La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha lanzado una advertencia contundente sobre el sistema de incapacidad temporal en España, calificándolo de presentar una deficiencia estructural que compromete su sostenibilidad a medio plazo. El organismo que preside Cristina Herrero ha presentado su informe Spending review 2022-2026, donde analiza en profundidad la evolución de las bajas laborales y su creciente impacto económico en las arcas públicas.
Los números son elocuentes y preocupantes: el gasto en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2017, alcanzando los 16.500 millones de euros en 2024, convirtiéndose en la segunda partida más importante del presupuesto de la Seguridad Social, solo superada por las pensiones. Esta cifra refleja un crecimiento del 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes en el mismo periodo, una tendencia que muestra signos de aceleración y que, de mantenerse, podría desbordar las previsiones presupuestarias en los próximos ejercicios.
Duración creciente y patologías críticas
No solo aumenta el número de bajas, sino también su duración media. El tiempo de incapacidad temporal ha pasado de 40 a 46 días, un incremento del 15% que resulta especialmente preocupante en determinadas patologías. En el caso de los trastornos de salud mental, la duración media se ha disparado de 67 a 99 días, un aumento del 48% que refleja la creciente incidencia de problemas como la ansiedad, la depresión o el burnout laboral en la población activa.
Las enfermedades musculoesqueléticas, que incluyen problemas de espalda, articulaciones y lesiones por esfuerzo repetitivo, también registran aumentos significativos tanto en incidencia como en duración. Estas dos categorías representan las patologías de mayor gasto para el sistema, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordarlas con políticas específicas y una atención prioritaria en la planificación sanitaria.
El problema de fondo: una falla en el diseño institucional
La Airef identifica la raíz del problema en una separación entre autoridad clínica y responsabilidad financiera. Los médicos de atención primaria son quienes tienen la potestad exclusiva de diagnosticar y prescribir las bajas, mientras que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) asume la carga económica sin tener capacidad de supervisión efectiva sobre los procesos clínicos.
Este esquema, según el informe, se ve agravado por la organización descentralizada del sistema sanitario español, donde las comunidades autónomas gestionan la atención primaria con criterios y protocolos diferentes. Esta configuración dificulta la internalización de los costes económicos por parte de los profesionales sanitarios y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos.
Expertos en salud laboral llevan años alertando sobre esta falla en el diseño institucional, que impide una gestión eficiente y coordinada del sistema. La falta de comunicación fluida entre los niveles asistencial y administrativo crea vacíos legales y oportunidades para el abuso, tanto por parte de pacientes como de profesionales poco escrupulosos que pueden verse influenciados por presiones de todo tipo.
Los cinco factores detrás del crecimiento exponencial
El informe de la Airef desglosa cinco causas principales que explican el aumento desmesurado de la incapacidad temporal:
1. Falta de supervisión y seguimiento de los procesos clínicos, que permite que bajas se prolonguen sin control ni revisión periódica rigurosa
2. Evolución normativa más garantista y mejora de los convenios colectivos, que amplían derechos y protecciones para los trabajadores
3. Ciclo económico expansivo, que facilita el acceso a la cobertura y reduce el miedo a perder el empleo por estar de baja
4. Aumento de la demanda en atención primaria, saturada y con dificultades para gestionar casos complejos de forma ágil
5. Incremento de las listas de espera en el sistema público, que retrasa el alta médica y prolonga las bajas de forma artificial
Esta combinación de factores crea un escenario perfecto para el crecimiento descontrolado del gasto, sin que existan mecanismos efectivos de control y optimización que actúen sobre todas estas variables simultáneamente.
Visiones enfrentadas: patronales y sindicatos
El aumento de las bajas laborales es una preocupación compartida por empresarios y trabajadores, pero sus diagnósticos son diametralmente opuestos y reflejan intereses contrapuestos que dificultan el consenso.
Las organizaciones patronales insisten en que el fraude es el principal motor del crecimiento. Sostienen que numerosos empleados utilizan el sistema de incapacidad temporal para ausentarse del trabajo sin justificación médica real, aprovechando las lagunas del control médico. Consideran que muchas bajas son innecesarias o excesivamente prolongadas, generando un coste injustificado para las empresas y la Seguridad Social que afecta directamente a la competitividad.
Por su parte, los sindicatos rechazan rotundamente esta tesis. Argumentan que la clave del alargamiento de las bajas reside en el empeoramiento de la sanidad pública, con tiempos de espera cada vez mayores para recibir atención especializada, pruebas diagnósticas o tratamientos adecuados. También señalan el envejecimiento de la población trabajadora como un factor determinante, con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas que requieren periodos de recuperación más largos. Los representantes de los trabajadores exigen más recursos sanitarios y mejores condiciones laborales, no mayor control policial.
Propuestas de reforma urgente
Ante este panorama, la Airef propone un paquete de medidas estructurales para corregir la situación de forma integral:
- Mejorar la coordinación entre Administraciones públicas, mutuas y empresas, creando protocolos comunes y sistemas de información compartida
- Reforzar las capacidades del INSS para una supervisión efectiva y ágil de los procesos, con más personal y mejores herramientas tecnológicas
- Abordar de forma decidida las listas de espera que alargan innecesariamente las bajas, invirtiendo en recursos sanitarios
- Implementar sistemas de seguimiento clínico que permitan optimizar los procesos y detectar irregularidades de forma temprana
- Crear mecanismos que faciliten la internalización de costes en la toma de decisiones clínicas, sin comprometer la independencia profesional
La necesidad de actuar es urgente, ya que la tendencia actual es insostenible a medio plazo y pone en riesgo la viabilidad del sistema de protección social, además de generar tensiones innecesarias entre agentes sociales que dificultan la gobernabilidad del país.
Un desafío de sostenibilidad para el Estado del bienestar
La alerta de la Airef pone sobre la mesa un problema complejo que requiere una respuesta política valiente y consensuada. La sostenibilidad del sistema de incapacidad temporal está en juego, y con ella, la protección de los derechos de los trabajadores y la salud de las finanzas públicas.
La solución no pasa por culpabilizar a un solo actor, sino por reconocer que el diseño actual genera incentivos perversos y carece de los mecanismos de control necesarios. Solo mediante una reforma integral que mejore la coordinación, refuerce la supervisión y aborde las causas sanitarias subyacentes será posible revertir la tendencia y garantizar un sistema eficiente, justo y sostenible para las próximas décadas.
El reto es mayúsculo: debe protegerse el derecho a la salud de los trabajadores sin comprometer la viabilidad económica del sistema de protección social, equilibrando eficiencia y equidad en un contexto de envejecimiento poblacional y presión creciente sobre la sanidad pública. La alternativa es el colapso gradual de un sistema que, en teoría, debe proteger a los más vulnerables pero que, en la práctica, se ha convertido en un lastre para la economía española.