En menos de noventa días, Sudán se sumergirá en su cuarto año de guerra, un conflicto que ha transformado a Jartum en un escenario de devastación sin precedentes. Lo que comenzó como enfrentamientos entre facciones militares ha escalado hasta convertirse en una de las crisis humanitarias más severas del planeta, con consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras africanas. La capital sudanesa, que alguna vez fue un centro vibrante de cultura y comercio, ahora languidece en el olvido internacional mientras su población sufre las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin.
Los números revelan una tragedia de proporciones épicas. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los ingresos gubernamentales se han desplomado entre un 70% y un 80% como resultado directo de la contienda. Esta caída económica no es mera estadística; representa la imposibilidad de mantener servicios básicos, pagar salarios a funcionarios o adquirir medicamentos esenciales. El representante residente del PNUD en el país confirmó que aproximadamente 4 millones de desplazados internos han abandonado Jartum desde que estalló el conflicto el 15 de abril de 2023, creando una diáspora interna que busca refugio en zonas ya de por sí vulnerables.
La dimensión de la catástrofe humana supera cualquier comparación reciente. Un informe del "Global Conflict Tracker" publicado en diciembre pasado revela que las estimaciones de fallecidos varían considerablemente debido a la dificultad de acceder a zonas en conflicto, pero cifras conservadoras hablan de hasta 400.000 personas que han perdido la vida desde los primeros disparos. Esta cifra, sin embargo, solo cuenta las muertes directas por combate, dejando de lado las víctimas indirectas: niños que mueren por desnutrición aguda, pacientes crónicos sin acceso a tratamiento o mujeres que fallecen en partos complicados sin atención médica.
El desplazamiento masivo ha alcanzado niveles sin paralelo. Más de 11 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, convirtiendo esta crisis en la peor crisis de desplazamiento del mundo actualmente. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale aproximadamente a una cuarta parte de la población total del país. Los campos de refugiados en Chad, Egipto y Sudáfrica del Sur colapsan bajo la presión, mientras que dentro del país, las personas se desplazan de un lugar a otro buscando seguridad que nunca encuentran. La ONU ha lanzado repetidos llamados de auxilio, alertando que más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente, pero la respuesta internacional ha sido tibia y desigual.
La destrucción de infraestructura civil representa otro capítulo oscuro de esta tragedia. Hospitales, escuelas, mercados y sistemas de agua potable han sido deliberadamente o incidentalmente destruidos en los combates. Desde agosto de 2023, informes de Naciones Unidas documentan el colapso total del sistema sanitario en las zonas más afectadas. Los pocos centros médicos que permanecen operativos carecen de electricidad, medicamentos básicos y personal cualificado. Esta situación ha creado las condiciones perfectas para la propagación de epidemias que añaden una capa adicional de sufrimiento a una población ya devastada.
La crisis sanitaria se ha agudizado por la contaminación del agua potable, que se mezcla con aguas residuales o queda expuesta a la polución de combates. Enfermedades prevenibles como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea han resurgido con fuerza, afectando principalmente a niños y ancianos. La falta de saneamiento básico y la concentración de desplazados en espacios reducidos han convertido a Jartum en un caldo de cultivo para patógenos que podrían extenderse más allá de las fronteras sudanesas si no se contienen de inmediato.
La comunidad internacional ha intentado, sin éxito, frenar la violencia. El 8 de marzo de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que instaba a un cese inmediato de las hostilidades. El Ejército sudanés aceptó la resolución, pero condicionó su implementación a la retirada total de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de sus posiciones estratégicas. Esta exigencia desencadenó una nueva ronda de combates en las afueras de Jartum, caracterizados por el uso de drones de fabricación iraní y turca, tecnología que ha elevado la letalidad del conflicto y reducido aún más las posibilidades de una solución negociada.
Las posturas de los actores armados se han endurecido con el tiempo. El año pasado, las RSF aceptaron una tregua propuesta por un cuarteto internacional conformado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Sin embargo, el Ejército sudanés respondió con reservas y exigencias consideradas poco realistas por observadores internacionales, incluyendo la entrega inmediata de arsenales pesados y la retirada completa de las RSF de zonas urbanas bajo su control. Esta falta de consenso ha perpetuado un ciclo de violencia que parece autónomo, alimentado por intereses económicos, luchas tribales y apoyos externos.
La situación en Jartum refleja el fracaso de múltiples iniciativas de paz. Los intentos de retorno voluntario de desplazados han fracasado estrepitosamente, ya que quienes intentan regresar encuentran sus hogares destruidos, sus medios de subsistencia desaparecidos y la amenaza constante de violencia sexual, reclutamiento forzado y saqueo. La ciudad, que alguna vez albergó a más de 5 millones de personas, ahora es un laberinto de barricadas, edificios derruidos y calles controladas por milicias. Los mercados están vacíos, los precios de los alimentos se han disparado hasta niveles inaccesibles y la moneda nacional se ha devaluado hasta convertirse en papel sin valor.
La respuesta humanitaria, aunque generosa en intenciones, enfrenta obstáculos insuperables. Los convoyes de ayuda son frecuentemente detenidos en puntos de control, saqueados o simplemente no pueden acceder a las zonas más necesitadas debido a la inseguridad. Los trabajadores humanitarios, tanto nacionales como internacionales, operan en condiciones de extremo riesgo, con varios habiendo perdido la vida en ataques deliberados. La financiación prometida por donantes internacionales no alcanza ni el 30% de lo necesario, según cálculos de la ONU, dejando a millones sin alimentos, medicamentos o refugio adecuado.
El futuro de Jartum y de Sudán parece cada vez más incierto. A medida que el conflicto se prolonga, las divisiones étnicas y regionales que ha exacerbado se cristalizan, haciendo más difícil cualquier proceso de reconciliación post-conflicto. La generación de jóvenes que crece en este contexto solo conoce la violencia, la inseguridad y la privación, sembrando las semillas de futuros conflictos. La comunidad internacional no puede permitirse ignorar esta crisis, cuyas repercusiones en la estabilidad del Cuerno de África y más allá son impredecibles pero ciertamente devastadoras.
La lección de Jartum es clara: cuando la comunidad internacional falla en prevenir y detener conflictos masivos, el costo humano se multiplica exponencialmente. La ciudad se ha convertido en un símbolo de la indiferencia global hacia las crisis que no afectan directamente a las grandes potencias. Mientras tanto, sus habitantes sobreviven día a día, esperando un alto el fuego que no llega y una ayuda que nunca es suficiente. La pregunta no es cuánto más puede resistir Jartum, sino cuánto tiempo más el mundo permitirá que este horror continúe.