La capital española se convirtió este domingo 30 de diciembre en el epicentro de la protesta política más significativa del año. Miles de ciudadanos se congregaron en el emblemático Templo de Debod respondiendo a la llamada del Partido Popular para expresar su rechazo al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, muy especialmente, para denunciar los casos de corrupción que han salpicado al partido socialista en las últimas semanas.
La convocatoria, anunciada apenas tres días antes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, superó con creces las expectativas iniciales. Desde primera hora de la tarde, las inmediaciones del parque de la Montaña se fueron llenando de personas portando banderas españolas y carteles con mensajes contra el Gobierno. La presencia de figuras históricas del partido conservador convirtió el acto en una demostración de unidad sin precedentes en los últimos tiempos.
Entre los asistentes más destacados figuraban los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes rara vez coinciden en actos públicos de esta naturaleza. Su presencia conjunta envió un mensaje claro de apoyo a la dirección actual del partido y de compromiso con la causa que se reivindicaba. Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ejercieron como anfitriones de una protesta que también contó con la asistencia de numerosos barones territoriales del PP.
El detonante de esta movilización ciudadana fue la reciente entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos implicados en la trama de corrupción conocida como 'caso Koldo'. Las investigaciones judiciales han revelado presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, así como un sistema de comisiones ilegales que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas al entorno del exministro.
La manifestación, que transcurrió en un ambiente festivo pero con una carga de indignación palpable, sirvió como altavoz para las críticas que el PP viene vertiendo contra el Ejecutivo desde que estalló el escándalo. Los portavoces del partido insistieron en que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de lo que consideran una "cultura de la corrupción" instalada en el seno del PSOE durante sus años de Gobierno.
Durante el transcurso del acto, que duró aproximadamente dos horas, se sucedieron los discursos de diferentes dirigentes populares. Todos ellos coincidieron en la necesidad de que el presidente Sánchez dé explicaciones claras sobre qué conocía del caso y cuándo lo supo. La oposición ha venido reclamando desde hace meses la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados para que rinda cuentas sobre esta trama, petición que hasta el momento ha sido rechazada por la mayoría socialista.
La concentración también sirvió para que el PP presentara su alternativa de regeneración democrática. Los líderes del partido aprovecharon la ocasión para anunciar una batería de medidas destinadas a fortalecer la transparencia en la gestión pública y a endurecer las penas para los casos de corrupción política. Entre las propuestas destacan la creación de una agencia independiente de contratación pública y la limitación de los aforamientos para cargos públicos.
El contexto político en el que se desarrolla esta protesta es particularmente complejo. El Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar atraviesa por uno de sus momentos más delicados, con la oposición recrudeciendo su estrategia de presión y con una parte de la ciudadanía manifestando su descontento con la gestión de los escándalos. La manifestación del Templo de Debod se suma a otras protestas convocadas por colectivos civiles en diferentes ciudades españolas durante las últimas semanas.
Desde el entorno del Ejecutivo, las reacciones no se hicieron esperar. Fuentes del Gobierno calificaron la protesta de "oportunista y partidista", acusando al PP de intentar sacar rédito político de una investigación judicial que, según argumentan, demuestra el correcto funcionamiento de las instituciones. El PSOE, por su parte, defendió la actuación de la justicia y recordó que fue el propio partido el que apartó del cargo a Ábalos nada más conocerse los primeros indicios de la trama.
La manifestación de Madrid no solo tuvo repercusión nacional, sino que también captó la atención de los medios de comunicación internacionales. La imagen de dos expresidentes del Gobierno español marchando junto a miles de personas contra la corrupción envía un mensaje poderoso sobre el estado de la política española y la salud democrática del país.
Los analistas políticos coinciden en señalar que este acto marca un punto de inflexión en la estrategia del PP. Alberto Núñez Feijóo, que hasta ahora había mantenido un perfil más moderado, da un paso adelante liderando una protesta callejera que recuerda a las movilizaciones que caracterizaron a su partido durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta nueva táctica podría reforzar su liderazgo interno y consolidar su imagen como alternativa firme al Gobierno.
La jornada concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se exigía la dimisión inmediata de cualquier cargo público implicado en casos de corrupción, así como la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la trama Koldo. Los organizadores anunciaron que esta no será la última movilización y que están dispuestos a convocar nuevas protestas si el Gobierno no da respuestas satisfactorias.
La manifestación del Templo de Debod ha dejado claro que la corrupción seguirá siendo uno de los principales caballos de batalla de la política española en los próximos meses. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y la perspectiva de un ciclo electoral que incluirá comicios autonómicos y municipales, el PP ha encontrado en este tema un argumento potentísimo para movilizar a su electorado y para erosionar la credibilidad del Gobierno. La pregunta ahora es cómo responderá el Ejecutivo a esta presión creciente y si será capaz de revertir la percepción pública sobre su gestión de la corrupción.