El exdirigente socialista Santos Cerdán, quien ocupara el cargo de secretario de Organización del PSOE durante años clave del partido, salió en libertad el pasado 19 de noviembre tras permanecer casi cinco meses en la prisión de Soto del Real. Su excarcelación fue ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien decidió poner fin a su prisión preventiva en el marco de una compleja investigación que ahora tramita la Audiencia Nacional y que ha sacudido los cimientos del principal partido de la oposición.
Los hechos que motivaron su detención se enmarcan en la causa sobre las presuntas mordidas empresariales que salieron a la luz a través de las polémicas grabaciones realizadas por Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Estas grabaciones, que el propio García realizó presuntamente para autoinculparse o como seguro de vida, han desencadenado una de las mayores crisis de corrupción que ha afectado al partido socialista en los últimos años, poniendo en entredicho contratos millonarios para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
Pocos días después de recuperar su libertad, Cerdán recibió una llamada telefónica de Leire Díez, antigua militante del PSOE que actualmente se encuentra investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en esta misma trama. La conversación, según ha reconocido el propio Cerdán en su declaración judicial ante el juez madrileño Arturo Zamarriego, fue breve y tenía un propósito aparentemente solidario, aunque las circunstancias la convierten en un elemento clave de la investigación.
Durante su testimonio, el exdirigente socialista explicó que Díez se puso en contacto con él para mostrar su apoyo personal y conocer su estado de ánimo tras el periodo de privación de libertad. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, la conversación tomó un rumbo más directo cuando la exmilitante le interrogó sobre la veracidad de las informaciones que estaban publicando los medios de comunicación respecto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Estos informes policiales se basan en los audios incautados en el domicilio de Koldo García y sugieren una trama de pagos irregulares y favores a cambio de influencias dentro de la administración pública, con presuntas comisiones millonarias en contratos de emergencia. Ante las preguntas de Díez sobre si había algo de verdad en todas esas acusaciones, Cerdán respondió con rotundidad: "No hay nada, es falso", añadiendo de manera categórica: "No tengo dinero, todo es mentira".
Esta afirmación, realizada en un contexto privado pero que ahora forma parte de la investigación judicial, cobra especial relevancia porque contradice directamente las hipótesis de la Fiscalía y de la UCO, que sospechan que Cerdán pudo haberse beneficiado económicamente de la trama a través de pagos ocultos o comisiones. La defensa del exdirigente socialista ha aprovechado estas declaraciones para reforzar su estrategia de negación de los hechos y cuestionar la base probatoria del caso.
El letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán, ha mostrado su malestar públicamente por lo que considera una demora injustificada en la entrega del informe patrimonial que la UCO debería haber elaborado sobre su cliente. En declaraciones recientes, el abogado ha reprochado al Tribunal Supremo que esta ausencia de documentación oficial está generando una "verdad oficial de supuesta corrupción" en la opinión pública, sin que su defendido tenga posibilidad de rebatir con pruebas contundentes estas acusaciones.
La importancia de este informe patrimonial radica en que podría confirmar o desmentir si Cerdán experimentó un incremento injustificado de su fortuna durante los años en los que supuestamente se desarrolló la trama. Sin embargo, la demora en su entrega ha generado suspicacias en ambos bandos. Mientras la defensa interpreta esta tardanza como una falta de evidencias, la acusación considera que las investigaciones patrimoniales complejas requieren tiempos necesarios para rastrear estructuras societarias y movimientos financieros sofisticados.
Las fuentes de la defensa insinúan que la demora en la entrega del informe patrimonial no es casual, sino una consecuencia de que los investigadores no están encontrando evidencias de enriquecimiento. Según estas fuentes, los agentes de la UCO "no encuentran nada, porque no hay nada" que vincule a Cerdán con cuentas ocultas, bienes no declarados o movimientos sospechosos de capital. Esta circunstancia, argumentan, explicaría por qué el informe se está "dilatando" más allá de los plazos habituales en este tipo de investigaciones.
El caso ha generado una enorme expectación mediática por las implicaciones políticas que conlleva, especialmente de cara a las próximas convocatorias electorales. La figura de Leire Díez resulta particularmente controvertida, ya que en una de las grabaciones de Koldo García se la escucha presentarse como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", lo que sugiere un papel activo en la gestión de información sensible dentro del partido y una posible conexión directa con la cúpula.
Además de Díez, la investigación del juez Zamarriego apunta al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, a quienes se les imputa haber participado en una supuesta trama para recabar información contra jueces, fiscales y guardias civiles. El objetivo, según la acusación, sería "anular o malbaratar" las investigaciones en curso sobre casos de corrupción que afectan a políticos y empresarios de primera línea, creando así una red de protección mutua que obstaculizara la justicia.
La estrategia de la defensa de Cerdán se centra en desmontar la presunta existencia de pruebas patrimoniales que demuestren un enriquecimiento injustificado. Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso en la Audiencia Nacional, donde se están analizando minuciosamente las grabaciones de Koldo García y las conexiones entre todos los imputados, buscando establecer una cadena de responsabilidades claras que permita determinar quiénes eran los beneficiarios finales de la trama.
El magistrado Leopoldo Puente, antes de su reciente dimisión del Tribunal Supremo, ya había mostrado cierta reticencia respecto a la prisión preventiva de Cerdán, considerando que los riesgos de fuga y destrucción de pruebas no justificaban su prolongada estancia en prisión. Esta decisión, sin embargo, no implica un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia, que será determinado en el juicio oral que podría celebrarse en los próximos meses.
El caso continúa en plena investigación y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas declaraciones judiciales y, posiblemente, la entrega del tan esperado informe patrimonial de la UCO. Mientras tanto, la versión de Cerdán permanece firme: no hay evidencia de enriquecimiento ilícito y todas las acusaciones son infundadas, producto de una interpretación errónea de las grabaciones y de una presión mediática sin precedentes que ha condenado públicamente antes de tiempo. La justicia deberá determinar finalmente la verdad.