La manufacturera vasca Tubos Reunidos ha desatado este lunes una de las crisis laborales más severas de los últimos años en Euskadi. La compañía ha presentado un expediente de regulación de empleo que contempla la salida de 301 trabajadores, lo que representa casi una cuarta parte de su plantilla total, que supera los 1.300 empleados. Esta drástica medida responde a una situación financiera límite que amenaza la supervivencia misma de la histórica firma industrial.
La propuesta de ajuste, comunicada simultáneamente a los representantes sindicales y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha caído como un jarro de agua fría sobre la plantilla. En la jornada del mismo lunes, los trabajadores de la principal fábrica de Amurrio, en Álava, donde se concentran más de 900 empleados, secundaban masivamente una huelga convocada precisamente para denunciar los rumores de un ERE de gran magnitud. Los temores, finalmente, se han confirmado con cifras incluso más duras de lo esperado.
Según las fuentes sindicales, de los 301 despidos propuestos, 274 afectarían directamente a la planta de Amurrio, el corazón productivo de la empresa. El resto, 27 puestos de trabajo, corresponderían a las instalaciones de Trapagaran en Vizcaya, donde trabajan unos 330 empleados. Esta factoría ya experimentó un proceso de reestructuración hace dos años con la venta de su acería, dentro del plan de reordenación que siguió al rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021.
El escenario que justifica este golpe de efecto es una tesorería asfixiada y unas perspectivas de negocio cada vez más sombrías. La empresa arrastra una deuda de 263 millones de euros con bancos, bonistas y acreedores varios, cuyo vencimiento está fijado antes de 2028. Un plazo que se antoja insuficiente si no se producen cambios radicales en su estructura de costes y en su capacidad de generar ingresos.
Los resultados de 2025, dados a conocer este lunes, dibujan un panorama desolador. Las pérdidas se han disparado hasta los 71 millones de euros, una cifra que refleja la gravedad de la crisis operativa. La facturación, con 365 millones, sí superó los 332 millones del ejercicio anterior, pero este incremento no ha servido para frenar el sangría. El resultado de explotación fue negativo en 24,8 millones, evidenciando que los gastos estructurales son muy superiores a los ingresos, incluso antes de atender a los pagos financieros y tributarios.
El principal mercado de Tubos Reunidos, Estados Unidos, que absorbe el 50% de sus ventas, se ha convertido en un obstáculo insalvable. La administración Trump ha aplicado aranceles del 50% al acero, cerrando efectivamente las puertas a las exportaciones de la compañía vasca. Esta medida comercial ha dejado a la empresa sin su principal válvula de escape, en un contexto donde ya escaseaba el volumen de producción necesario para garantizar la rentabilidad.
Ante esta tormenta perfecta, la dirección de Tubos Reunidos ha diseñado un plan de viabilidad urgente que descansa sobre tres pilares fundamentales. El primero, y más doloroso, es el recorte masivo de costes mediante el ERE, que debería proporcionar oxígeno inmediato a la caja. El segundo, la reestructuración de la deuda para aliviar la carga financiera. El tercero, la búsqueda desesperada de nuevos mercados y productos que diversifiquen los ingresos y reduzcan la dependencia del mercado estadounidense.
El tiempo, sin embargo, es el recurso más escaso. La empresa se ha marcado un plazo de semanas, como máximo un mes, para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Este pacto es considerado la "piedra angular" del plan de viabilidad, es decir, un elemento indispensable sin el cual el resto de medidas pierden sentido. Los 30 días que marca el Estatuto de los Trabajadores para la negociación del ERE son, literalmente, el tiempo límite que se concede a las partes.
La documentación remitida a la CNMV no deja lugar a dudas sobre las consecuencias de un fracaso en las negociaciones. Si no se consigue el consenso sobre los ajustes ni se obtiene un alivio financiero de los acreedores, Tubos Reunidos se verá abocada a un proceso concursal. Esta eventualidad, que la empresa contempla como un escenario realista, supondría el colapso definitivo de la compañía y la pérdida de todos los puestos de trabajo.
La complejidad de la negociación radica en equilibrar la supervivencia empresarial con el coste social de los despidos. Los sindicatos, por su parte, ya han mostrado su rechazo frontal a las cifras planteadas y exigen alternativas que preserven el empleo. La presión es máxima para ambas partes: la dirección necesita reducir costes drásticamente para evitar la quiebra, mientras que los representantes de los trabajadores luchan por limitar el impacto sobre una plantilla que ya ha sufrido reestructuraciones previas.
El caso de Tubos Reunidos se suma a la lista de empresas industriales tradicionales que atraviesan dificultades estructurales en un contexto de globalización y cambios en los patrones comerciales internacionales. La dependencia del mercado estadounidense, combinada con una deuda insostenible y una estructura de costes obsoleta, ha creado una crisis de difícil solución. La próxima semana será clave para determinar si la empresa logra un acuerdo que le permita reestructurarse o si, por el contrario, se convierte en otro capítulo del declive industrial en la región.
La plantilla, mientras tanto, vive horas de incertidumbre. La huelga de este lunes ha sido solo el primer episodio de un conflicto que promete ser largo y complejo. Los trabajadores de Amurrio y Trapagaran no solo defienden sus puestos, sino también el futuro de una empresa centenaria que forma parte del tejido industrial de Euskadi. La balanza entre la viabilidad económica y el coste humano nunca ha estado tan desequilibrada.