El Gobierno de coalición vive horas decisivas. Después del revés sufrido la semana pasada en el Congreso, donde el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y el llamado escudo social fue rechazado, PSOE y Sumar aceleran las negociaciones para encontrar una salida antes del próximo Consejo de Ministros. La clave está en desglosar el polémico paquete de medidas, una opción que Sumar ya no descarta siempre que se mantenga la pieza más sensible: la moratoria que suspende los desahucios de inquilinos vulnerables.
La estrategia del ejecutivo se ha visto obligada a dar un giro tras la convalidación fallida del decreto. La inclusión de la medida sobre desahucios fue el punto de fricción que llevó a PP, Vox y Junts a votar en contra, mientras que PNV y Coalición Canaria (CC) se abstuvieron a pesar de sus reservas. El resultado: la subida de pensiones para 2026, que estaba incluida en el mismo texto, quedó en el aire.
Fuentes de Sumar han confirmado que su posición se ha flexibilizado en la forma, pero no en el fondo. El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha trasladado al PSOE que la línea roja infranqueable es preservar la suspensión de desahucios para familias en situación de vulnerabilidad. "No vamos a permitir que se deje caer la medida", han advertido de manera tajante.
La propuesta que maneja el socio minoritario del Gobierno consiste en desgajar las pensiones del resto del decreto, creando dos textos normativos independientes. De esta forma, la revalorización de las prestaciones podría aprobarse de forma inmediata, desbloqueando la incertidumbre de más de diez millones de pensionistas. Sin embargo, esta cesión tiene un precio: el PSOE debe garantizar que la moratoria de desahucios también saldrá adelante, contando con el apoyo de Junts y de los partidos nacionalistas.
La negociación se ha convertido en un verdadero puzzle parlamentario. Junts, que ya demostró su disconformidad con la moratoria en su forma original, exige modificaciones sustanciales. Por su parte, PNV y CC, aunque finalmente apoyaron el decreto, advirtieron que la medida deja "desprotegidos" a los pequeños propietarios, que representan la mayoría del parque de vivienda en alquiler en España.
Sumar ha mostrado disposición a dialogar sobre los términos concretos de la moratoria. Las concesiones podrían incluir un incremento de las ayudas económicas para los arrendadores que dejen de percibir ingresos por el impago de sus inquilinos, así como la agilización de los procedimientos de compensación. "Para nosotros lo importante es el qué, no el cómo", ha insistido Urtasun, dejando claro que la prioridad es mantener la protección a las familias vulnerables.
El calendario apremia. Desde la tarde del domingo, los equipos negociadores trabajan sin descanso para alcanzar un acuerdo que permita al Consejo de Ministros del martes aprobar las medidas. La presión es máxima porque cualquier retraso afectaría directamente a dos colectivos cruciales: los pensionistas, que esperan la confirmación de la subida de sus prestaciones, y las familias en riesgo de exclusión residencial.
La situación ha puesto de manifiesto las frágiles mayorías con las que cuenta el Gobierno. La confluencia de intereses tan dispares -desde la derecha de Vox hasta los independentistas de Junts, pasando por los nacionalistas vascos y canarios- ha convertido la aprobación de medidas sociales básicas en un ejercicio de equilibrio político.
El portavoz de Sumar ha reconocido que se trabaja "intensamente" para desatascar el conflicto, aunque no ha podido garantizar que el acuerdo esté listo para el martes. La incertidumbre planea sobre la capacidad del ejecutivo para mantener unido su programa social frente a las exigencias de sus socios parlamentarios.
El debate subyacente trasciende la mera negociación política. Por un lado, está la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, un compromiso adquirido por el Gobierno que ahora peligra. Por otro, la protección de los derechos de los inquilinos más vulnerables, que se enfrentan a una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes.
Los pequeños propietarios, representados por asociaciones como la de Propietarios Urbanos, han elevado sus quejas al considerar que la moratoria les coloca en una situación de desventaja económica. Argumentan que las ayudas públicas no cubren totalmente las pérdidas y que los plazos de compensación son excesivamente largos.
Sumar, sin embargo, mantiene que la medida es "imprescindible" en un contexto donde los desahucios han aumentado un 30% en los últimos dos años. La formación defiende que la protección de la vivienda es un derecho fundamental que no puede quedar supeditado a intereses económicos particulares.
La negociación con Junts pasa por encontrar un lenguaje común que permita a la formación catalana justificar su apoyo sin romper sus principios. Fuentes parlamentarias apuntan que podría aceptarse un sistema de mediación obligatoria previa al desahucio, con plazos más cortos y compensaciones más generosas para los propietarios.
Por su parte, PNV ha condicionado su voto a que se reconozca expresamente el papel de las comunidades autónomas en la gestión de las ayudas. Los nacionalistas vascos exigen que el ejecutivo central no centralice todo el procedimiento y que se respeten las competencias territoriales.
Coalición Canaria, por su lado, ha centrado sus exigencias en la defensa de los pequeños propietarios canarios, que en muchos casos dependen del alquiler como única fuente de ingresos. La formación insiste en que cualquier moratoria debe ir acompañada de un fondo de compensación ágil y suficiente.
El PSOE, consciente de que su estabilidad depende de este acuerdo, ha adoptado un perfil bajo en las negociaciones. Prefiere que sea Sumar quien lidere las conversaciones con los socios, mientras trabaja en los detalles técnicos de la posible división del decreto.
Expertos constitucionales advierten que la fragmentación del decreto podría tener consecuencias imprevistas. Si bien permitiría desbloquear las pensiones, también expondría la moratoria de desahucios a un mayor escrutinio parlamentario, lo que podría debilitarla o retrasar su aprobación definitiva.
La sociedad civil ha reaccionado con preocupación a la parálisis. Organizaciones de defensa de los consumidores y de lucha contra la pobreza han lanzado campañas para presionar a los partidos, recordando que miles de familias esperan una solución inmediata.
Mientras tanto, los pensionistas, a través de su organización mayoritaria, han exigido al Gobierno que desvincule su subida de "batallas políticas" que no les afectan directamente. Consideran injusto que sus prestaciones dependan de una disputa sobre la vivienda.
El tiempo se agota y todas las miradas están puestas en la reunión del Consejo de Ministros. Si no hay acuerdo, el Gobierno se verá obligado a convocar nuevas rondas de negociación, lo que retrasaría la entrada en vigor de ambas medidas y profundizaría la sensación de inestabilidad política.
La solución, según fuentes de la negociación, pasa por un documento híbrido que mantenga la unidad del decreto pero introduzca modificaciones sustanciales en la moratoria para satisfacer a Junts y los nacionalistas. Sin embargo, Sumar no ha confirmado si aceptaría esta vía intermedia.
Lo que está claro es que el ejecutivo no puede permitirse otro fracaso. La repetición de la votación sin garantías de éxito debilitaría seriamente su autoridad y abriría interrogantes sobre su capacidad para gobernar hasta 2027. Por eso, la presión es máxima en estos momentos.
La negociación de este martes no solo decidirá el futuro inmediato de las pensiones y los desahucios. Será también una prueba de fuego para la cohesión de la coalición y para el modelo de gobernabilidad que Pedro Sánchez ha construido sobre acuerdos programáticos con formaciones muy diversas.
En las próximas horas se sabrá si el Gobierno es capaz de transformar esta crisis en una oportunidad para fortalecer sus alianzas, o si por el contrario, la complejidad de la situación terminará por desgarrar el tejido de su mayoría parlamentaria. Lo que ocurra marcará el rumbo de la política social española en los próximos meses.