La tensión en torno a la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Este martes, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha cargado con dureza contra el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de aplicar una auténtica "apisonadora" contra la sanidad pública. Las palabras de la dirigente socialista no han sido una simple declaración política, sino que han resonado con fuerza durante una concentración de trabajadores y vecinos frente al Hospital de La Princesa, un centro que se ha convertido en símbolo de la crisis que atraviesa el sistema madrileño.
La protesta, convocada para denunciar la falta crítica de personal en el servicio de Urgencias y el deterioro generalizado de las instalaciones, ha servido de escenario perfecto para que Espinar verbalizara las preocupaciones que llevan meses creciendo entre profesionales y pacientes. Según la portavoz, la estrategia del Gobierno regional es clara: asfixiar progresivamente la sanidad pública mediante recortes encubiertos y falta de inversión, creando así un caldo de cultivo favorable para el desembarco de intereses privados en un sector estratégico.
El Hospital de La Princesa, situado en el distrito de Chamberí, representa un caso paradigmático de esta dinámica. Los trabajadores del centro llevan semanas alertando sobre una situación insostenible en Urgencias, donde la ratio de pacientes por profesional ha superado todos los límites recomendados. Los testimonios recogidos hablan de jornadas maratonianas, saturación de camas y una atención que se ve comprometida no por falta de profesionalidad, sino por la imposibilidad material de atender adecuadamente a tanta demanda con los recursos disponibles.
Mar Espinar no ha dudado en calificar esta situación como "el resultado de años de desinversión deliberada". Durante su intervención, ha señalado que el Gobierno de Ayuso ha priorizado constantemente el mantenimiento de conciertos millonarios con hospitales privados mientras dejaba morir de inanición a la red pública. Esta política, argumenta el PSOE-M, no solo es injusta desde el punto de vista social, sino que resulta tremendamente ineficiente económicamente, ya que desviar fondos públicos hacia entidades privadas con ánimo de lucro encarece el sistema sin garantizar mejores resultados.
La denuncia socialista se enmarca en un contexto más amplio de creciente malestar en la sanidad madrileña. Durante los últimos meses, numerosos colectivos profesionales, sindicatos y plataformas ciudadanas han organizado movilizaciones similares en hospitales como el 12 de Octubre, La Paz o Gregorio Marañón. Todas comparten un mismo diagnóstico: la Comunidad de Madrid, pese a ser una de las más ricas de España, presenta unos índices de financiación sanitaria por habitante que se sitúan por debajo de la media nacional.
Los datos hablan por sí solos. Según informes de la propia Consejería de Sanidad, el gasto sanitario per cápita en Madrid se ha estancado en los últimos años, mientras que la población ha crecido de forma significativa. Esta combinación resulta en una presión asistencial insoportable para los centros que deben atender a más personas con los mismos o incluso menos recursos. Los profesionales denuncian que las plazas vacantes no se cubren, que las listas de espera crecen sin control y que la precariedad laboral se ha instalado en plantillas que deberían ser estables y motivadas.
La estrategia de la presidenta Ayuso, sin embargo, parece ir por otros derroteros. En múltiples ocasiones ha defendido el modelo de colaboración público-privada como la vía para garantizar la calidad asistencial sin comprometer las finanzas regionales. Desde el Ejecutivo madrileño se argumenta que los conciertos con hospitales privados permiten descongestionar la red pública y ofrecer una atención más rápida a los ciudadanos. Una postura que, según los críticos, no hace sino maquillar la privatización encubierta de un derecho fundamental.
El debate se ha intensificado tras las últimas decisiones presupuestarias, donde se ha incrementado la partida destinada a centros privados mientras se mantenía congelada la inversión en infraestructuras públicas. Expertos en políticas sanitarias advierten que esta dinámica crea un círculo vicioso perverso: al deteriorar la calidad de la sanidad pública, se genera insatisfacción entre los usuarios, lo que justifica a su vez mayores derivaciones hacia la red privada, reforzando el discurso oficial de que la pública es ineficiente.
Mar Espinar ha prometido que el PSOE-M llevará esta batalla hasta el final en la Asamblea regional. Ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias que incluyen la exigencia de un plan de choque de contratación de personal, una auditoría independiente sobre el estado de los hospitales madrileños y la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los conciertos sanitarios. Además, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse para defender un sistema sanitario que, recuerda, fue construido con el esfuerzo de toda la sociedad y no puede ser desmantelado por intereses partidistas.
La respuesta del Gobierno regional no se ha hecho esperar. Fuentes de la Consejería de Sanidad han calificado las acusaciones de "populistas y oportunistas", asegurando que la inversión en sanidad pública ha aumentado en términos absolutos y que las listas de espera se han reducido en comparación con ejercicios anteriores. Sin embargo, estos argumentos chocan frontalmente con la percepción de los profesionales sobre el terreno, que hablan de una realidad muy diferente a la que se pinta desde los despachos oficiales.
El Hospital de La Princesa, con más de 150 años de historia, se ha convertido así en el epicentro de una batalla mucho más amplia por el modelo sanitario que debe regir en Madrid. Los vecinos que acudieron a la concentración portaban pancartas con lemas como "Sanidad pública sí, negocio privado no" o "Ayuso, nuestra salud no se vende". Un testimonio claro de que la ciudadanía empieza a tomar conciencia de lo que está en juego.
El futuro inmediato pinta complicado. Con un Gobierno regional firme en su apuesta por la colaboración público-privada y una oposición que gana fuelle en sus críticas, la polarización parece inevitable. Mientras tanto, los profesionales sanitarios continúan ejerciendo con dignidad una labor cada día más difícil, y los pacientes se enfrentan a un sistema que, según denuncian, los trata como números en una hoja de cálculo contable.
La batalla por la sanidad pública en Madrid acaba de comenzar, y el Hospital de La Princesa es solo la primera trinchera. Lo que está en juego no es solo el futuro de un hospital, sino la very concepto de salud como derecho universal en una de las regiones más importantes de España. El tiempo dirá si las voces de protesta logran revertir una tendencia que, de consolidarse, cambiará para siempre el mapa sanitario de la Comunidad de Madrid.