La polémica ha estallado en la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) tras la decisión de su dirección de incorporar a cinco nuevos redactores mediante un procedimiento que los trabajadores califican de irregular. La comunicación oficial llegó el pasado viernes por correo electrónico, anunciando que estas incorporaciones se harían efectivas el lunes 2 de febrero, sin seguir los cauces legales establecidos.
El núcleo de la controversia radica en que estas contrataciones se han realizado saltándose la bolsa de trabajo vigente, un mecanismo diseñado precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades y el mérito profesional en el acceso a la empresa pública. Según han denunciado fuentes sindicales y la propia Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, se trata de contrataciones "a dedo", realizadas sin el proceso selectivo que marca la normativa.
Entre los nuevos contratados destaca la figura de José Antonio Rodríguez Benítez, un periodista que hasta ahora formaba parte del gabinete de comunicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Rodríguez Benítez, además, ostenta el título de pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, lo que ha añadido un componente de notoriedad pública a su incorporación.
La decisión ha generado un profundo malestar entre la plantilla de la RTVA. Los trabajadores no solo cuestionan el método, sino también el timing político de la medida, que llega a apenas unos meses de las elecciones autonómicas andaluzas. En un comunicado interno al que ha tenido acceso la prensa, la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur exige "explicaciones urgentes" a la dirección.
El fundamento legal que la empresa pública habría esgrimido para justificar estas contrataciones directas es el artículo 34 del Convenio Colectivo, que permite a la dirección reservarse un 10% de las contrataciones para casos excepcionales. Sin embargo, los denunciantes argumentan que este artículo solo puede aplicarse cuando "la especifidad de las características del puesto a contratar así lo requiera", circunstancia que, a su juicio, no se da en este caso.
"El perfil de los contratados no revela especifidad ninguna que lo justifique", señala el comunicado de los trabajadores, que acusa a la dirección de utilizar "la peor forma de actuar, recurriendo a esa artimaña para contratar a dedo a quien quiere, saltándose la bolsa de trabajo, el SAE, y evitando informar con transparencia".
La Mesa de Contratación, órgano encargado de velar por la equidad en estos procesos, ha sido convertida, según los denunciantes, en "un mero buzón de hechos consumados". Esta actitud demuestra, a su parecer, "un desprecio absoluto por la Mesa de Contratación, por su Reglamento (que pretende que firmemos en breve) y de los compañeros que llevan años en situación de inestabilidad".
El contexto político no pasa desapercibido. La proximidad del ciclo electoral ha encendido las alarmas sobre la posible utilización de la televisión pública con fines partidistas. La contratación de un miembro del gabinete del presidente andaluz refuerza las críticas sobre la falta de independencia de la RTVA, un debate histórico en los medios públicos de la comunidad.
Desde CCOO también se han sumado a las críticas, recordando que existen cientos de profesionales en la bolsa de trabajo esperando una oportunidad. "Estas prácticas vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la administración pública", han manifestado desde el sindicato.
La dirección de Canal Sur, por su parte, mantiene el silencio oficial sobre las acusaciones. No ha emitido comunicado alguno aclarando las razones de estas contrataciones ni justificando la supuesta "especificidad" de los puestos. Esta falta de transparencia alimenta las sospechas de los trabajadores, que advierten con tomar medidas legales.
"Desde la Agrupación de Trabajadores no vamos a ser cómplices de esta actitud de la dirección", reza el comunicado. "Queremos explicaciones que justifiquen estos contratos. De lo contrario, entenderemos que se han hecho en fraude de ley con lo que actuaremos en consecuencia, reservándonos el derecho a emprender las acciones que correspondan".
La situación pone de manifiesto la tensión entre la dirección política y los trabajadores de la televisión pública. Mientras unos denuncian la politización de la RTVA, otros defienden la necesidad de contar con profesionales de confianza. El debate, sin embargo, se centra en el método: ¿se puede saltar el procedimiento legal establecido?
Expertos en derecho laboral consultados señalan que el artículo 34 del convenio es una figura excepcional que requiere una justificación rigurosa. "No puede convertirse en una puerta trasera para colocar a personas sin pasar por la bolsa. Cada caso debe estar motivado y ser transparente", apuntan.
El caso de Rodríguez Benítez, al provenir del gabinete del presidente, resulta especialmente sensible. Su incorporación a Canal Sur se interpreta como un premio o una compensación, más que como una necesidad específica de la casa. Esto erosiona la credibilidad del proceso y refuerza la percepción de que las televisiones públicas son un botín político.
Los trabajadores de la RTVA llevan años denunciando la precariedad y la falta de oportunidades. Muchos de ellos están en bolsa esperando una plaza estable. Ver cómo se abren puertas paralelas genera frustración y desmotivación. "Llevamos años con contratos temporales, cumpliendo todos los requisitos, y luego llegan estos casos", lamenta un redactor que prefiere mantener el anonimato.
La polémica también ha llegado a las redes sociales, donde usuarios y periodistas han criticado la decisión. El hashtag #CanalSur ha acumulado mensajes pidiendo transparencia y denunciando la supuesta falta de independencia del ente público.
La Junta de Andalucía, a través de portavoces oficiales, ha desvinculado al presidente Moreno Bonilla de la decisión, insistiendo en que la RTVA tiene autonomía para sus contrataciones. Sin embargo, la oposición ya ha anunciado que pedirá explicaciones en el Parlamento andaluz.
El PSOE-A ha calificado la situación de "escándalo" y ha exigido la comparecencia del consejero de Presidencia para que explique si se ha utilizado la televisión pública "como una agencia de colocación del PP". Por su parte, Adelante Andalucía ha hablado de "nepotismo" y ha anunciado una batería de preguntas.
El caso llega en un momento delicado para Moreno Bonilla, que prepara su candidatura a la reelección. Cualquier sombra de irregularidad en la gestión de los medios públicos puede ser explotada por la oposición. La imagen de un presidente que cuida a su gente mientras se saltan los procedimientos legales es dañina.
Mientras tanto, en los pasillos de Canal Sur, la tensión es palpable. Los trabajadores esperan una respuesta de la dirección que, por ahora, no llega. La amenaza de acciones legales está sobre la mesa. El reloj corre y la presión aumenta.
La historia de las televisiones públicas en España está llena de episodios de polémica por su gestión política. Andalucía no es una excepción. Sin embargo, cada nuevo caso aviva el debate sobre cómo garantizar la independencia y la profesionalidad de estos servicios públicos.
La clave está en la transparencia. Si la dirección de la RTVA tiene argumentos sólidos para justificar estas contrataciones, debe presentarlos. Si no, debe rectificar. La confianza de los ciudadanos en los medios públicos depende de ello.
Por ahora, la incógnita persiste. ¿Habrá más contrataciones directas? ¿Se revisará el procedimiento? Los trabajadores de Canal Sur están en pie de guerra, dispuestos a defender el marco legal que protege la igualdad de oportunidades. La batalla está servida.