En una decisión histórica que redefine los límites entre poderes judiciales, el Tribunal Constitucional ha anulado este jueves las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaban el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Menores. La designación, realizada por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, había sido cuestionada en dos ocasiones consecutivas por el alto tribunal, generando un precedente jurídico sin precedentes en la carrera fiscal española.
El fiscal Eduardo Esteban, que llegó a ejercer el cargo antes de ser cesado tras las resoluciones del Supremo, ve así restituidos sus derechos. El Tribunal Constitucional ha determinado que las anulaciones vulneraron su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, un principio que protege tanto la meritocracia como la discrecionalidad técnica de los órganos de designación.
El caso, que se remonta a 2022 y 2023, representó la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo anulaba dos veces consecutivas un nombramiento de Fiscal de Sala. La polémica surgió cuando Delgado, en ejercicio de sus funciones como máxima responsable de la Fiscalía General del Estado, seleccionó a Esteban para el puesto de coordinador del área de Menores, una de las plazas más relevantes dentro de la institución.
Los argumentos del Supremo se centraban en la supuesta falta de especialización del candidato. El tribunal consideró que debía privilegiarse el criterio de haber ejercido previamente como fiscal de Menores, requisito que sí cumplía el otro aspirante al puesto. Sin embargo, el Constitucional ha desmontado esta tesis, señalando que ni la ley ni la jurisprudencia establecen tal obligatoriedad.
La ponencia del magistrado Ramón Sáez, que ha sido clave en esta resolución, recuerda que el nombramiento de un fiscal de Sala coordinador de área tiene una doble naturaleza jurídica. Por un lado, implica la consecución de la plaza de fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera fiscal. Por otro, la asunción de la coordinación de un área específica, en este caso la de menores. La legislación únicamente exige dos condiciones objetivas: pertenecer a la categoría inmediatamente inferior y contar con una antigüedad mínima de 20 años.
Eduardo Esteban cumplía sobradamente ambos requisitos. Además, su trayectoria como fiscal jefe de Madrid le había permitido dirigir la sección de menores más grande de España, una experiencia directa en coordinación que la entonces fiscal general Delgado valoró como mérito excepcional. La perspectiva constitucional de Esteban, que había formado parte de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, también fue considerada un activo relevante para el cargo.
El Tribunal Constitucional ha subrayado que la discrecionalidad técnica de la Fiscalía General es un pilar fundamental del sistema. Al anular el nombramiento por "falta de motivación" primero y por "motivación ideológica" después, el Supremo habría incurrido en un exceso de control que menoscaba la autonomía del órgano designador y, lo que es más grave, vulnera derechos fundamentales del afectado.
Esta resolución del Constitucional, avalada por la mayoría progresista del tribunal, no ha sido unánime. Cuatro magistrados conservadores han anunciado que emitirán un voto particular en contra, lo que evidencia el debate doctrinal que subyace en este caso. La división refleja la tensión entre dos concepciones del control judicial: una que defiende una supervisión intensa de las decisiones administrativas y otra que protege la libertad de criterio de los órganos técnicos.
Las consecuencias de esta sentencia trascienden el caso concreto. Establece un límite claro al poder de revisión del Tribunal Supremo sobre los nombramientos de fiscales de Sala, reforzando la independencia funcional de la Fiscalía General. Además, recupera para Esteban la condición de Fiscal de Sala, aunque no volverá a ejercer como coordinador del área de Menores, puesto que ya ha sido cubierto en el nuevo período.
El tiempo transcurrido entre los hechos y esta resolución también resulta significativo. Más de dos años después y con dos fiscales generales diferentes en el cargo, el Constitucional cierra un capítulo que generó inquietud en el sector jurídico. La confirmación de que la experiencia en coordinación y dirección puede equipararse a la especialización directa abre nuevas vías de promoción para los fiscales de carrera.
Dolores Delgado, actualmente fiscal de Memoria Democrática, ve así validada su gestión al frente de la Fiscalía General. La decisión del Constitucional no solo repara el daño personal a Esteban, sino que también reconoce la legitimidad de los criterios de selección aplicados durante su mandato. La polémica sobre si la falta de ejercicio específico en menores debía ser un obstáculo insalvable queda zanjada a favor de una interpretación más flexible y centrada en la capacidad directiva.
El debate sobre los requisitos para acceder a puestos de alta responsabilidad en la administración pública vuelve a la actualidad con esta sentencia. La tensión entre especialización y capacidad directiva es un tema recurrente en las carreras profesionales del sector público. Esta resolución parece inclinarse por considerar que la experiencia en gestión y coordinación de equipos puede ser tan valiosa como la práctica específica en el área, siempre que se cumplan los requisitos legales básicos.
La doctrina que se establece a partir de ahora será de obligado cumplimiento para futuros contenciosos sobre nombramientos fiscales. El Tribunal Constitucional ha marcado una línea roja: el control judicial no puede sustituir el criterio técnico del órgano designador cuando este actúa dentro de los márgenes legales y con motivación adecuada. Cualquier intervención que implique una revalorización de méritos no prevista en la normativa vulnera el principio de igualdad.
Para el sistema de justicia español, esta sentencia representa un equilibrio necesario entre poderes. Protege la autonomía de la Fiscalía, garantiza los derechos de los funcionarios y delimita las competencias del Tribunal Supremo. En un momento en que la independencia judicial y fiscal es objeto de constante escrutinio, esta resolución refuerza los cimientos institucionales con argumentos sólidos y jurisprudencia clara.
El caso Esteban pasará a los manuales de derecho administrativo como ejemplo de cómo la defensa de los derechos fundamentales puede venir de la mano del respeto a la discrecionalidad técnica. La lección es clara: la legalidad no se agota en la literalidad de los requisitos, sino que debe entenderse como un marco que permite la valoración de méritos y capacidades dentro de un sistema de carrera profesional basado en el esfuerzo y la experiencia.