La batalla legal por el legado de una de las casas nobiliarias más importantes de España alcanza su punto más álgido. Rafael y Luis Medina, hijos de la modelo y socialité Naty Abascal, han anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla que les priva de una herencia valorada en 40,5 millones de euros. Esta decisión judicial, que revoca una sentencia anterior favorable a los herederos, ha encendido la mecha de un conflicto familiar que se arrastra desde 2013.
El origen de esta disputa se remonta al fallecimiento de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, undécima duquesa de Medinaceli y once veces Grande de España, quien dejó este mundo en agosto de 2013 a los 96 años. Su muerte desató una compleja pugna por el control de un patrimonio inigualable: palacios renacentistas, colecciones de arte invaluable, extensas tierras y objetos de incalculable valor histórico que conforman el legado de una de las dinastías más antiguas del país.
El núcleo del conflicto: una fundación en el centro de la polémica
En septiembre de 1978, la duquesa de Medinaceli tomó una decisión que marcaría el futuro de su fortuna: constituyó la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, aprobada por Orden Ministerial en 1980. Con este acto, la mayor parte del patrimonio familiar pasó a formar parte de una institución privada cuyo objetivo oficial es preservar, restaurar, estudiar y difundir tanto el legado material como inmaterial de la casa.
El nombramiento de su hijo Ignacio Medina, duque de Segorbe, como presidente vitalicio de la fundación, sentó las bases del actual enfrentamiento. Tras la muerte de Victoria Eugenia, Ignacio se convirtió en el único hijo superviviente de la duquesa, quien había perdido a sus otros tres descendientes: Rafael Medina, duque de Feria (2001); Luis Medina, duque de Santisteban de Puerto (2011); y Ana, condesa de Ofalia y marquesa de Navahermosa (2012).
La estructura de la fundación y las donaciones realizadas por la duquesa en vida generaron recelos entre los sobrinos y descendientes directos. Específicamente, cuatro sobrinos y dos sobrinos nietos, entre ellos los hijos de Naty Abascal y Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, actual duquesa de Medinaceli, cuestionaron la legalidad de ciertas operaciones que, según su perspectiva, mermaron su derecho a la legítima.
El tortuoso camino judicial
Trás años de infructuosas negociaciones familiares, los herederos decidieron acudir a los tribunales. En 2021, la justicia les dio la razón en primera instancia, condenando a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli a abonar la cuantiosa suma de 40,5 millones de euros a los seis demandantes. La sentencia representó una victoria aparentemente definitiva para los descendientes de la duquesa.
Sin embargo, la alegría duró poco. El duque de Segorbe interpuso un recurso que ha sido estimado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha revocado completamente la sentencia anterior. El argumento central de la resolución se basa en garantizar "la plena preservación" del patrimonio dotacional de la fundación "sin merma alguna". Los magistrados consideran probado que los demandantes, al ser familiares directos, tenían pleno conocimiento de las donaciones y dotaciones realizadas a favor de la institución.
En declaraciones exclusivas a la revista ¡Hola!, Rafael Medina, duque de Feria, ha expresado su rotunda disconformidad con el fallo: "Nuestro deseo es que se cumpla la última palabra de nuestra abuela, sin más, su último testamento". Medina califica la decisión del tribunal provincial de "nada clara", argumentando que la interpretación de la voluntad de la duquesa no se ha respetado adecuadamente.
Lo que está en juego: un patrimonio histórico
Más allá de las cifras millonarias, el verdadero valor del legado de Medinaceli es incalculable desde el punto de vista patrimonial y cultural. La fundación gestiona bienes como el Palacio de Medinaceli en Córdoba, la Casa de Pilatos en Sevilla, la Casa de los Picos en Segovia, y numerosas fincas y colecciones de arte que abarcan desde la Antigüedad hasta el siglo XX.
Los demandantes argumentan que ciertas ventas de bienes realizadas antes del fallecimiento de la duquesa vulneraron su derecho a la legítima, es decir, a la porción de la herencia que la ley garantiza a los descendientes forzosamente. La defensa de la fundación, por su parte, insiste en que todas las operaciones fueron legales y transparentes, y que el objetivo primordial es proteger el patrimonio para las futuras generaciones.
El conflicto pone de manifiesto la tensión inherente entre los derechos individuales de los herederos y la preservación del patrimonio histórico-cultural. Mientras unos buscan hacer efectiva su parte económica, el otro lado defiende la unidad e integridad de un legado que considera patrimonio de la nación.
El siguiente capítulo: el Tribunal Supremo
Con la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo, los hijos de Naty Abascal y el resto de demandantes apuestan por una instancia que podría establecer un precedente importante en materia de herencias nobiliarias y fundaciones patrimoniales. El alto tribunal deberá valorar no solo los aspectos legales del caso, sino también la interpretación de la voluntad de la duquesa y la compatibilidad entre el derecho a la legítima y la preservación de patrimonio cultural.
El proceso podría prolongarse durante meses o incluso años, manteniendo en vilo a una de las familias más prominentes del país. Mientras tanto, la Fundación Casa Ducal de Medinaceli continúa con su labor de gestionar y exhibir sus tesoros, que incluyen más de 12.000 obras de arte y numerosos inmuebles de excepcional valor histórico.
Para Rafael y Luis Medina, esta no es solo una cuestión económica, sino de principios. "Queremos que se respete la memoria de nuestra abuela y su verdadera voluntad", ha insistido Rafael Medina, sugiriendo que la interpretación de la fundación no refleja fielmente los deseos de la duquesa. La familia Abascal-Medina, conocida por su perfil social y mediático, ha decidido llevar esta batalla hasta las últimas consecuencias, convirtiendo un asunto privado en un caso de interés público.
La resolución del Tribunal Supremo no solo determinará el destino de millones de euros, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo se concilian los intereses privados de los herederos con la protección del patrimonio histórico español. Mientras tanto, el legado de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli, continúa generando tanto admiración como controversia, once años después de su fallecimiento.