Aena ha convocado un consejo de administración extraordinario para el próximo martes 17 de febrero con un objetivo ambicioso: debatir y potencialmente aprobar su propuesta para el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que establece un marco de inversiones sin precedentes en la infraestructura aeroportuaria española. Según fuentes empresariales, la cifra alcanza los 10.000 millones de euros, una cantidad que busca modernizar y expandir las instalaciones que gestiona el operador público.
El DORA III cubrirá el período 2027-2031 y representa una respuesta a las crecientes demandas de capacidad y modernización en los principales aeropuertos del país. Entre las actuaciones más destacadas figuran las primeras fases de la ampliación del aeropuerto de El Prat, cuyo coste total se estima en unos 3.200 millones de euros. De esta cantidad, algo más de 1.000 millones se ejecutarían durante este nuevo marco regulatorio, incluyendo la renovación integral de las terminales T1 y T2, mientras que las actuaciones restantes quedarían programadas a partir de 2032.
El proyecto para Barcelona no es el único contemplado. El plan también recoge nuevos desarrollos en torno a Barajas y otras instalaciones de la red, todas ellas sometidas a la aprobación de las autoridades comunitarias. La necesidad del visto bueno de Bruselas subraya la complejidad regulatoria de estas inversiones, que deben cumplir con los estándares de competencia y eficiencia de la Unión Europea.
El calendario previsto es estricto. La intención de Aena es remitir el documento antes del 15 de marzo tanto a la Dirección General de Aviación Civil como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta presentación formal permitiría que el Ministerio de Transportes eleve la propuesta al Consejo de Ministros en septiembre, cumpliendo así con los plazos establecidos para la planificación estratégica del sector.
El DORA III no solo detalla las inversiones de carácter regulado, que alcanzan casi los 10.000 millones en los aeropuertos españoles gestionados directamente por Aena —con la excepción del de la Región de Murcia, que opera bajo régimen de concesión—, sino que también establece los estándares de calidad operativa y las previsiones de tráfico para los próximos años. Estos elementos son fundamentales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la prestación de servicios de calidad a los usuarios.
Sin embargo, el aspecto más polémico del documento radica en la senda de revisión tarifaria. Aena defendió recientemente que las tasas aeroportuarias en España se encuentran entre las más bajas de Europa, incluso después de la subida del 6,4% aplicada este año, la primera en varios ejercicios consecutivos. Esta cifra equivale a un coste aproximado de 11 euros por pasajero, un monto que la empresa considera competitivo en el contexto internacional.
La aerolínea Ryanair, líder en tráfico en España, ha convertido este incremento tarifario en un verdadero campo de batalla. La compañía de bajo coste ha respondido con medidas contundentes, retirando capacidad de varios aeropuertos regionales al argumentar que, con la nueva estructura de costes, estas instalaciones pierden competitividad. Esta decisión ha generado preocupación en territorios que dependen en gran medida de la conectividad aérea para su desarrollo económico y turístico.
Desde Aena se insiste en que el análisis de todos los parámetros —tráfico, calidad, mantenimiento, capacidad y tarifas— se ha realizado desde una perspectiva técnica y objetiva. El operador aeroportuario sostiene que el DORA III estará marcado por una inversión muy elevada, considerada imprescindible tras dos décadas de escaso esfuerzo inversor en la red. Esta falta de actualización, argumentan, ha permitido mantener congeladas las tarifas en términos nominales durante los últimos diez años, con una reducción significativa en términos reales una vez considerada la inflación.
La empresa contrasta esta evolución con el comportamiento de los precios de los billetes de avión, que han experimentado incrementos notables por parte de las aerolíneas. Esta diferencia, según Aena, justifica la necesidad de ajustar las tasas aeroportuarias para financiar las inversiones requeridas, siempre manteniendo un nivel competitivo en el panorama europeo.
El debate no se limita a la confrontación entre Aena y las aerolíneas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantó a finales de enero que los volúmenes de tráfico aéreo en España durante el período 2027-2031 estarán condicionados tanto por la evolución macroeconómica como por limitaciones puntuales de capacidad en determinadas infraestructuras. Esta advertencia pone de manifiesto la necesidad de anticiparse a los cuellos de botella que podrían restringir el crecimiento del sector.
Mientras tanto, las aerolíneas que operan en el mercado español mantienen una presión constante para evitar nuevas subidas en las tasas. A través de sus asociaciones representativas, argumentan que cualquier incremento adicional comprometería la competitividad de sus bases operativas y afectaría a la conectividad de las regiones, especialmente en un contexto de recuperación post-pandemia y de intensa competencia global.
El DORA III también contempla una partida adicional de unos 3.000 millones de euros para inversiones fuera del ámbito estrictamente regulado. Estos fondos podrían destinarse a proyectos comerciales, digitalización y mejoras en la experiencia del pasajero, áreas consideradas estratégicas para la diferenciación competitiva de los aeropuertos españoles.
La tensión entre la necesidad de modernización y la preservación de la competitividad tarifaria refleja un dilema clásico en la gestión de infraestructuras estratégicas. Por un lado, la obsolescencia de instalaciones construidas hace décadas requiere inversiones millonarias. Por otro, la posición de hub competitivos de Europa, como Londres, París o Fráncfort, presiona para mantener costes bajos que atraigan a aerolíneas y pasajeros.
La decisión que tome el consejo de administración de Aena el 17 de febrero marcará el rumbo del sector aeroportuario español para los próximos años. La aprobación del DORA III no solo determinará el calendario de obras y el nivel de tasas, sino que también enviará una señal clara sobre la voluntad de España de mantener su liderazgo en la conectividad aérea europea y global.
El equilibrio entre inversión, calidad de servicio y competitividad tarifaria será clave para satisfacer las expectativas de todos los actores involucrados: desde las grandes aerolíneas internacionales hasta los viajeros individuales, pasando por las comunidades autónomas que ven en el transporte aéreo un pilar fundamental de su desarrollo. La resolución de este conflicto definirá no solo el futuro de Aena, sino también el mapa de la conectividad española en la próxima década.