La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elevado una queja formal ante las autoridades competentes por el retraso injustificado en el pago de salarios a una quincena de empleados públicos interinos adscritos a oficinas de documentación nacional de identidad y pasaportes en diversas dependencias policiales de la provincia de València. Según la organización sindical, estos profesionales no han percibido sus retribuciones correspondientes a los meses de diciembre y enero, generando una situación de precariedad económica que afecta tanto a su estabilidad personal como a su rendimiento laboral.
Los hechos, denunciados públicamente mediante un comunicado oficial, sitúan a estos funcionarios en una situación de incertidumbre financiera prolongada que ya supera los dos meses. Fuentes del sindicato confirman que el colectivo afectado desempeña sus funciones en comisarías estratégicas de la capital del Turia, como las ubicadas en la calle Hospital y el distrito de Abastos, así como en la localidad de Xirivella, donde la demanda ciudadana de trámites de documentación se ha incrementado significativamente en los últimos meses.
El origen de estas contrataciones se remonta a las consecuencias de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que azotó la Comunitat Valenciana, evento meteorológico que provocó una saturación extraordinaria en los servicios administrativos. Ante la avalancha de solicitudes de ciudadanos que necesitaban renovar o expedir sus documentos de identidad, el Ministerio del Interior activó un protocolo de refuerzo temporal de plantilla, contratando a estos profesionales para agilizar la gestión y reducir las listas de espera que se habían disparado en las oficinas de tramitación.
Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una oportunidad laboral estable dentro del ámbito de la función pública se ha convertido en un calvario administrativo. CSIF ha revelado que, pese a la renovación de sus contratos en diciembre y al cumplimiento estricto de sus obligaciones laborales, el sistema de nóminas no ha reflejado su trabajo. Los empleados afectados han mantenido reuniones con responsables de recursos humanos, quienes les transmitieron garantías de que la situación se resolvería a principios de febrero. No obstante, estas promesas han quedado en agua de borrajas, agravando el retraso y la frustración del colectivo.
La portavoz de CSIF en la provincia ha manifestado su indignación ante lo que considera una falta de respeto institucional hacia los empleados públicos. "No es admisible que profesionales que cumplen con su deber diariamente, que atienden a ciudadanos en situaciones urgentes de documentación, se vean abandonados por la propia administración que les contrató", declaró la representante sindical. La organización ha exigido al Ministerio del Interior una intervención directa y urgente para normalizar la situación y evitar que este tipo de incidencias se repitan en el futuro.
El problema, lejos de ser aislado, revela deficiencias estructurales en la gestión de recursos humanos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Los afectados no solo enfrentan la demora en el pago de sus salarios, sino también la ausencia de información clara sobre las causas del retraso y los plazos reales de solución. Esta falta de transparencia genera inseguridad y desmotivación en un colectivo que desempeña funciones esenciales para la ciudadanía.
La situación se complica aún más si se analiza el contexto previo. CSIF ha recordado que este no es el primer episodio de impagos en este tipo de contrataciones. Cuando estos mismos trabajadores fueron inicialmente incorporados en febrero de 2024 como refuerzo post-DANA, experimentaron un retraso similar que les impidió cobrar los primeros meses hasta mayo. Este patrón recurrente de irregularidades en la gestión salarial pone de manifiesto una desatención crónica hacia el personal temporal, que pese a cubrir necesidades estructurales del sistema, no recibe el trato digno que le corresponde.
Desde el punto de vista legal, el impago de nóminas constituye una vulneración del Estututo de los Trabajadores y del régimen específico de la función pública, que establece de manera clara la obligatoriedad de pagar las retribuciones en los plazos convenidos. Los afectados tendrían vía abierta para interponer reclamaciones en los juzgados de lo social, aunque el sindicato prefiere agotar primero la vía de negociación con la administración para evitar un conflicto judicial que podría prolongarse meses.
El impacto en la vida diaria de estos funcionarios es devastador. Muchos de ellos tienen familias a cargo, hipotecas y obligaciones económicas que no pueden aplazar. La incertidumbre sobre cuándo percibirán sus ingresos les obliga a recurrir a créditos personales o a la ayuda familiar para hacer frente a gastos básicos. Esta precariedad contrasta con la estabilidad y prestigio que debería acompañar al empleo público, generando una sensación de abandono y desprotección.
Además, la situación afecta indirectamente a la ciudadanía. Un trabajador preocupado por su economía personal no puede prestar el servicio óptimo que requiere la población. Las oficinas de DNI y pasaportes ya sufren presión por el aumento de demanda, y si el personal se desmotiva o debe ausentarse para gestionar sus propios problemas económicos, las listas de espera volverán a crecer, perjudicando a ciudadanos que necesitan documentación para viajar, trabajar o realizar trámites administrativos urgentes.
CSIF ha anunciado que, de no recibir respuesta inmediata del Ministerio del Interior, adoptará medidas de presión escalonadas. Entre las acciones contempladas se encuentran concentraciones pacíficas ante las comisarías afectadas, reuniones con representantes políticos de la Comunitat Valenciana y la posibilidad de convocar una asamblea general del sector para valorar una respuesta conjunta más contundente. El sindicato también ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno en Valencia para que actúe como intermediaria con el departamento central.
La administración, por su parte, mantiene un silencio oficial que preocupa a los representantes sindicales. Fuentes consultadas indican que el retraso podría deberse a problemas en la integración de los datos en el sistema de nóminas centralizado, un error técnico que sin embargo no justifica la falta de comunicación ni la demora en aplicar soluciones alternativas. En época de digitalización avanzada, resulta incomprensible que un problema administrativo pueda dejar sin sueldo a trabajadores durante meses.
Este caso pone el foco en la necesidad de revisar los protocolos de contratación temporal en la administración pública. Cuando se activan refuerzos por circunstancias excepcionales, debería existir un sistema de garantías que asegure el cobro puntual de salarios, independientemente de los problemas técnicos que puedan surgir. Los trabajadores no pueden ser rehenes de la burocracia ni de fallos informáticos que escapan a su control.
La ciudadanía valenciana, que ya sufrió las consecuencias de la DANA, merece un servicio público eficiente y digno. Y quienes trabajan para ofrecer ese servicio, merecen un trato justo y el respeto a sus derechos más básicos. La situación actual representa un doble fracaso: por un lado, la incapacidad de resolver problemas administrativos internos; por otro, la insensibilidad hacia el bienestar de los empleados que mantienen en funcionamiento los servicios esenciales.
CSIF ha lanzado un mensaje claro al Ministerio del Interior: la paciencia ha llegado a su fin. Exigen no solo el pago inmediato de las nóminas atrasadas, sino también un compromiso escrito de que se establecerán mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan. La confianza entre el personal temporal y la administración se ha visto seriamente dañada, y solo mediante acciones concretas y transparentes podrá restablecerse.
Mientras tanto, los afectados continúan acudiendo a sus puestos de trabajo cada día, atendiendo a cientos de ciudadanos que desconocen la precariedad que viven quienes les atienden. Es una paradoja que quienes gestionan la identidad de los españoles, que tienen acceso a los datos más sensibles de la ciudadanía, no puedan ni siquiera acceder a su propio salario con regularidad. La ironía no pasa desapercibida para CSIF, que insiste en que este conflicto debe resolverse antes de que se convierta en un escándalo mayor.
La delegación de CSIF en Valencia ha activado todos sus canales de comunicación para dar visibilidad a este problema. A través de redes sociales, contactos con medios de comunicación y reuniones con otros sindicatos, buscan crear una presión conjunta que obligue a la administración a actuar con la celeridad que el caso requiere. No descartan tampoco la vía judicial si en las próximas semanas no se observan avances significativos.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el dinero de unos pocos trabajadores temporales, sino la credibilidad del sistema público y el principio de que quien trabaja tiene derecho a ser remunerado sin excusas ni demoras injustificadas. La sociedad valenciana, que tanto ha sufrido y luchado por recuperar la normalidad tras la DANA, no merece ver cómo se abandona a quienes fueron llamados a ayudar en su recuperación. El tiempo de las promesas vacías ha terminado; ahora es el momento de los hechos.