El Parlamento de Serbia aprobó este miércoles un paquete de reformas judiciales que ha desatado una intensa polémica en el país balcánico. Las modificaciones legislativas, impulsadas por el gobernante Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente Aleksandar Vucic, fueron ratificadas mediante un procedimiento de urgencia con 138 votos a favor y 37 en contra, en una sesión que fue transmitida en directo por la televisión pública RTS. La decisión ha sido cuestionada por magistrados, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que estas medidas representan un retroceso en la independencia judicial y un fortalecimiento del poder ejecutivo sobre el sistema de justicia.
El paquete de enmiendas afecta a múltiples instituciones clave del sector judicial, incluyendo el Consejo Superior de Fiscales, la organización de tribunales y fiscalías, y la estructura de los órganos especializados en delincuencia de alta tecnología. Desde el ejecutivo, las autoridades defendieron estas modificaciones como una medida necesaria para optimizar la eficiencia del sistema y agilizar los procesos legales. Sin embargo, el Colegio de la Fiscalía Suprema (VJT) calificó la aprobación como un precedente negativo, criticando especialmente el método de adopción sin consultas previas a las instituciones competentes ni evaluación de su compatibilidad con los estándares de la Unión Europea.
Uno de los cambios más controvertidos afecta directamente a la Fiscalía Especializada para la Delincuencia Organizada (TOK), uno de los pocos órganos judiciales que hasta ahora había mantenido cierta autonomía frente al poder político. Con la nueva legislación, esta fiscalía pasará a depender jerárquicamente del fiscal superior Nenad Stefanovic, una figura considerada cercana al presidente Vucic. Esta reestructuración genera serias dudas sobre la imparcialidad futura de las investigaciones contra altos funcionarios y casos de corrupción sistémica.
La reforma también contempla una reducción significativa del número de jueces que integran la TOK, lo que según los críticos provocará un enorme estrangulamiento en la capacidad operativa del organismo. Esta disminución de personal podría ralentizar investigaciones de gran relevancia, como la que se abrió el año pasado sobre las responsabilidades en el colapso de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, tragedia que causó la muerte de 16 personas el pasado 1 de noviembre y que desencadenó las protestas ciudadanas más grandes de las últimas décadas en Serbia.
El presidente Vucic ha mantenido una postura beligerante contra la TOK, llegando a calificarla públicamente como una "banda de criminales" en múltiples ocasiones. La fiscalía había acusado a los exministros de Transporte Goran Vesić y Tomislav Momirović de haber perjudicado las finanzas públicas en aproximadamente 115 millones de dólares mediante contratos irregulares con un consorcio de empresas chinas y locales para la reconstrucción de la estación de trenes. Este caso emblemático ilustra precisamente los riesgos de concentrar el control político sobre investigaciones que afectan a altos cargos del gobierno.
La preocupación trasciende las fronteras serbias. El pasado 17 de enero, una coalición de organizaciones no gubernamentales, incluyendo CEPRIS (Centro de Investigaciones Judiciales), el Centro de Derechos Humanos de Belgrado, la Iniciativa A11, YUCOM, Crta, FemPlatz y la asociación de jueces y fiscales Odbrana struke (Defensa de la Profesión), enviaron una carta abierta a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Fiscales. En el documento, solicitaron urgentemente que la experta internacional interviniera para impedir la aprobación de estas enmiendas, alertando que fortalecen la injerencia política y ejecutiva sobre el poder judicial, contradiciendo tanto la Constitución serbia como las normas internacionales.
Los críticos argumentan que estas modificaciones prácticamente anulan las reformas constitucionales implementadas en años anteriores con el objetivo de garantizar una justicia independiente y profesional. La sociedad civil serbia considera que el gobierno aprovecha su mayoría parlamentaria para desmantelar los pocos contrapesos institucionales que quedaban en el sistema democrático del país. La falta de debate previo y la utilización del procedimiento de urgencia han sido particularmente cuestionadas como una estrategia para evitar el escrutinio público y la participación de expertos.
Desde una perspectiva europea, esta reforma judicial podría complicar aún más el camino de Serbia hacia la adhesión a la Unión Europea. Bruselas ha insistido reiteradamente en la necesidad de fortalecer el estado de derecho y la independencia judicial como condición fundamental para el avance en las negociaciones de integración. La aprobación unilateral de estas medidas, sin consulta ni evaluación de compatibilidad con los estándares comunitarios, envía una señal preocupante sobre el compromiso democrático del gobierno de Vucic.
La concentración de poder en manos del ejecutivo y la subordinación de la justicia a intereses políticos representan un desafío serio para la democracia serbia. Los analistas políticos advierten que este tipo de reformas erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y crean un precedente peligroso para la manipulación de los procesos legales en beneficio de grupos de poder. La capacidad de investigar y sancionar la corrupción en los más altos niveles del gobierno queda seriamente comprometida.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la deriva autoritaria de Serbia en los últimos años. La captura institucional del sistema judicial es considerada una de las herramientas más efectivas para consolidar regímenes no democráticos, ya que elimina la posibilidad de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. La presión diplomática y la vigilancia internacional se presentan como los únicos mecanismos que podrían revertir o mitigar el impacto de estas reformas.
En el corto plazo, se espera que la oposición serbia impugne estas leyes ante el Tribunal Constitucional, aunque la composición de este órgano también ha sido cuestionada por su supuesta cercanía al poder ejecutivo. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil continúan movilizando apoyo internacional y denunciando lo que consideran una ofensiva contra el estado de derecho en el corazón de Europa.
La aprobación de esta reforma judicial marca un momento crítico para la democracia serbia. La capacidad del país de mantener un sistema de pesos y contrapesos efectivo, garantizar la independencia judicial y combatir la impunidad de los funcionarios corruptos está en juego. La respuesta de la comunidad internacional y la resistencia ciudadana determinarán si estas enmiendas consolidan un sistema de justicia subordinado al poder político o si pueden ser revertidas para restaurar la independencia judicial en Serbia.