Una investigación del servicio mundial de la BBC ha sacado a la luz graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad de Georgia. Según la información recopilada por la prestigiosa cadena británica, el cuerpo policial georgiano habría hecho uso de un compuesto químico tóxico durante las manifestaciones ciudadanas de finales de noviembre de 2024. Este agente, conocido históricamente como 'camite', fue empleado por primera vez en el contexto bélico de la Primera Guerra Mundial. La relevancia de este hallazgo radica no solo en la naturaleza del agente, sino en el contexto de su uso: contra civiles en una democracia que aspira a integrarse en estructuras europeas. La documentación recopilada por periodistas de la BBC incluye testimonios directos, análisis forenses preliminares y consultas con expertos en armamento químico de renombre internacional.
Las protestas que sacudieron las calles de Tiflis surgieron como respuesta directa a la decisión del ejecutivo georgiano de pausar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. La medida, anunciada por el partido gobernante, generó una ola de indignación entre la población, que veía en la integración europea un horizonte democrático y de desarrollo. Miles de ciudadanos se congregaron frente al Parlamento nacional para expresar su rechazo a lo que consideraban un viraje geopolítico hacia Moscú. La magnitud de las movilizaciones reflejaba el profundo descontento con una decisión que muchos interpretaban como una rendición a las presiones del Kremlin. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se extendieron durante días y atrajeron a personas de todos los estratos sociales, desde estudiantes universitarios hasta profesionales de la salud.
El agente químico identificado como 'camite' representa un capítulo oscuro de la historia militar. Francia lo empleó como arma contra las tropas alemanas durante la Gran Guerra, aunque su uso fue discontinuado en la década de 1930 precisamente por las preocupaciones sobre sus efectos perjudiciales a largo plazo en la salud humana. La escasa documentación sobre aplicaciones posteriores hace más alarmante su presunta reaparición en un contexto de control de disturbios civiles en el siglo XXI. Expertos en armas químicas consultados por la BBC confirmaron que las pruebas recopiladas apuntan inequívocamente a este compuesto, cuya toxicidad supera ampliamente la de los agentes antidisturbios convencionales. La composición química del 'camite', aunque no se detalla en el informe, pertenece a una familia de sustancias vesicantes que causan quemaduras químicas y daño pulmonar severo.
Los testimonios recogidos por la BBC dibujan un cuadro clínico preocupante. Numerosos manifestantes relataron sensaciones de ardor intenso en la piel que persistían durante días, sin alivio mediante la ducha habitual. Más allá de los efectos cutáneos, los afectados describieron dificultades respiratorias, tos persistente y episodios de vómitos que se prolongaron durante semanas. Estos síntomas superan con creces los efectos temporales de agentes antidisturbios convencionales como el gas pimienta. La gravedad y duración de las secuelas médicas sugieren una exposición a concentraciones significativas de un compuesto diseñado originalmente para incapacitar soldados en el campo de batalla. La falta de tratamiento inmediato y adecuado por parte de los servicios de emergencia agravó la situación de muchos manifestantes.
El pediatra Konstantine Chakhunashvili, presente en las movilizaciones desde su inicio el 28 de noviembre, se convirtió en una voz representativa de los afectados. Tras experimentar personalmente los efectos adversos de los cañones de agua, este profesional de la salud decidió recopilar datos sistemáticos sobre las secuelas entre los manifestantes. A través de una convocatoria en redes sociales, logró contactar con casi 350 personas que habían estado expuestas a las medidas antidisturbios. Su iniciativa ciudadana demuestra cómo la comunidad médica georgiana ha asumido un rol activo en la documentación de presuntas violaciones de derechos humanos. Chakhunashvili, con su experiencia clínica, pudo identificar patrones de síntomas que apuntaban a una causa común más allá de los irritantes estándar.
Los resultados de este mapeo ciudadano resultan escalofriantes. Casi el 50% de los encuestados confirmó padecer efectos secundarios durante más de un mes después de la exposición. Estas cifras, aunque preliminares, cuestionan la naturaleza 'no letal' y segura de las medidas empleadas por la policía georgiana. La persistencia de los síntomas sugiere una toxicidad mayor a la de los agentes químicos autorizados para el control de multitudes. La metodología empleada por Chakhunashvili, aunque no científica en el sentido académico, proporciona evidencia anecdótica de gran peso que justifica una investigación internacional independiente. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) podría tener jurisdicción para intervenir si se confirma el uso de sustancias prohibidas.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Las autoridades georgianas calificaron de 'absurdos' los hallazgos de la investigación periodística. En un comunicado contundente, el partido gobernante defendió la legalidad de las acciones policiales, enmarcándolas como una respuesta proporcionada a las 'acciones ilegales de criminales brutales' durante las manifestaciones. Esta versión oficial contrasta radicalmente con los relatos médicos de los ciudadanos. El lenguaje empleado por el gobierno, que criminaliza a los manifestantes, sigue una tendencia autoritaria creciente en la región postsoviética. La negativa a reconocer la evidencia médica y a abrir una investigación interna independiente erosiona aún más la confianza en las instituciones democráticas georgianas.
El gobierno georgiano ha elevado el tono de la confrontación anunciando acciones legales contra la BBC por difamación. Esta amenaza de demanda representa un intento de desacreditar la investigación periodística y disuadir de futuras publicaciones críticas. Sin embargo, la decisión de la cadena británica de publicar pese a estas presiones refuerza la credibilidad de sus fuentes y metodología. Históricamente, los regímenes que recurren a intimidación legal contra medios internacionales suelen tener algo que ocultar, lo que en este caso podría interpretarse como una confirmación indirecta de las acusaciones. La comunidad internacional debería considerar sanciones si se demuestra el uso de agentes químicos prohibidos.
Desde una perspectiva jurídica internacional, el uso de agentes químicos tóxicos contra civiles viola múltiples convenios. El derecho internacional humanitario y los protocolos sobre armas químicas establecen límites claros. La presunta utilización de 'camite' podría constituir un crimen de lesa humanidad si se demuestra su carácter sistemático y la intencionalidad de causar daño grave. La Convención sobre Armas Químicas de 1993 prohíbe expresamente el empleo de sustancias tóxicas como método de guerra o represión interna. Una investigación forense independiente sería crucial para determinar responsabilidades penales. La Corte Penal Internacional podría tener jurisdicción si se considera que estos actos forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
El caso pone de manifiesto la creciente tensión entre las aspiraciones europeas de Georgia y su actual trayectoria política. La represalia contra manifestantes proeuropeos con métodos cuestionables no solo erosiona el estado de derecho, sino que aleja al país de los valores democráticos que la UE exige a sus socios potenciales. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la crisis democrática en Tiflis se profundiza. La decisión de emplear un agente tóxico de guerra contra civiles pone en tela de juicio la viabilidad de las relaciones con Bruselas y la estabilidad de toda la región del Cáucaso. La integridad territorial y la soberanía de Georgia, ya amenazada por conflictos congelados, se ven ahora cuestionadas desde dentro por prácticas estatales que violan normas internacionales fundamentales.
Las implicaciones para la salud pública georgiana son profundas y duraderas. La exposición a agentes vesicantes como el presunto 'camite' puede causar daño pulmonar crónico, problemas dermatológicos permanentes y aumento del riesgo de cáncer. Los sistemas de salud georgianos, ya debilitados por décadas de transición económica, podrían verse sobrepasados por una oleada de pacientes con afecciones crónicas derivadas de esta exposición. La falta de registros médicos oficiales y el estigma asociado a haber participado en protestas antigubernamentales dificultan aún más el seguimiento adecuado de los afectados, creando una crisis sanitaria silenciosa que podría perpetuarse durante generaciones.
En el panorama geopolítico más amplio, este incidente refuerza la percepción de un 'golpe de Estado suave' en Georgia, donde las instituciones democráticas se erosionan gradualmente. Los socios occidentales de Tiflis, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, enfrentan un dilema: cómo presionar por el respeto a los derechos humanos sin perder completamente la influencia en un país estratégicamente ubicado entre Europa y Asia. La respuesta de la comunidad internacional podría incluir sanciones dirigidas a funcionarios responsables, congelación de ayuda financiera o incluso la suspensión de acuerdos de asociación. El precedente que se establezca con Georgia influirá en cómo otros regímenes híbridos en la región perciben los costos de emplear violencia estatal contra disidencia pacífica.