El Gobierno laborista de Keir Starmer atraviesa su mayor crisis desde que llegó al poder, tras las graves acusaciones de manipulación de cifras presupuestarias que recaen sobre la ministra de Hacienda, Rachel Reeves. La polémica estalló cuando medios de comunicación británicos revelaron que la responsable económica habría desoído las recomendaciones de los técnicos independientes para justificar un severo ajuste fiscal que, aparentemente, no era necesario.
El núcleo del conflicto reside en el Presupuesto para 2026 presentado por Reeves el pasado miércoles, que contempla recortes por valor de 26.000 millones de libras esterlinas, cifra equivalente a casi 22.500 millones de euros. Sin embargo, según publicaciones especializadas como el Financial Times, The Times y la agencia Bloomberg, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) habría advertido a la ministra que sus metas fiscales ya estaban en vías de cumplimiento, incluso con una revisión al alza de la productividad para este año fiscal.
Los técnicos de la OBR habrían comunicado a Reeves que la inflación y los salarios crecerían más de lo proyectado inicialmente, lo que haría innecesario el drástico recorte. No obstante, la ministra optó por desestimar este dictamen y proceder con el ajuste, una decisión que ha desatado una tormenta política sin precedentes en los últimos meses.
El escándalo se intensificó cuando, apenas 24 horas después de la presentación parlamentaria del presupuesto, la propia OBR desmintió las bases argumentativas de Reeves. El viernes siguiente al anuncio, el organismo fiscalizador expuso públicamente las discrepancias, poniendo en entredicho la credibilidad de la ministra y generando una crisis de confianza en el seno del Ejecutivo.
La situación se complicó aún más por un incidente paralelo que afectó a la reputación de la OBR. Un periodista de Reuters consiguió acceder a las previsiones económicas de la institución mediante la adivinación de la URL, minutos antes de que Reeves las oficializara en la Cámara de los Comunes. Este hecho, aunque circunstancial, ha cuestionado los protocolos de seguridad informática del organismo.
Frente a la debacle, el primer ministro Starmer ha decidido apostar todo su capital político por la defensa de su ministra. Hoy comparecerá en el Parlamento de Westminster para respaldar a Reeves de "capa y espada", en palabras de fuentes gubernamentales. La líder conservadora, Kemi Badenoch, ha exigido la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, petición que Starmer ha rechazado tajantemente.
En una entrevista concedida durante el fin de semana, Reeves respondió con un "por supuesto que no" cuando se le preguntó directamente si había mentido sobre las cifras presupuestarias. Su contundencia, sin embargo, no ha logrado apaciguar las críticas ni dentro ni fuera de su formación política.
El compromiso de Starmer con la línea dura de austeridad resulta llamativo, especialmente considerando el momento de debilidad política que atraviesa. Las encuestas sitúan al Partido Laborista en cuarta posición en intención de voto, por detrás del ultranacionalista Reform-UK, los conservadores e incluso los Verdes. Esta caída en las preferencias electorales representa un mínimo histórico para una formación que recuperó el poder hace apenas meses.
La defensa de la política de recortes ha llevado a Starmer a encargar a Alan Milburn, exviceministro de Hacienda y ministro de Sanidad durante el mandato de Tony Blair, una profunda revisión del Estado del Bienestar británico. El objetivo es identificar vías de reducción del gasto público en un sistema que, según el Ejecutivo, presenta importantes inefficiencias.
Este enfoque austericista constituye un auténtico casus belli para la facción izquierdista del laborismo. La tensión interna ya se manifestó en julio, cuando el propio Partido Laborista votó en contra en el Parlamento de una reforma del sistema de bajas por enfermedad, considerado un "coladero" que permite a ciudadanos percibir prestaciones sin trabajar. La medida, lejos de unificar al partido, profundizó las grietas entre sus distintas sensibilidades.
Ahora, la supuesta manipulación de los datos de la OBR por parte de Reeves para justificar la austeridad amenaza con convertir esa grieta en un abismo insalvable. Los sectores progresistas del laborismo consideran injustificable alterar informes técnicos para imponer recortes que afectarán principalmente a los colectivos más vulnerables.
El calendario político se presenta complicado para Starmer. La comparecencia de hoy en Westminster no solo determinará la supervivencia de Reeves en el cargo, sino que también marcará el rumbo de su legislatura. Una defensa poco convincente podría precipitar una crisis de Gobierno, mientras que una capitulación ante la oposición debilitaría aún más su autoridad.
El escenario recuerda a crisis anteriores en la política británica, donde la credibilidad fiscal se convierte en piedra de toque de la estabilidad gubernamental. La diferencia radica en que, esta vez, las acusaciones provienen de la propia institución encargada de velar por la transparencia presupuestaria, lo que otorga a las denuncias un peso específico difícil de desmentir.
Para la ciudadanía británica, el debate trasciende la mera contabilidad pública. Los recortes anunciados afectarán servicios esenciales, inversiones en infraestructuras y el día a día de millones de familias. La sensación de que estas medidas podrían haberse evitado, si se hubiera atendido a los informes técnicos, genera un profundo descontento social.
Los mercados financieros, por su parte, han recibido con cautela las noticias. La incertidumbre política suele traducirse en volatilidad cambiaria y en la prima de riesgo de la deuda soberana. Aunque de momento no se han producido movimientos bruscos, la persistencia de la crisis podría afectar la confianza de los inversores en la solvencia británica.
Internacionalmente, el caso Reeves se convierte en un ejemplo de cómo la gestión de la información económica puede erosionar la legitimidad democrática. Los organismos fiscales independientes surgieron precisamente para evitar este tipo de situaciones, y su menoscabo pone en cuestión mecanismos de control clave en economías avanzadas.
El futuro inmediato del Gobierno laborista depende ahora de la capacidad de Starmer para reconducir la crisis sin sacrificar a su ministra ni abandonar su agenda fiscal. Se trata de un equilibrio delicado que exigirá tanto habilidad política como una comunicación transparente con la ciudadanía.
Mientras tanto, Reeves mantiene su postura firme, negando cualquier manipulación deliberada. Su carrera política, sin embargo, pende de un hilo. La confianza perdida es difícil de recuperar, especialmente cuando los técnicos independientes han cuestionado públicamente tus decisiones.
La próxima semana será crucial para determinar si esta crisis se convierte en un episodio gestionable o en el inicio de un declive político sin retorno para el laborismo británico. Lo que está en juego no es solo el futuro de una ministra, sino la credibilidad de todo un Gobierno.