El Gobierno español ha decidido tomar medidas de reciprocidad diplomática ante la decisión unilateral del régimen nicaragüense de declarar persona non grata a los representantes de España en Managua. En una acción inmediata, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, junto con otro miembro de la misión diplomática de ese país acreditado en la capital española.
Esta determinación, confirmada por fuentes oficiales del departamento que lidera José Manuel Albares, responde directamente a la expulsión del embajador español Sergio Farré Salvá y del ministro consejero Miguel Mahiques Núñez, quienes fueron notificados este domingo por las autoridades de Managua de su obligada salida del país centroamericano. "España decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en aplicación de estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua", señalaron las fuentes consultadas.
El jefe de la legación española en Managua, Sergio Farré, había asumido su cargo apenas dos meses atrás, concretamente en diciembre del año pasado, por lo que su permanencia en el puesto resultó extraordinariamente breve. Las autoridades nicaragüenses no han ofrecido ninguna justificación pública para esta medida, manteniendo el habitual hermetismo que caracteriza las decisiones del ejecutivo de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ambos diplomáticos españoles ya se encuentran en camino hacia Madrid, poniendo fin abrupto a su misión en territorio nicaragüense.
Este episodio representa el capítulo más reciente en una serie de enfrentamientos diplomáticos que han marcado las relaciones bilaterales entre ambos países en los últimos años. La tensión no es nueva, y precedentes recientes ilustran la fragilidad de los vínculos institucionales con el régimen sandinista.
En agosto de 2021, el Gobierno español tuvo que llamar a consultas a la entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras recibir una nota verbal de la cancillería nicaragüense que acusaba a España de "injerencia en asuntos internos". El documento, además de cuestionar la soberanía española, mezclaba de forma inusual cuestiones como la lucha histórica contra el terrorismo de ETA con la respuesta constitucional al desafío independentista en Cataluña, generando una profunda molestia en Madrid.
La situación se agravó cuando, en marzo de 2022, tras el periodo de consultas, el régimen de Ortega negó el regreso de la embajadora a su puesto, una medida que consideró una provocación directa. Esta decisión provocó la protesta formal del Ejecutivo español y la consiguiente retirada del entonces embajador nicaragüense en Madrid, congelando las relaciones diplomáticas durante varios meses.
La normalización llegó recientemente, cuando en febrero de 2023 la nueva embajadora española, Pilar Terrén Lalana, presentó sus cartas credenciales ante las autoridades de Managua. Tres meses después, en mayo del mismo año, Maurizio Carlo Gelli hacía lo propio en Madrid, restableciendo las relaciones bilaterales en el nivel de embajadores. Sin embargo, esta calma resultó efímera, y la ruptura diplomática actual pone de manifiesto las profundas diferencias que persisten.
El contexto internacional del régimen de Ortega y Murillo es de creciente aislamiento. La comunidad internacional ha ido distanciándose progresivamente de un gobierno que ha mostrado una creciente intolerancia hacia la crítica externa y que ha tomado medidas radicales contra representaciones diplomáticas de diversos países y organizaciones.
En los últimos años, Managua ha expulsado a embajadores de diversas naciones y bloques. En 2022, ordenó la salida de los representantes de la Unión Europea, Colombia y la Santa Sede. En 2024, repitió la medida con el embajador de Brasil. Además, en septiembre de 2023, negó el plácet al candidato propuesto por Estados Unidos para encabezar su misión diplomática en el país, cerrando la puerta a la presencia de la principal potencia de la región.
La política de expulsiones no se limita a embajadores. El régimen sandinista ha obligado a abandonar el territorio nacional a numerosos organismos internacionales, entre los que destacan la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta política de aislamiento autoinfligido refleja una estrategia de cierre al mundo exterior que preocupa a la comunidad internacional.
Las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han enfatizado que, pese a estas medidas, "el Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", distinguiendo claramente entre el régimen político y la ciudadanía del país centroamericano. Esta distinción es relevante, ya que España mantiene vínculos históricos y culturales significativos con Nicaragua, una nación con la que comparte lazos de idioma y tradición.
La reciprocidad diplomática es una práctica estándar en las relaciones internacionales cuando un país considera que ha sido objeto de un trato injusto por parte de otro. Sin embargo, la rapidez con la que España ha respondido a la medida nicaragüense, implementando la expulsión el mismo día, transmite un mensaje de firmeza y de que no tolerará acciones unilaterales contra sus representantes diplomáticos.
El futuro de las relaciones bilaterales permanece incierto. Con ambas misiones diplomáticas ahora sin embajadores titulares, es probable que las funciones queden temporalmente a cargo de encargados de negocios, un nivel inferior que refleja el deterioro de los vínculos institucionales. La comunidad internacional observa con atención estos desarrollos, especialmente en un contexto regional donde la transición democrática en Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez ha generado expectativas de cambio, mientras Nicaragua parece encaminarse hacia un mayor aislamiento.
El régimen de Ortega, que ha consolidado su poder a través de sucesivas elecciones cuestionadas internacionalmente y una creciente represión contra la oposición interna, parece dispuesto a sostener su modelo político a costa de sus relaciones exteriores. Esta estrategia, sin embargo, tiene consecuencias económicas y sociales para la población nicaragüense, que enfrenta cada vez más dificultades para acceder a ayuda internacional y cooperación técnica.
Para España, la decisión de expulsar al embajador nicaragüense representa un equilibrio entre la defensa de sus intereses nacionales y la preservación de un canal de comunicación con la sociedad nicaragüense. La distinción entre régimen y pueblo, mencionada explícitamente en el comunicado oficial, sugiere que Madrid busca mantener abierta la posibilidad de un reencuentro diplomático en el futuro, cuando las condiciones políticas lo permitan.
Mientras tanto, la comunidad diplomática en Madrid y Managua se reorganiza para hacer frente a esta nueva realidad. Los funcionarios de carrera asumirán las responsabilidades básicas de las embajadas, asegurando la atención a ciudadanos y los trámites consulares esenciales, pero la ausencia de embajadores titulares limitará inevitablemente el diálogo político de alto nivel.
La crisis diplomática hispano-nicaragüense se suma a una larga lista of desafíos que enfrenta la política exterior española en América Latina, una región donde tradicionalmente ha tenido una presencia significativa. La capacidad de Madrid para navegar estas turbulencias mientras mantiene su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia será puesta a prueba en los próximos meses.