La detención de Nicolás Maduro en territorio dominicano por parte de agentes estadounidenses ha desatado una ola de reacciones a nivel global, pero especialmente en el seno de la Unión Europea, donde la respuesta oficial se ha caracterizado por su cautela. En este contexto, Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España, ha ofrecido una visión crítica y realista sobre la posición europea, desvelando las tensiones ocultas tras la diplomacia oficial.
En una entrevista concedida a los micrófonos de la Cadena SER, González Laya ha desgranado los motivos que explican la reactuación tibia de Bruselas ante una operación que, según numerosos expertos en derecho internacional, cuestiona principios fundamentales de la soberanía estatal. Sus palabras reflejan una comprensión profunda de la dinámica de poder actual, donde las normas multilaterales chocan frontalmente con los intereses de seguridad nacional de las grandes potencias.
El corazón del análisis de la exministra reside en la identificación de un dilema estratégico sin precedentes para Europa. Por un lado, la Unión Europea necesita mantener una relación fluida con Washington para avanzar en objetivos prioritarios como la consecución de un alto el fuego duradero en Ucrania. Por otro, no puede permitirse erosar aún más el ya debilitado sistema de normas internacionales que, teóricamente, deberían proteger a todos los estados por igual de acciones unilaterales.
González Laya ha sintetizado esta tensión con una claridad meridiana: "Europa tiene un dilema: no quiere molestar a EEUU mientras intenta conseguir un alto el fuego en Ucrania y, al mismo tiempo, protegerse de EEUU". Esta afirmación desnuda la complejidad de una situación en la que los intereses a corto plazo —la estabilidad en el este de Europa— compiten con los principios a largo plazo que sustentan el orden internacional liberal.
La operación estadounidense, llevada a cabo el pasado 2 de enero en Santo Domingo, ha sido justificada por Washington como una acción necesaria para garantizar su seguridad nacional. Sin embargo, la forma en que se ejecutó —aprovechando un desplazamiento de Maduro fuera de Venezuela— ha levantado serias dudas sobre su compatibilidad con los tratados de extradición y las convenciones diplomáticas.
Para la exministra, esta situación pone de manifiesto una realidad incómoda que muchos diplomáticos prefieren no verbalizar abiertamente. "El derecho internacional no es una fuerza que autolimite los impulsos nacionalistas de los países grandes", ha declarado, añadiendo que lo que estamos presenciando es "el triunfo de la seguridad nacional" sobre el multilateralismo.
Esta reflexión resulta particularmente relevante en un momento en que el sistema internacional atraviesa por una profunda transformación. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial —ONU, Corte Internacional de Justicia, tratados de derechos humanos— parecen cada vez más ineficaces para contener las ambiciones de las potencias hegemónicas, especialmente cuando invocan la defensa de sus intereses vitales.
El caso Maduro no es aislado. En los últimos años hemos visto ejemplos similares, desde la detención de ejecutivos chinos en Canadá a petición de EEUU hasta las órdenes de captura internacional emitidas por Moscú contra disidentes. Sin embargo, la captura de un jefe de Estado, aunque de facto, marca un punto de inflexión preocupante para muchos observadores.
Desde la perspectiva europea, la reacción ha sido notablemente comedida. La Alta Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se limitó a pedir "respeto al estado de derecho" sin condenar explícitamente la operación. Francia, Alemania e Italia han mantenido un perfil bajo, mientras que España, a través de su ministro de Exteriores, ha expresado "preocupación" pero sin tomar partido claro.
Esta prudencia refleja, según González Laya, el cálculo pragmático de una Europa que se encuentra en posición de debilidad relativa. La dependencia estratégica de EEUU en materia de defensa, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania, limita considerablemente su margen de maniobra. Cualquier confrontación abierta con Washington podría poner en riesgo el apoyo militar y diplomático crucial para contener la agresión rusa.
No obstante, esta postura conlleva riesgos a largo plazo. Cada vez que Europa calla ante una violación del derecho internacional por parte de aliados, pierde credibilidad cuando demanda el cumplimiento de esas mismas normas a potencias adversarias como Rusia o China. Esta doble moral, percibida o real, erosiona el discurso europeo sobre un orden internacional basado en reglas.
El análisis de la exministra sugiere que Europa debería buscar un equilibrio más sofisticado. En lugar de una elección binaria entre sumisión y confrontación, la Unión podría desarrollar una voz propia que defienda sus intereses sin romper la alianza transatlántica. Esto implicaría, sin duda, una autonomía estratégica mayor de la que ha demostrado hasta ahora.
La clave estaría en articular una respuesta que, sin apoyar la operación, reconozca las preocupaciones de seguridad legítimas de EEUU, mientras reafirma principios básicos como la no injerencia y el respeto a la soberanía. Una diplomacia preventiva más activa, que abordara los problemas de narcotráfico y corrupción asociados al régimen venezolano antes de que llegaran a este punto, podría haber evitado el dilema actual.
Para el futuro, la lección es clara: el multilateralismo no se defiende solo con declaraciones solemnes, sino con mecanismos efectivos de presión y contención que funcionen incluso cuando los intereses de las grandes potencias están en juego. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la creación de instancias de arbitraje más independientes o el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional son opciones teóricas, pero requieren voluntad política que hoy brilla por su ausencia.
González Laya concluye que Europa debe asumir que vive en un mundo donde el derecho internacional es un instrumento más en la caja de herramientas de la política exterior, no un límite infranqueable. Esta realidad, aunque incómoda, permite diseñar estrategias más realistas que anticipen los comportamientos de los actores poderosos en lugar de idealizarlos.
La detención de Maduro, por tanto, sirve como espejo deformante de nuestro tiempo: refleja la debilidad de las instituciones globales, el pragmatismo de las potencias medias y la urgencia de repensar un orden internacional que cada día parece más obsoleto. Para Europa, la pregunta no es si debe elegir entre EEUU y el derecho internacional, sino cómo puede construir una posición propia que le permita navegar entre ambos sin perder su alma política.
En última instancia, el reto para los diplomáticos europeos será transformar este dilema en una oportunidad para reforzar su cohesión y clarificar sus intereses estratégicos. Solo así podrán convertirse de objetos de la geopolítica en sujetos activos capaces de moldear las reglas del juego global, en lugar de simplemente adaptarse a ellas con resignación.