La reciente publicación de los archivos del caso Epstein ha generado una reacción preocupante: la indiferencia social. Desde los círculos más influyentes hasta los estratos más humildes, la respuesta colectiva parece ser un mero parpadeo ante la confirmación de lo que ya sospechábamos. Existe un grupo reducido de poderosos cuya máxima diversión consiste en violar menores, y lo hacen con la certeza de la impunidad. Son personas acostumbradas a que su dinero les compre todo excepto la felicidad, pero sí licencias éticas, protección judicial y silencio cómplice. Sus crímenes se han convertido en costumbres que el sistema no cuestiona, sino que protege con eficiencia implacable.
Un testimonio del informante del FBI Kenneth Darrell Turner ilustra esta dinámica con crudeza. Turner documentó que Earl Anthony Wayne, embajador estadounidense en Argentina y México durante la década pasada, fue acusado de violar y embarazar a una niña de once años en una fiesta en Ciudad Juárez. Lo más escalofriante no es solo el crimen, sino la maquinaria de encubrimiento que se activó inmediatamente. Un acuerdo entre el Departamento de Estado y un juez mexicano, lubricado con un soborno millonario, permitió que un ex marine cumpliera la condena en lugar del diplomático. El expediente incluye amenazas, tiroteos y un análisis de ADN con 100% de coincidencia con Wayne, que no sirvió para nada. La fiesta, según Turner, fue organizada por la red de pederastas de Jeffrey Epstein en instalaciones controladas por el consulado estadounidense. Esta no es una historia aislada, sino un patrón sistémico.
Los documentos recién publicados, sin embargo, resultan decepcionantes. En su inmensa mayoría, los párrafos aparecen tachados y censurados, supuestamente para proteger a las víctimas, aunque la realidad es otra. Es difícil atribuir todas las barbaridades contenidas en tres millones y medio de páginas a Epstein, Trump, Clinton o el príncipe Andrés cuando las pruebas están redactadas hasta la invisibilidad. La sensación es que esta revelación inconcebible de abusos durante décadas ha sido filtrada en una edición apta para menores, vaciada de su contenido más incriminatorio. No es sorprendente que voceros de la ultraderecha como Nick Fuentes ya hayan declarado que no existen pruebas irrefutables. Cuando el poder controla la información, la impunidad se vuelve su mejor argumento.
La pederastia como delito penal es relativamente reciente. El reconocimiento internacional de los Derechos del Niño comenzó con la Declaración de Ginebra en 1924, y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño data de 1989. Antes de eso, el abuso sexual a menores era considerado un exceso privado, no un crimen contra la sociedad. Esta corta historia legal explica por qué aún hoy las élites consideran que sus desviaciones son asuntos personales, no delictivos. El dinero antiguo y el poder heredado operan bajo códigos morales obsoletos donde la explotación infantile es un privilegio, no una aberración.
El caso Epstein no es solo sobre un depredador individual, sino sobre una arquitectura de complicidad. Desde bancos que blanquean dinero de tráfico sexual hasta abogados que redactan acuerdos de confidencialidad, pasando por policías y jueces que miran hacia otro lado. La red de Epstein funcionó durante décadas porque contaba con la protección de inteligencia, la financiación de multimillonarios y la participación de figuras políticas de primer nivel. Cuando finalmente fue arrestado, su muerte en custodia fue el epílogo más predecible: el silencio definitivo de quien sabía demasiado.
La censura en los archivos publicados no protege a las víctimas, las revictimiza. Ocultar nombres de poderosos no es discreción, es encubrimiento. Las víctimas demandan justicia, no anonimato forzado mientras sus agresores siguen en libertad. Cada párrafo tachado es una victoria para la élite criminal, un mensaje claro: sus crímenes son demasiado incómodos para ser revelados completamente. Este tratamiento especial convierte a los abusadores en ciudadanos de segunda clase, pero con privilegios de primera.
La reacción pública de indiferencia es quizás el síntoma más grave. Hemos normalizado la corrupción moral de los poderosos hasta el punto de considerarla inevitable. Las noticias sobre abusos de elites ya no generan indignación, sino resignación. Este cinismo colectivo es el mejor aliado de la impunidad. Si la sociedad no exige rendición de cuentas, el sistema no la ofrecerá voluntariamente. Los poderosos violan con la certeza de que el escándalo durará lo que un ciclo de noticias.
La lucha contra esta impunidad requiere transparencia radical. No se trata de filtraciones parciales o investigaciones controladas, sino de acceso completo a la verdad. Las víctimas merecen justicia real, no documentos redactados. La sociedad merece saber quiénes son los depredadores que la gobiernan. Mientras los archivos sigan siendo censurados y los nombres protegidos, la élite seguirá operando con la certeza de que su dinero les compra algo más que lujos: les compra inmunidad moral y legal.
El caso Epstein es un espejo que refleja la podredumbre de un sistema donde el poder corrompe absolutamente. No es una historia del pasado, sino una crisis del presente. Mientras sigamos aceptando que algunos están por encima de la ley, seguiremos siendo cómplices de sus crímenes. La verdadera sorpresa no debería ser lo que hicieron, sino que lo hicieron sabiendo que nunca pagarían por ello. Y hasta ahora, tenían razón.