La capital española se convirtió este domingo en el epicentro de la protesta política más significativa de los últimos meses. Bajo el lema ¿Mafia o democracia?, el Partido Popular logró congregar a una multitud que, según los organizadores, superó las 80.000 personas, aunque fuentes gubernamentales rebajaron esa cifra a la mitad. El punto de encuentro fue el Parque del Oeste, un espacio verde que este día resonó con los acordes de The Final Countdown, el mítico tema de la banda sueca Europe, mientras el líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, se dirigía al estrado.
La convocatoria respondía directamente a los últimos acontecimientos judiciales que han sacudido al ejecutivo de Pedro Sánchez. La detención provisional del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García el pasado jueves fue la chispa que encendió la mecha. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa consideró existía riesgo de fuga para ambos, imputados en una presunta trama de corrupción relacionada con contratos de material ferroviario durante la pandemia.
Desde el atril, Feijóo dejó claro el mensaje de su formación: El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno. El escenario, curiosamente, carecía del logo oficial del PP y mostraba únicamente la consigna electoral ¡Elecciones ya!, dejando patente la intención de convertir la protesta en un acto de campaña anticipada. El líder popular enumeró una serie de demandas contundentes: Ni un día más de abuso, ni un día más de mentiras, ni un día más de impunidad, ni un día más de corrupción, ni un día más de este gobierno.
El acto contó con el respaldo visible de la cúpula histórica del partido. En primera fila se situaron los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, junto a una representación completa de los barones territoriales del PP. Entre ellos, los presidentes autonómicos de Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla. Esta presencia reforzaba el carácter de unidad interna que la dirección nacional quería transmitir.
El escenario, situado junto al templo de Debod, un monumento egipcio que domina el parque, adquirió un simbolismo especial por su proximidad a la sede nacional del PSOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó esta cercanía para cargar duramente contra el ejecutivo central. En su intervención, calificó la situación actual como el momento más crítico en 47 años de democracia, acusando al gobierno de constituir una mafia en lugar de una administración democrática.
Ayuso, quien fue presentada por el alcalde de Madrid como alguien perseguida por los poderes del Estado, denunció lo que considera un proyecto totalitario entregado al poder. La presidenta madrileña insistió en que esta supuesta mafia necesita mantener a la sociedad dividida y enfrentada para perpetuarse en el poder. Sus palabras resonaron especialmente tras la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelar información sensible en el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador.
Este último episodio judicial, que implica al entorno directo de la presidenta madrileña, añadió una capa de complejidad al discurso de los populares. Mientras denunciaban la corrupción en el seno del gobierno, también tenían que gestionar las repercusiones de la sentencia contra el máximo representante del Ministerio Fiscal. El caso González Amador, procesado por la Audiencia de Madrid por presunto fraude fiscal, fue utilizado por Ayuso como ejemplo de lo que ella considera una persecución política mediante la justicia.
La manifestación transcurrió sin incidentes destacables, con una importante presencia policial que cortó al tráfico las principales vías de acceso al parque. Los asistentes, en su mayoría militantes del PP pero también ciudadanos independientes preocupados por la situación política, ondearon banderas españolas y pancartas con mensajes contra la corrupción y a favor de una convocatoria electoral anticipada.
El contexto de esta movilización no puede entenderse sin la crisis institucional que vive España. El caso Koldo, como se ha bautizado en los medios, ha puesto en entredicho la gestión de contratos públicos durante la emergencia sanitaria. Las investigaciones apuntan a presuntas comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario y ferroviario, con facturas infladas y adjudicaciones directas que habrían beneficiado a una red de intermediarios.
Para el PP, este escándalo representa la gota que colma el vaso de una legislatura marcada por la polémica. Desde la negociación con ERC y Bildu para la investidura, pasando por los indultos a los líderes del procés, hasta la polémica reforma del delito de sedición, la oposición conservadora ha acumulado argumentos contra el presidente Sánchez. La detención de Ábalos, además, tiene un componente simbólico adicional: fue secretario de organización del PSOE durante años, lo que convierte su caída en un golpe directo a la estructura de poder socialista.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fuentes del ejecutivo minimizaron la convocatoria, insistiendo en que la cifra real de asistentes era considerablemente inferior a la anunciada por los organizadores. Además, destacaron que en una democracia las manifestaciones son legítimas, pero las decisiones de investidura y gobernabilidad se toman en las urnas y en las instituciones, no en la calle.
El tiempo dirá si esta movilización consigue su objetivo de forzar una convocatoria electoral anticipada. Por ahora, Feijóo ha conseguido mostrar un partido unido y movilizado, capaz de llenar las calles de Madrid con un mensaje claro y contundente. La pregunta ¿mafia o democracia? pretende convertirse en el eje central del debate político nacional en las próximas semanas, forzando a los ciudadanos a posicionarse ante un gobierno que, según la oposición, ha perdido toda legitimidad moral para seguir gobernando.
Con el horizonte electoral aún sin definir, pero con las elecciones europeas y municipales del año pasado como termómetro, el PP confía en que el desgaste del PSOE por los casos de corrupción se traduzca en un trasvase de votos decisivo. Mientras tanto, Sánchez mantiene su estrategia de resistencia, apoyado en su socio de coalición, Unidas Podemos, y en los partidos nacionalistas que le dieron la investidura. La batalla por el relato está servida, y las calles de Madrid han sido solo la primera escena de un drama político que promete prolongarse.