En el contexto de la tragedia ocurrida en la feria de Mislata durante 2022, donde un castillo hinchable despegó del suelo causando víctimas fatales, han emergido nuevos testimonios que cuestionan las prácticas laborales y de seguridad previas al accidente. Dos jóvenes, identificados como Andrés y Héctor, han proporcionado declaraciones impactantes sobre su supuesta experiencia laboral con la empresa organizadora del evento festivo.
Los relatos de estos ex trabajadores, recogidos por el programa Equipo de Investigación, dibujan un panorama preocupante de irregularidades que van desde la contratación informal hasta la ausencia total de formación en materia de seguridad. Estas revelaciones no solo amplían la comprensión de los factores que pudieron contribuir al desenlace fatal, sino que también ponen de manifiesto posibles vulneraciones de normativas laborales y de protección de menores.
Según el testimonio de Andrés, quien afirma haber contado con solo 15 años en el momento de su contratación, el proceso de selección se realizó de manera completamente informal. La oferta laboral llegó a través de contactos directos, sin seguir los canales establecidos para la contratación de menores de edad, lo que ya representa una primera vulneración de la legislación vigente. La falta de un contrato formal por escrito, confirmada por ambos testigos, dejaba a los trabajadores en una situación de total precariedad e indefensión.
Las condiciones laborales descritas resultan igualmente alarmantes. Ambos jóvenes aseguran haber trabajado durante los siete días de la semana sin descanso, en jornadas que superaban ampliamente los límites legales establecidos. De lunes a sábado, las jornadas se extendían desde las 16:30 hasta la medianoche, momento en el que cerraba la feria, mientras que los domingos también debían presentarse por la mañana. Esta distribución horaria, sumada a una remuneración de apenas 30 euros diarios, sitúa la retribución por debajo del salario mínimo interprofesional y evidencia una explotación laboral flagrante.
La situación se agrava cuando se considera la edad de uno de los testigos. La contratación de menores de 16 años sin autorización administrativa constituye una infracción grave que conlleva sanciones administrativas y penales. Además, la ausencia de contrato implica la falta de cobertura de seguridad social, negando a estos trabajadores derechos fundamentales como la asistencia sanitaria o la protección en caso de accidente laboral.
Sin embargo, las irregularidades no se limitan al ámbito laboral. Los testimonios resultan especialmente preocupantes cuando describen los procedimientos relacionados con el hinchable que posteriormente causaría la tragedia. Según sus declaraciones, los operarios no recibían formación específica sobre el montaje o anclaje de la estructura. En lugar de seguir un protocolo de instalación riguroso, simplemente encontraban el hinchable desinflado en el suelo y su única tarea consistía en conectar los motores para que se hinchara automáticamente.
Esta falta de formación queda patente en las palabras de Héctor, quien reconoce desconocer por completo la existencia de un manual de instrucciones para el hinchable. La justificación que recibían era que sin contrato formal, no podían acceder a la documentación técnica del equipo. Esta circular perversa creaba una situación de riesgo evidente: trabajadores sin preparación manipulando equipos que requieren conocimientos específicos de seguridad.
El proceso de aprendizaje, según describen, se limitaba a una breve explicación el primer día. El segundo día ya se esperaba que operaran el hinchable sin supervisión, siguiendo únicamente las indicaciones básicas recibidas. Esta práctica contraviene las normativas de seguridad laboral que exigen formación y capacitación adecuadas para el manejo de maquinaria y equipos especiales.
La cuestión del anclaje resulta especialmente crítica. Andrés admite abiertamente que no anclaban el hinchable si no consideraban necesario hacerlo o si nadie se lo ordenaba expresamente. Esta declaración resulta escalofriante cuando se considera que el desprendimiento del castillo hinchable fue precisamente la causa del accidente. La falta de protocolos claros, combinada con la inexperiencia de los operarios, generó un escenario de alto riesgo que desembocó en la tragedia.
Estos testimonios abren interrogantes sobre la cadena de responsabilidades. La empresa organizadora de la feria tenía la obligación legal de garantizar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores. Esto incluye contrataciones regladas, formación adecuada y supervisión de procedimientos críticos como el anclaje de estructuras hinchables. La delegación de estas tareas a menores de edad sin experiencia ni formación constituye una negligencia grave.
Desde el punto de vista legal, estas declaraciones podrían tener implicaciones en las causas penales y administrativas abiertas tras el accidente. La contratación irregular, el trabajo infantil y la falta de medidas de seguridad son delitos que pueden agravar las responsabilidades de los organizadores. Además, evidencian posibles fallos en la inspección y supervisión por parte de las autoridades locales que concedieron las licencias para el evento.
La tragedia de Mislata no fue un accidente fortuito, sino el resultado probable de una concatenación de negligencias. La precariedad laboral, la explotación de menores y la ausencia de formación crearon las condiciones perfectas para que ocurriera un desastre. Los testimonios de Andrés y Héctor no solo buscan justicia para las víctimas, sino que también pretenden visibilizar un sistema de contratación irregular que pone en riesgo tanto a trabajadores como a usuarios.
Este caso debe servir como punto de inflexión en la regulación y supervisión de eventos festivos. Es imprescindible reforzar los controles sobre las empresas organizadoras, garantizar que todos los trabajadores cuenten con contratos legales y formación apropiada, y establecer protocolos de seguridad estrictos y auditables para instalaciones como castillos hinchables. Solo así se podrá evitar que tragedias como la de Mislata vuelvan a repetirse.
La sociedad demanda respuestas claras y medidas concretas. Los responsables políticos y empresariales deben asumir sus obligaciones y garantizar que el ocio y la diversión no se construyan sobre la explotación laboral y la negligencia. Los testimonios de estos jóvenes son una llamada de atención que no puede ser ignorada.