La actriz ha decidido desistir de la acusación por abuso sexual que mantenía contra el exdiputado, una decisión que pone en riesgo la continuidad del proceso judicial.
En un giro inesperado en el caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante meses, Elisa Mouliaá ha formalizado ante la justicia su decisión de retirar la acusación particular que presentó contra Íñigo Errejón. La intérprete, que inicialmente solicitaba una condena de tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros, ha puesto fin a su participación en el procedimiento por motivos que ella misma califica como "estrictamente personales y de salud".
La noticia llega en un momento crítico del proceso, cuando el juez instructor Adolfo Carretero había determinado que existían indicios suficientes para celebrar un juicio oral. Esta valoración contradecía la postura de la Fiscalía de Madrid, que en su momento decidió no ejercer la acusación, y también chocaba con los deseos de la defensa de Errejón, que había recurrido precisamente para evitar llegar a esa instancia.
El contexto de una denuncia que dividió opiniones
El caso se originó tras una serie de denuncias anónimas que salieron a la luz pública y que provocaron la dimisión del exdiputado de Más Madrid. Fue entonces cuando Mouliaá decidió dar un paso al frente y personarse en el procedimiento, convirtiéndose en la única acusación particular concreta y nominal en todo el proceso. Su objetivo, según ha manifestado en repetidas ocasiones, no era otro que dar visibilidad a unas acusaciones que corían el riesgo de quedar en el olvido.
La actriz presentó su escrito de acusación formal atribuyendo a Errejón un delito continuado de abuso sexual, figura que en la actualidad se enmarca dentro del delito de agresión sexual tras la reforma del Código Penal. La petición de pena era clara: tres años de privación de libertad y una compensación económica por los daños causados.
Sin embargo, el camino judicial no ha sido sencillo. La decisión de la Fiscalía de no acusar ya dejaba el peso del proceso exclusivamente sobre los hombros de Mouliaá. A esto se sumaba la postura de la defensa, que no dudó en recurrir la decisión del juez de llevar el caso a juicio. En este escenario complejo, la actriz se ha visto cada vez más sola, según sus propias palabras.
Las razones detrás de la retirada
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Mouliaá deja claro que su decisión es "total, libre, consciente e irrevocable". Lo más importante, y lo que ha generado más debate, es su insistencia en que esta retirada "no obedece a una retractación de los hechos denunciados".
La actriz enfatiza que tanto el Ministerio Fiscal como el propio juez instructor han considerado que existían indicios de criminalidad y que los hechos denunciados tenían sustento. En este sentido, su retirada no implica desmentir lo ocurrido, sino una imposibilidad personal de continuar con un proceso que le está generando un desgaste extremo.
"Por razones estrictamente personales y de salud" es la explicación que ofrece para justificar una decisión que, sin duda, habrá sido muy difícil de tomar. La presión mediática, el coste emocional de enfrentarse a un proceso judicial de estas características y la sensación de estar sola en la trinchera han pesado más que la voluntad de ver el caso hasta el final.
Una crítica velada a otras presuntas víctimas
Uno de los aspectos más llamativos de su comunicado es el reproche que hace a otras personas que, según su versión, habrían sufrido situaciones similares pero que nunca se han personado en el procedimiento. Mouliaá expresa con claridad su frustración al respecto: "Durante la tramitación del procedimiento, ninguna de las demás personas afectadas ha decidido personarse ni ejercer acción penal, habiendo quedado esta compareciente como única acusación particular".
Esta soledad en el proceso, lejos de fortalecerla, ha incrementado su "sensación de exposición y desgaste personal". La actriz llega incluso a cuestionar el contexto en el que tomó la decisión de denunciar, recordando que cuando lo hizo "los hechos habían salido a la luz mediante denuncias anónimas y el acusado había dimitido, realizándose manifestaciones públicas en las que se sugería que dichas denuncias podrían ser falsas".
Su intervención, según explica, "respondió exclusivamente a la voluntad de dar la cara y manifestar lo vivido", convirtiéndose en el único rostro visible de unas acusaciones que de otro modo habrían quedado en la impunidad del anonimato.
¿Qué futuro le espera al caso?
La retirada de Mouliaá deja el procedimiento en una situación jurídicamente compleja. Con la Fiscalía fuera del caso y la acusación particular retirada, la única opción para que el proceso continúe recae en la acusación popular ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), representada por el abogado Jorge Piedrafita.
Esta asociación ha manifestado su intención de seguir adelante con el proceso, pero la viabilidad de mantener una causa penal con una acusación popular única es cuestionable. El sistema judicial español requiere de un impulso procesal que, en casos como este, resulta complicado de mantener sin una acusación particular o fiscal.
El magistrado instructor tendrá ahora que resolver si los indicios que apreció inicialmente son suficientes para mantener abierto un proceso sin la principal impulsora de la acusación. La defensa de Errejón, por su parte, ya había recurrido la decisión de llevar el caso a juicio, por lo que probablemente aproveche esta circunstancia para reforzar su posición.
Una decisión personal con resonancia colectiva
En sus redes sociales, Mouliaá ha sido igualmente clara: "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así". Esta declaración resume el dilema de muchas víctimas que, a pesar de tener la convicción de la veracidad de sus denuncias, se ven abrumadas por el coste personal de la búsqueda de justicia.
La actriz concluye que "si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación", dejando claro que su papel en este proceso ha llegado a su fin. "Yo me retiro con la conciencia tranquila", afirma, un cierre que refleja la complejidad emocional de una decisión que, aunque personal, tiene implicaciones colectivas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema de justicia en casos de abuso sexual, la presión sobre las víctimas y la necesidad de mecanismos que eviten que la búsqueda de verdad recaiga exclusivamente sobre los hombros de quienes se atreven a dar la cara. La retirada de Mouliaá, lejos de ser un final, podría ser el inicio de una reflexión más profunda sobre cómo proteger a las víctimas durante los procesos judiciales.