La Fiscalía General de la Nación ha formalizado una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, por presunta falsedad en sus títulos universitarios obtenidos en la Fundación Universitaria San José. La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, acusa a la joven de 23 años de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y ha anunciado que pedirá la medida de prisión domiciliaria preventiva para garantizar su presencia en el proceso judicial.
La investigación también alcanza a Luis Carlos Gutiérrez, quien fuera secretario general de la Fundación San José. Según las autoridades, Gutiérrez habría gestionado los títulos para Guerrero de manera irregular, utilizando su posición dentro de la institución educativa para facilitar el proceso. En un acta interna de la institución, el exdirectivo asumió responsabilidad directa, reconociendo explícitamente que la exfuncionaria se graduó sin cumplir con los requisitos académicos establecidos, un trámite que resultaba indispensable para que pudiera acceder al cargo de viceministra de Juventud, al cual fue postulada por el presidente Petro en medio de grandes expectativas.
El caso, que estalló en el año anterior, surgió a raíz de denuncias presentadas por diversos medios de comunicación y por la congresista Jennifer Pedraza, quienes evidenciaron que Guerrero nunca presentó el examen Saber Pro, prueba obligatoria para la graduación en instituciones de educación superior colombianas. Este examen estandarizado, aplicado por el Ministerio de Educación Nacional, constituye un requisito fundamental para obtener cualquier título profesional en el país. Además, se comprobó que tampoco asistió a las clases necesarias para obtener los títulos de técnica y profesional en contaduría pública, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de toda su formación académica.
Ante el escándalo que sacudió a la opinión pública, el mandatario se vio obligado a retirar la nominación de Guerrero al alto cargo ejecutivo, reconociendo los señalamientos como una situación que requería corrección inmediata. Sin embargo, la influencia de la exfuncionaria en los círculos gubernamentales no se ha diluido completamente. Actualmente, continúa desempeñándose como delegada del Gobierno en el consejo directivo de la Universidad del César, institución de su departamento natal, y mantiene acceso a espacios de poder en la órbita presidencial, lo que ha generado críticas sobre la coherencia de las decisiones administrativas.
El ascenso meteórico de Juliana Guerrero en las esferas del poder colombiano ha generado interrogantes sobre los mecanismos de selección y nombramiento en la administración pública. En cuestión de meses, pasó de ser una activista del movimiento estudiantil en la Universidad Popular del César, una institución pública de educación superior, a manejar recursos públicos y ocupar posiciones estratégicas en diferentes entidades del Ejecutivo, un trayecto profesional poco común para alguien de su edad y experiencia.
Su proximidad con el presidente Petro le abrió puertas en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, donde ocupó un primer cargo de confianza. Posteriormente, fue designada como enlace territorial del Ministerio del Interior, y finalmente ascendió al puesto de jefa de gabinete de esa misma cartera, todo esto sin haber completado formalmente sus estudios universitarios ni contar con experiencia previa en cargos de similar responsabilidad, lo que ha puesto en discusión los criterios de meritocracia en el Gobierno.
Paralelamente, la Fiscalía indaga si este caso constituye un hecho aislado o forma parte de un problema estructural en la Fundación Universitaria San José. La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, ha presentado denuncias que sugieren que la institución habría graduado de manera irregular a al menos otros estudiantes, lo que apunta a posibles fallas sistémicas en el control académico de la entidad educativa y abre la puerta a una investigación más amplia sobre la integridad de sus procesos.
La solicitud de prisión domiciliaria para ambos imputados refleja la gravedad que la Fiscalía le asigna a estos delitos, aunque la decisión final corresponderá a un juez de control de garantías que evaluará los argumentos de la acusación y la defensa. La audiencia de imputación de cargos, una vez sea fijada, marcará el inicio formal del proceso penal en contra de Guerrero y Gutiérrez, estableciendo las bases para el desarrollo del juicio.
Ni la exfuncionaria ni el exdirectivo de la Fundación se han pronunciado públicamente sobre estas nuevas acciones judiciales. El silencio de ambos contrasta con la intensidad de las acusaciones y la trascendencia que ha alcanzado el caso en la opinión pública colombiana, donde ha generado debates sobre ética, transparencia y responsabilidad en el servicio público.
La situación ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de títulos académicos para cargos públicos, así como la transparencia en los procesos de nombramiento en altos cargos del Estado. El escándalo ha generado críticas tanto desde la oposición política como desde organizaciones de la sociedad civil, que exigen mayor rigurosidad en la selección de funcionarios y la implementación de filtros más efectivos.
El presidente Petro, por su parte, ha mantenido una postura de reserva sobre el tema, limitándose a reconocer el error en la postulación inicial pero sin profundizar en las responsabilidades institucionales que permitieron que una persona sin títulos válidos accediera a puestos de tanta relevancia en su administración. Esta actitud ha sido cuestionada por analistas políticos que consideran que el caso revela fallas en los protocolos de selección del Gobierno.
Desde el punto de vista legal, los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público conllevan sanciones significativas en el Código Penal colombiano, incluyendo penas de prisión y multas sustanciales. La gravedad de las acusaciones radica en que los documentos académicos fueron utilizados para acceder a cargos de decisión en el Estado, lo que podría agravar las responsabilidades penales.
La investigación continúa su curso y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el alcance de la presunta red de falsedades académicas y las posibles consecuencias para otros involucrados. Mientras tanto, el caso de Juliana Guerrero sirve como ejemplo de los riesgos de la precipitación en los nombramientos gubernamentales y la importancia de los controles en el sistema educativo colombiano, así como un recordatorio de la necesidad de mantener estándares de integridad en el servicio público.