Santos Cerdán, quien hasta hace poco ocupó el cargo de secretario de Organización del PSOE, ha prestado declaración ante el juez instructor del caso Leire, Arturo Zamarriego, en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Durante su testimonio, el ex alto cargo socialista reconoció que la ex militante del partido, Leire Díez, mantenía en su poder grabaciones de audio relacionadas con prostíbulos que habrían sido regentados por la familia de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según han confirmado fuentes jurídicas cercanas a la investigación, Cerdán ha admitido que Díez, quien desempeñaba labores de investigación interna en las denominadas "cloacas" del partido bajo su supervisión, le ofreció acceso a dicho material en al menos dos ocasiones. Estos encuentros tuvieron lugar en la sede central del PSOE, concretamente en la quinta planta del edificio de Ferraz, muy cerca del despacho que el propio Cerdán ocupaba en aquel momento.
El calendario de estos hechos resulta especialmente significativo. Las reuniones se celebraron en abril de 2024, un período que coincide con la polémica decisión de Pedro Sánchez de tomarse cinco días de reflexión tras las revelaciones sobre la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, quien fue imputada en el caso denominado "caso Begoña". Esta temporalidad ha llamado la atención de los investigadores, que intentan esclarecer si existía una coordinación deliberada para obtener información sensible que pudiera influir en procesos judiciales de alto perfil.
Durante su declaración, Cerdán precisó que la respuesta que dio a Leire Díez cuando le mostró los audios fue que ese material no le resultaba de interés, argumentando que la información ya era conocida y que, además, estaba vinculada a las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, figura central en múltiples tramas de espionaje y corrupción en España. Sin embargo, esta justificación no ha convencido al juez, que continúa indagando en la verdadera naturaleza de estas operaciones.
La trama se complica con la participación de otros altos cargos del partido y del Gobierno. En una de las reuniones en Ferraz también estuvieron presentes Antonio Hernando, quien entonces ocupaba el puesto de número dos del Gabinete de Presidencia en Moncloa; Ion Antolín, ex secretario de Estado de Comunicación; y Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén y actual responsable de Política Municipal del PSOE, quien fuera mano derecha de Cerdán. La presencia de estos funcionarios en encuentros donde se manejaba información tan sensible ha elevado el nivel de preocupación sobre la implicación institucional en estas prácticas.
La situación de Santos Cerdán no es ajena a los tribunales. El ex secretario de Organización se encuentra en libertad provisional desde noviembre de 2024, cuando el Tribunal Supremo decidió su puesta en libertad en el marco del caso conocido como "trama PSOE", donde se le acusa de presunta gestión de sobornos en adjudicaciones irregulales de obra pública. Desde su salida de prisión, Cerdán ha mantenido contacto con Leire Díez, incluyendo una llamada telefónica que él mismo ha reconocido ante el juez.
Por su parte, Leire Díez logró esquivar la prisión preventiva en diciembre de 2024 tras ser detenida en el marco del caso SEPI, donde está imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La ex fontanera de Ferraz, término coloquial con el que se conoce a quienes realizan labores de investigación interna y contrainteligencia para el partido, se encuentra en el centro de una investigación que busca determinar si lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada".
El juez Zamarriego investiga si Díez, junto al empresario Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, formaba parte de una red dedicada a buscar información comprometedora sobre guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores. El objetivo final, según la investigación, era anular o perjudicar investigaciones en curso sobre casos que afectaban a políticos y empresarios de relevancia nacional.
La conexión con el entorno de Villarejo resulta especialmente preocupante para la investigación. El comisario jubilado, ya condenado en varios procesos, ha sido señalado como el autor intelectual de numerosas operaciones de espionaje ilegal. La posibilidad de que material suyo circulara por los pasillos del PSOE y fuera ofrecido a altos cargos del partido plantea serias dudas sobre la legalidad de los métodos empleados por la formación política para protegerse de investigaciones judiciales.
El caso también ha sacado a la luz las tensiones internas en el seno del PSOE. La investigación ha revelado que Antonio Hernando, quien trabajó en Moncloa para Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE de Madrid, habría participado en maniobras contra Pedro Sánchez utilizando precisamente la información sobre los prostíbulos del suegro del presidente. Esta guerra interna demuestra el nivel de confrontación que existía, y posiblemente sigue existiendo, en las altas esferas del partido gobernante.
El juez Zamarriego no solo investiga los hechos concretos, sino también el modus operandi de lo que considera una estructura organizada. La hipótesis del tribunal es que existía una red perfectamente coordinada cuyo propósito era obtener datos sensibles de instituciones estatales para manipular procesos judiciales. La implicación de funcionarios en activo y altos cargos políticos convertiría esta trama en uno de los escándalos más graves de los últimos años en España.
La declaración de Cerdán, aunque limitada, ha aportado nuevos elementos a la investigación. Su reconocimiento de las reuniones y del contenido de los audios, aunque minimizando su relevancia, confirma que el partido tenía conocimiento de la existencia de material comprometedor sobre la familia del presidente. La cuestión que ahora debe resolver el juez es hasta qué punto esta información fue utilizada, o intentó ser utilizada, para presionar o influir en decisiones políticas y judiciales.
El caso continúa su curso judicial con nuevas declaraciones previstas y un análisis exhaustivo de las comunicaciones intervenidas. La gravedad de las acusaciones, que implican delitos de cohecho, tráfico de influencias y posible obstrucción a la justicia, sitúa a esta investigación en el centro de la actualidad política española. La ciudadanía espera respuestas claras sobre si los mecanismos de poder del partido en el Gobierno fueron utilizados para proteger intereses particulares y obstaculizar la labor de la justicia.
La investigación del caso Leire ha puesto de manifiesto la existencia de prácticas opacas en el seno de las principales formaciones políticas. La utilización de informantes, la recopilación de información sensible sobre adversarios políticos y sobre miembros de la propia organización, y la posible utilización de esa información para fines delictivos, son cuestiones que deberán ser esclarecidas en los próximos meses en los tribunales. Mientras tanto, la sombra de la corrupción y el tráfico de influencias continúa planando sobre la política española.