre la necesidad de asegurar apoyos parlamentarios y la coherencia ideológica se ha vuelto más evidente que nunca.
La oposición ya ha anunciado que seguirá de cerca la implementación de la norma. Sumar ha adelantado que presentará enmiendas en el Senado para intentar suavizar algunos de los preceptos más controvertidos, aunque las expectativas de éxito son limitadas dado el amplio apoyo que ha recibido la iniciativa en el Congreso.
Para la ciudadanía, la reforma plantea interrogantes sobre su efectividad real. Las asociaciones de vecinos de zonas afectadas por la pequeña delincuencia la celebran como una herramienta más para la seguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos de juristas advierten sobre el riesgo de criminalización de colectivos vulnerables y la posible saturación del sistema penitenciario con condenados por delitos de escasa gravedad.
El Gobierno, a través de fuentes oficiales, ha intentado minimizar el conflicto interno. "Se trata de una medida técnica que responde a una demanda social, no de una cuestión ideológica", argumentan desde La Moncloa. Esta lectura, sin embargo, no ha convencido a sus socios de izquierda, que consideran que el PSOE está virando hacia posiciones más conservadoras en materia de seguridad.
El camino legislativo de la reforma aún no ha concluido. Tras su paso por el Congreso, el texto debe ser tramitado en el Senado, donde se prevé un debate menos tenso dada la mayoría absoluta del PSOE. La previsión es que la norma entre en vigor antes de finalizar el año, aunque su aplicación práctica generará sin duda nuevos debates jurídicos y políticos.
Mientras tanto, en Cataluña, Junts ya ha anunciado que esta victoria es solo el comienzo. "Hemos demostrado que nuestras propuestas, lejos de ser marginales, responden a preocupaciones reales de la gente", aseguraron fuentes de la formación. La presión sobre el PSOE para seguir adoptando medidas de este calado no hará más que aumentar en los próximos meses.
La geometría variable, esa práctica política que permite tejer alianzas según las circunstancias, ha demostrado una vez más su utilidad para sacar adelante iniciativas legislativas. Pero también ha puesto de manifiesto su coste en términos de cohesión de Gobierno. El PSOE tendrá que gestionar cuidadosamente las consecuencias de esta decisión, especialmente cuando se acerquen otros debates de similar calado, como los presupuestos generales del Estado.
En definitiva, la aprobación de esta reforma marca un capítulo más en la compleja relación entre el Gobierno central y los partidos independentistas catalanes. Un capítulo donde las prioridades de seguridad ciudadana han primado sobre la coherencia ideológica, y donde las alianzas parlamentarias han dibujado un mapa político tan complejo como el que ha caracterizado esta legislatura desde su inicio.