A cinco años del golpe de Estado que sacudió Myanmar en 2021, el país permanece sumido en una de las crisis más profundas de su historia reciente. Las recientes elecciones escalonadas, culminadas el pasado 25 de enero, representan el último intento de la junta militar por construir una fachada de normalidad democrática. Sin embargo, esta estrategia enfrenta múltiples desafíos internos y externos que cuestionan su viabilidad a largo plazo.
La junta militar, liderada por el general Min Aung Hlaing, aspira a iniciar 2026 con una imagen renovada ante la comunidad internacional. Su objetivo principal es doble: por un lado, tranquilizar a otros regímenes autoritarios de la región, demostrando que sigue siendo un socio estable para inversiones y acuerdos comerciales; por el otro, convencer al resto del mundo de que una apariencia controlada de rendimiento electoral es suficiente para iniciar un proceso de rehabilitación reputacional. Esta táctica, sin embargo, choca con una realidad mucho más compleja y turbulenta.
En el interior del país, las rebeliones armadas mantienen su resistencia en prácticamente todos los frentes. Grupos étnicos y milicias pro-democracia continúan desafiando la autoridad central, generando un conflicto prolongado que ha devastado comunidades enteras. El descontento popular no cesa, alimentado por la represión constante, las violaciones a los derechos humanos y el colapso de los servicios básicos. La población civil sigue siendo blanco de ataques y bombardeos indiscriminados, lo que profundiza el trauma colectivo y la desconfianza hacia las autoridades.
La economía de Myanmar presenta un panorama igualmente preocupante. Las únicas industrias que muestran signos de "auge" son aquellas vinculadas a la ilegalidad: narcotráfico, estafas digitales, ocio nocturno, contrabando y extorsión. Estas actividades, lejos de representar una base sólida para el desarrollo, refuerzan la inestabilidad y la corrupción sistémica. La generación joven, que ha crecido bajo el yugo de la dictadura, hereda un futuro de pobreza, desigualdad extrema y desesperanza. Las oportunidades legítimas son escasas, mientras que la violencia y la incertidumbre se han normalizado.
El desastre natural agravó aún más la situación. El terremoto de marzo de 2025 dejó una estela de destrucción que la junta ha sido incapaz de gestionar eficazmente. La recuperación ha sido lenta y desigual, evidenciando la incapacidad estatal para responder a las necesidades de la población. En este contexto, quienes tienen los medios económicos no dudan en abandonar el país. El éxodo masivo responde tanto al reclutamiento forzoso en las filas militares como a la búsqueda de un futuro digno en el extranjero.
Singapur se ha convertido en un epicentro de la diáspora birmana. Un paseo por Peninsula Plaza cualquier domingo revela la magnitud del éxodo: cientos de personas de Myanmar manteniendo vínculos sociales, hablando sus lenguas maternas y debatiendo sobre el pasado, presente y futuro de su nación. La cercana estación de City Hall se convierte en un punto de encuentro donde la comunidad birmana se reconoce y se apoya mutuamente, lejos de las miradas indiferentes de la sociedad local.
En la ciudad-estado, los recién llegados enfrentan una realidad dura. Muchos trabajan como empleadas domésticas o cuidadores, ocupaciones que quedan al margen de la economía formal. Otros encuentran oportunidades en sectores como la construcción, el transporte marítimo o la pesca. Desde el golpe, también ha aumentado el número de estudiantes, empresarios y profesionales calificados –médicos e ingenieros– que buscan refugio temporal o permanente. Esta fuga de cerebros representa una pérdida irreparable para el desarrollo futuro de Myanmar.
La respuesta regional ha sido tibia y contradictoria. El consenso de cinco puntos de la ASEAN, diseñado para mediar en la crisis, nunca ha sido tomado en serio por la junta. Los países miembros con mayor afinidad hacia modelos autoritarios –particularmente Laos, Camboya y Vietnam– han mostrado una disposición cómoda con cualquier fachada de progreso. Tailandia, por su parte, mantiene una postura ambigua, balanceando intereses económicos con presiones diplomáticas ocasionales.
Esta división interna en el bloque regional abre la puerta a llamados pragmáticos desde algunas capitales asiáticas que abogan por "aceptar la realidad" postelectoral de Myanmar. Argumentan que la aislación total solo empuja al régimen hacia socios más cercanos como China o Rusia, y que una estrategia de engaño limitado podría preservar alguna influencia occidental.
La presidencia rotativa de la ASEAN en 2026 recayó en Filipinas, cuyo gobierno ha adoptado un tono más crítico. La secretaria de Asuntos Exteriores, Theresa Lazaro, se reunió en enero con el general Min Aung Hlaing como uno de sus primeros actos al frente del bloque. El encuentro, sin embargo, evidenció las tensiones internas dentro de la organización: mientras algunos miembros presionan por una postura más firme, otros prefieren la no injerencia.
El futuro de Myanmar permanece incierto. La junta puede haber logrado celebrar elecciones, pero su legitimidad sigue siendo cuestionada por la mayoría de su población y por buena parte de la comunidad internacional. La resistencia armada, la fuga de talento, la crisis humanitaria y la división regional son obstáculos que no desaparecerán con simples ceremonias electorales. La verdadera estabilidad solo llegará cuando las voces de los ciudadanos sean escuchadas y sus derechos fundamentales respetados. Hasta entonces, Myanmar seguirá siendo un país en permanente conflicto, donde la esperanza brilla más fuerte en las comunidades exiliadas que en las calles de su propia capital.