El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha registrado este martes su primera derrota parlamentaria del año después de que el Congreso de los Diputados rechazara el conocido como "decreto ómnibus", una normativa que agrupaba varias medidas sociales entre las que destacaban la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la paralización de los desahucios en determinados casos. La iniciativa no contó con el apoyo suficiente tras la oposición frontal de PP, Vox, Junts y UPN, que decidieron votar en contra por considerar que se mezclaban cuestiones de distinta índole en un mismo texto.
A pesar de este revés, el Gobierno logró salvar una parte importante de su paquete de medidas al conseguir la aprobación del real decreto que prorroga las ayudas al transporte público e introduce el nuevo abono único estatal, una iniciativa que sí recibió el respaldo de la mayoría parlamentaria.
El texto rechazado, un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, pensiones y protección social, pretendía abordar simultáneamente varios frentes que el Ejecutivo consideraba prioritarios. Sin embargo, la estrategia de agrupar disposiciones de naturaleza diversa en una única norma ha resultado ser su talón de Aquiles, tal y como advirtieron numerosos grupos de la oposición durante el debate previo a la votación.
Críticas a la "mezcla" de medidas
Los portavoces del Partido Popular y de Junts han coincidido en su diagnóstico: aunque apoyan la subida de las pensiones, rechazan terminantemente que se vincule con otras medidas como la regulación de las ocupaciones. La diputada catalana Míriam Nogueras resumió esta postura con la contundente frase "pensiones sí, ocupaciones no", un mensaje que ha calado en el debate político de las últimas horas.
Desde el PP, su portavoz Ester Muñoz dejó claro que existe consenso para proteger el poder adquisitivo de los jubilados, pero no para "validar la ocupación ilegal". La formación conservadora ha acusado al Gobierno de utilizar a los pensionistas como "rehenes" de una estrategia política que buscaba sacar adelante medidas controvertidas aprovechando el apoyo inevitable a las pensiones.
El diputado popular Juan Bravo, durante su intervención en el Pleno, calificó el decreto de "trufado" y reprochó al Ejecutivo una "falta de respeto" al Parlamento y a la ciudadanía. "Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quiere seguir utilizando los pensionistas como rehenes, es su decisión, pero también será su responsabilidad", advirtió al ministro presente en la sesión.
Por su parte, Junts ha defendido una línea similar, argumentando que no pueden aceptar que se mezclen "dos temas que no tienen nada que ver". Nogueras insistió en que ayudar a las personas vulnerables es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario, y dejó claro que su formación nunca dará por buenas "las ocupaciones y los impagos". Esta postura ha sido compartida por otros grupos territoriales como UPN y Coalición Canarias, que también han mostrado su rechazo a la formulación del decreto.
La postura de Vox y la respuesta de la izquierda
Vox ha ido más allá en su oposición, rechazando incluso la revalorización de las pensiones incluida en el texto. El diputado José María Figaredo argumentó que "lo que están haciendo es injusto e insostenible", mostrando una postura contraria a la mayoría de formaciones parlamentarias.
En el otro extremo del arco político, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado duramente a Junts por su postura, acusándoles de tratar de "competir" con formaciones de extrema derecha como Alianza Catalana. Rufián defendió el apoyo a las "iniciativas-gazpacho" del Gobierno como el "mal menor" frente al "fascismo", en una intervención que refleja la tensión creciente dentro del independentismo catalán.
El Gobierno se queda sin su escudo social
La derrota de este martes supone un revés significativo para el Ejecutivo, que ve frustrada una de sus principales apuestas legislativas del año. El decreto no solo incluía la subida de pensiones, sino también medidas consideradas como "escudo social" por el Ejecutivo, destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables en un contexto de inflación persistente y dificultades económicas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrá ahora que buscar fórmulas alternativas para garantizar la revalorización de las pensiones, una medida que cuenta con amplio respaldo parlamentario pero que necesita una nueva vehiculización normativa. Las fuentes del Ejecutivo apuntan a que se podría presentar un texto más específico que desvincule las pensiones de otras medidas de vivienda.
Las ayudas al transporte, único salvavidas
A diferencia del decreto ómnibus, la prórroga de las ayudas al transporte público y la creación del abono único estatal sí logró el respaldo necesario. Esta medida, que permite mantener los descuentos en billetes de tren y autobús, se ha convertido en el único elemento salvado del paquete de medidas urgentes del Gobierno.
La iniciativa del transporte ha sido bien recibida por los grupos parlamentarios, que consideran que las ayudas al transporte público son esenciales para mantener la movilidad de los ciudadanos y reducir el impacto de la inflación en los gastos cotidianos. El abono único estatal, que unifica los descuentos existentes, representa una de las pocas victorias legislativas del Ejecutivo en esta jornada.
Contexto político y consecuencias
Esta votación marca un punto de inflexión en la dinámica parlamentaria de la legislatura. El Gobierno de coalición, que hasta ahora había logrado sacar adelante sus iniciativas con el apoyo de sus socios habituales y de formaciones independentistas, se enfrenta ahora a una oposición más cohesionada en determinados temas.
La estrategia de agrupar medidas en un único decreto, habitual en los últimos meses para acelerar la tramitación, ha demostrado sus límites. Los partidos de derecha y algunos territoriales han enviado un mensaje claro: no aceptarán que se mezclen cuestiones de distinta naturaleza, especialmente cuando una de ellas, como las pensiones, cuenta con un respaldo casi unánime.
Para el PP, esta victoria supone un revulsivo en su estrategia de oposición, demostrando que puede liderar bloques alternativos al Gobierno. La formación conservadora ya ha anunciado que presentará una proposición de ley específica para la revalorización de las pensiones, buscando desbloquear la situación y dejar en evididad al Ejecutivo.
Junts, por su parte, consolida su posición como actor decisivo en la política española, capaz de condicionar la agenda del Gobierno. Su rechazo al decreto, sin embargo, le ha valido las críticas de sus socios independentistas de ERC, que le acusan de aproximarse a posturas de extrema derecha.
¿Qué pasará ahora con las pensiones?
La pregunta que se hacen millones de jubilados en estos momentos es qué ocurrirá con la subida de sus pensiones. El compromiso del Gobierno con la revalorización conforme al IPC está fuera de toda duda, pero la forma jurídica que adoptará esta medida aún está por determinar.
Fuentes del Ejecutivo han adelantado que trabajan en una nueva formulación normativa que permita desbloquear la situación. La opción más probable es la presentación de un decreto específico sobre pensiones o la tramitación de una proposición de ley que cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara.
El tiempo juega en contra, ya que la subida de pensiones debe aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 para cumplir con la legislación vigente. Cualquier retraso en la aprobación podría generar incertidumbre entre los pensionistas y complicar la gestión presupuestaria del sistema.
Lecciones para el Gobierno
La derrota de este martes ofrece varias lecciones al Ejecutivo. En primer lugar, que la estrategia de los decretos ómnibus, aunque eficiente desde el punto de vista administrativo, puede resultar contraproducente políticamente cuando se tocan temas sensibles que requieren consenso específico.
En segundo lugar, que la oposición, especialmente el PP, está dispuesta a construir mayorías alternativas en torno a cuestiones concretas, alejándose de una oposición sistemática para adoptar una postura más pragmática cuando los intereses de sus votantes están en juego.
Finalmente, que la gobernabilidad de España en esta legislatura seguirá dependiendo de negociaciones complejas y pactos puntuales, sin mayorías estables que garanticen la aprobación automática de las iniciativas del Ejecutivo. La capacidad de diálogo y la flexibilidad serán clave para evitar nuevos tropiezos en el futuro.