El debate sobre el aumento de las bajas laborales en España ha centrado su atención en múltiples factores: absentismo, condiciones laborales, fraudes o presuntas connivencias. Sin embargo, existe una variable que permanece en la sombra y que podría explicar parte significativa de este fenómeno: las listas de espera en el sistema sanitario público. Una historia reciente, compartida por un lector en El Periódico, ilustra con crudeza cómo la demora en la atención médica genera un círculo vicioso que perjudica a trabajadores, empresas y al propio sistema.
El testimonio describe el caso de una camarera de pisos en un hotel que padece síndrome del túnel carpiano, una patología que le impide realizar los esfuerzos necesarios para desempeñar su trabajo. La solución médica es clara: una intervención quirúrgica. El problema radica en que lleva más de un año en lista de espera para ser operada. Durante este tiempo, se ha visto atrapada en un perverso ciclo que se repite sin solución: la mutua de accidentes de trabajo la presiona constantemente para que se reincorpore, ella acude al puesto, pero al no estar en condiciones físicas adecuadas, debe volver a coger la baja al día siguiente.
Este escenario, lejos de ser un caso aislado, refleja una realidad mucho más extendida de lo que las estadísticas oficiales suelen reconocer. Mientras las instituciones buscan las causas del incremento de bajas en aspectos como la inspección laboral o el control del fraude, se obvia que la verdadera raíz del problema podría estar en la incapacidad del sistema sanitario para proporcionar tratamientos oportunos a los trabajadores afectados.
El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad profesional frecuente en sectores como la hostelería, la limpieza o la industria, donde la repetición de movimientos y la carga física constante dañan los nervios de la muñeca. La cirugía, en casos avanzados, no es una opción electiva sino una necesidad médica imperiosa. Sin embargo, los tiempos de espera que superan los doce meses convierten una situación temporal en crónica, con consecuencias devastadoras para todos los implicados.
Para el trabajador, la prolongación de la baja genera ansiedad, inestabilidad económica y deterioro de su salud mental. La presión de la mutua para el retorno al trabajo, aunque legalmente justificable desde la perspectiva de la contención del absentismo, ignora la realidad médica. El resultado es un trabajador que se ve obligado a alternar entre periodos de baja y reincorporaciones fallidas, sin poder recuperarse definitivamente. Este ciclo no solo retrasa su recuperación, sino que puede agravar la lesión original.
Desde la perspectiva empresarial, la situación tampoco es beneficiosa. La empresa se enfrenta a una inestabilidad en la plantilla, con una plaza que no puede cubrirse de forma permanente y una trabajadora que, técnicamente, sigue en nómina pero no puede asumir sus funciones. La alternativa de contratar a un sustituto implica costes adicionales y, en muchos casos, dificultades legales si la baja se prolonga indefinidamente. La presión de la mutua sobre el trabajador, lejos de resolver el problema, lo perpetúa.
El sistema de Seguridad Social, por su parte, ve incrementados sus costes sin obtener resultados. Cada ciclo de baja y reincorporación implica trámites administrativos, revisiones médicas y una carga de trabajo que podría evitarse con una intervención quirúrgica oportuna. La mutua, actuando según sus protocolos de contención de gastos, termina generando más gasto al mantener a un trabajador en situación de incapacidad temporal durante meses, cuando una operación a tiempo podría haberlo devuelto a su puesto en semanas.
La pregunta que surge es por qué este problema no se aborda desde su origen. Las políticas de reducción de listas de espera han sido una constante en la agenda sanitaria, pero los resultados no se traducen en una mejora real para los pacientes. La falta de recursos humanos, la saturación de quirófanos y la gestión ineficiente de agendas mantienen a miles de personas en espera. Mientras tanto, el debate público se centra en el control del absentismo laboral, como si la voluntad del trabajador fuera el factor determinante.
Es necesario reconocer que no todos los incrementos de bajas responden a causas fraudulentas o a una supuesta cultura del absentismo. En muchos casos, como el de la camarera de pisos, el trabajador desea reincorporarse pero el sistema sanitario no le permite hacerlo. La presión sobre el empleado para que regrese a su puesto antes de tiempo no solo es injusta, sino contraproducente. Genera un clima de desconfianza y puede provocar que lesiones tratables se conviertan en incapacidades permanentes.
La solución pasa por una coordinación efectiva entre el sistema sanitario y el laboral. Las mutuas deberían tener capacidad para agilizar los procesos quirúrgicos de trabajadores en situación de incapacidad temporal, priorizando aquellos casos donde la demora prolonga innecesariamente la baja. Esto no implica crear un sistema de privilegios, sino aplicar criterios de eficiencia que beneficien a todos: trabajador, empresa y sistema.
Además, se requiere una revisión de los protocolos de presión sobre los trabajadores en baja. La evaluación médica debe prevalecer sobre los objetivos de reducción de absentismo. Un trabajador con diagnóstico claro y tratamiento pendiente no debería verse sometido a un escrutinio constante que le obligue a reincorporarse antes de tiempo. La confianza en el criterio médico es fundamental para romper el ciclo vicioso.
El caso de la camarera de pisos es un síntoma de un sistema que no funciona de manera integral. Mientras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten sobre plazos de espera y ratios de profesionales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social implementa medidas de control que no resuelven la causa subyacente. Esta falta de coordinación interministerial perpetúa un problema que tiene solución.
Es hora de cambiar el enfoque. En lugar de culpabilizar a los trabajadores por unas bajas que, en muchos casos, no pueden evitar, las instituciones deberían analizar cómo la ineficiencia sanitaria está alimentando el absentismo. Reducir las listas de espera no es solo una cuestión de calidad asistencial, sino también de productividad y sostenibilidad del sistema laboral.
La reflexión que propone el lector es pertinente y urgente. Si un trabajador necesita una operación para volver a su puesto, cada mes de demora representa un coste para la Seguridad Social, una pérdida para la empresa y un sufrimiento innecesario para la persona afectada. Buscar las causas del incremento de bajas sin considerar este factor es como tratar los síntomas sin atacar la enfermedad.
En definitiva, el incremento de bajas laborales no puede atribuirse únicamente a factores laborales o culturales. La demora en la atención sanitaria pública es una pieza clave de este puzzle que, hasta ahora, ha permanecido invisible para los responsables políticos. Reconocer este problema y actuar en consecuencia no solo beneficiaría a los trabajadores afectados, sino que fortalecería todo el sistema, haciéndolo más eficiente y sostenible a largo plazo.