El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una ambiciosa Estrategia de Desarrollo Sostenible que fija 100 objetivos concretos a alcanzar para el año 2030. Entre las medidas más destacadas figura la implementación de una prestación económica universal por crianza destinada a todas las familias con menores a cargo, una iniciativa que busca consolidarse como un derecho social fundamental en España.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, representa una apuesta decidida por fortalecer el Estado de Bienestar mediante políticas activas de redistribución de la riqueza. El objetivo central es claro: reducir de forma drástica la pobreza infantil severa que afecta a cientos de miles de menores en territorio nacional.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido una de las voces más activas defendiendo esta medida. En múltiples intervenciones públicas, Rego ha enfatizado que la prestación universal por crianza no solo es viable económicamente, sino que resulta imprescindible para garantizar la equidad de oportunidades desde la primera infancia. Su argumentación se apoya en datos contundentes que demuestran el impacto transformador que tendría esta ayuda en los hogares más vulnerables.
Un estudio presentado por UNICEF en noviembre de 2025, titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', sirve de base científica para esta política pública. El informe concluye que una ayuda de 200 euros mensuales por cada hijo permitiría reducir la tasa de pobreza infantil en España en 7,1 puntos porcentuales. Esto significaría sacar de la exclusión económica a aproximadamente 530.000 niños y niñas en todo el país.
Los datos son aún más reveladores cuando se analizan las proyecciones con montos inferiores. Según la investigación de la organización internacional, incluso con una prestación de 100 euros al mes por menor se lograría rescatar de la pobreza a 270.000 menores. UNICEF aboga por iniciar con esta cifra más modesta, considerando aspectos de coste-efectividad, impacto social y viabilidad política para garantizar su puesta en marcha inmediata.
El análisis económico detrás de la propuesta resulta igualmente convincente. La ministra Rego ha alertado en repetidas ocasiones sobre el coste de la inacción: la pobreza infantil genera una factura anual de casi 65.000 millones de euros para la economía española, entre gastos directos e indirectos. Sin embargo, invertir en su erradicación mediante la prestación universal requeriría una inversión pública estimada entre 11.000 y 15.000 millones de euros, una cifra significativamente inferior que además generaría retornos sociales y económicos a largo plazo.
A pesar de la aprobación de la estrategia, el Ejecutivo aún no ha concretado el calendario de implementación ni ha desglosado con precisión el presupuesto necesario para financiar esta medida. La falta de detalles operativos ha generado expectativa y cierta incertidumbre sobre cómo y cuándo se materializará esta promesa en las cuentas públicas.
La estrategia aprobada por el Consejo de Ministros no se limita únicamente a la prestación por crianza. Entre sus 10 hitos principales destaca la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en al menos un 10%, situándola por debajo de la media europea. Este objetivo incluye medidas específicas para familias monomarentales, colectivo especialmente vulnerable a la precariedad económica.
Otra meta ambiciosa es la reducción de la brecha salarial de género hasta el 10%, un compromiso que implicará reformas estructurales en el mercado laboral y políticas activas de igualdad. La interseccionalidad entre pobreza infantil y desigualdad de género queda patente en este planteamiento, reconociendo que las madres solas soportan una doble carga de vulnerabilidad.
La prestación universal por crianza representa una ruptura con el modelo tradicional de ayudas focalizadas. Mientras que las políticas previas han apostado por la selectividad, esta nueva aproximación entiende la crianza como una responsabilidad colectiva que merece reconocimiento y apoyo independientemente del nivel de ingresos familiar. Este enfoque universalista busca evitar los efectos de estigma asociados a las ayudas condicionadas y simplificar la burocracia administrativa.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales se enfatiza que esta es la primera vez que una estrategia estatal incorpora expresamente la prestación universal por crianza como derecho subjetivo. Esta formulación legal es crucial, ya que eleva la medida de la categoría de mera política discrecional a compromiso vinculante para las administraciones públicas.
El contexto socioeconómico actual hace especialmente urgente esta medida. España registra una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, con cerca del 27% de menores en riesgo de exclusión social. La crisis económica prolongada, la precariedad laboral y la inflación han agravado esta situación, haciendo imprescindible una respuesta decidida del Estado.
Expertos en políticas públicas destacan que la inversión en infancia es una de las más rentables desde el punto de vista del desarrollo humano. Cada euro invertido en los primeros años de vida genera múltiples beneficios en términos de salud, educación, empleabilidad futura y cohesión social. La prestación universal por crianza se enmarca en esta lógica de prevención y desarrollo del capital humano.
La propuesta también responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que han instado a España a desarrollar un sistema de protección infantil más robusto y menos dependiente de la situación laboral de los progenitores. El actual modelo, basado principalmente en deducciones fiscales y ayudas condicionadas, deja sin protección a numerosas familias en situación de precariedad.
La implementación de esta prestación requerirá superar importantes desafíos técnicos y políticos. Desde el diseño del mecanismo de financiación hasta la articulación con otras prestaciones existentes (como la prestación por hijo a cargo o las ayudas autonómicas), pasando por la definición de los criterios de acceso y el sistema de pagos, son múltiples los detalles que deben resolverse.
Además, la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo exigirá consensos políticos amplios que trasciendan los ciclos electorales. La experiencia de otros países europeos que han implementado prestaciones universales por hijo (como Alemania, Francia o los países nórdicos) demuestra que el éxito depende de la estabilidad y continuidad política.
La sociedad civil ha recibido con cauteloso optimismo el anuncio. Organizaciones de infancia y familias valoran positivamente el reconocimiento del problema y la apuesta por una solución universal, pero demandan concreción urgente en plazos y recursos. La coordinación con las comunidades autónomas será esencial, ya que muchas ya tienen implementadas ayudas similares que deberían complementarse con la prestación estatal.
La estrategia aprobada incluye además un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir el cumplimiento de cada uno de los 100 objetivos. Este mecanismo de rendición de cuentas resulta fundamental para garantizar que los compromisos no queden en meras declaraciones de intenciones.
En el ámbito internacional, la medida situaría a España en la senda de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente con el ODS 1 (fin de la pobreza) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades). La prestación universal por crianza se presenta como una herramienta clave para avanzar en estos compromisos globales.
El debate sobre la cuantía exacta de la prestación está aún abierto. Mientras UNICEF sugiere iniciar con 100 euros para garantizar la viabilidad, el Gobierno ha mostrado preferencia por los 200 euros mensuales para maximizar el impacto redistributivo. La decisión final dependerá de las negociaciones presupuestarias y de la capacidad de generar consenso parlamentario.
Lo que está claro es que la aprobación de esta estrategia marca un punto de inflexión en las políticas familiares españolas. El reconocimiento explícito de la crianza como trabajo socialmente necesario y merecedor de protección pública representa un avance cualitativo en el modelo de Estado de Bienestar.
Los próximos meses serán cruciales para ver si esta ambiciosa promesa se traduce en hechos concretos y en una mejora real en la calidad de vida de las familias con hijos. La ciudadanía, especialmente las familias jóvenes y con menores a cargo, espera que el compromiso político se materialice en una prestación efectiva, universal y sin demoras.